Los contactos entre los partidos para cambiar la norma se mantienen bajo mínimos desde que hace 16 meses el proyecto superase el primer trámite parlamentario
El pasado miércoles, la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, mantenía en un despacho del Congreso una reunión con la portavoz parlamentaria de EH Bildu, Mertxe Aizpurua. Era un encuentro más de la dirigente política vasca con un miembro del Ejecutivo para abordar cuestiones pendientes. En el transcurso de la conversación, Aizpurua recordó a Montero que, una vez superada la mitad de la legislatura, seguía atascada la reforma de la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana del PP, la conocida por sus detractores como ley mordaza, a pesar del acuerdo firmado entre ambas formaciones en el otoño de 2024 para impulsarla. Fuentes del Gobierno aseguran que la vicepresid...
enta se limitó a tomar nota de la queja. Desde EH Bildu han declinado hacer declaraciones sobre lo tratado en aquel encuentro.
Cuando están a punto de cumplirse 16 meses desde que, el 29 de octubre de 2024, la reforma de la polémica ley pasó su primer trámite parlamentario, esta sigue en el cajón. Y eso que entonces el camino en el Congreso para sacarla adelante parecía despejado después del acuerdo alcanzado poco antes, precisamente, entre las dos formaciones del Gobierno, PSOE y Sumar, con EH Bildu, y al que se sumaron posteriormente ERC, PNV y BNG. Sin embargo, la dificultades del Ejecutivo para aprobar cualquier iniciativa legislativa ante la compleja aritmética parlamentaria ―agravada con la decisión de Junts de romper el pasado octubre el acuerdo de investidura que permitió a Pedro Sánchez ser reelegido presidente en 2023― han terminado arrumbando un proyecto que estuvo a punto de salir adelante en la pasada legislatura. Es la tercera vez que se intenta en el Congreso modificar una norma que el pasado 1 de julio cumplió una década en vigor. En 2019 se frustró por la disolución anticipada de las Cortes. Y en 2023, porque el acuerdo sobre el texto entre PSOE, Unidas Podemos y PNV fue rechazado por ERC, Junts, EH Bildu y BNG al considerarlo insuficiente.
