La instalación de centros de datos se ha convertido en muchas regiones en el nuevo unicornio —todo el mundo los persigue—. En particular, en Extremadura y Aragón, aprovechando su entorno físico y climático. Pero no es oro todo lo que reluce si no se cumplen unas determinadas condiciones. Esto, al menos, es lo que refleja un reciente estudio de Fedea sobre los centros de datos, y que llega a una primera conclusión sobre su instalación: “Ni entusiasmo incondicional ni rechazo de principio, sino una apuesta condicionada”. ¿Qué quiere decir la autora del estudio con una apuesta condicionada? Ni más ni menos, sostiene la economista Judith Arnal, que la presencia física de un centro de datos “no garantiza, por sí sola, una elevada captura local de valor”. O expresado de forma más directa, la comarca no se beneficia de la inversión, sino que los rendimientos salen de ese entorno, el coste en términos medioambientales, económicos, energéticos o de destrucción del entorno físico puede ser importante. “Por tanto”, sostiene el estudio, “la pregunta relevante para gobiernos autonómicos y locales no es cuántos megavatios (MW) consiguen atraer, sino qué valor territorial genera cada megavatio efectivamente conectado”. En este sentido, advierte, cobrar el suelo, el agua y la energía a precio de mercado no basta porque ese precio no recoge el coste social de lo que el proyecto consume. Esto es así porque el recurso que de verdad condiciona el proyecto, la capacidad de acceso a la red, no se asigna por precio, sino que se hace administrativamente y tiene un alto coste de oportunidad frente a usos rivales como la electrificación, el transporte o la vivienda, y otro tanto ocurre con el agua escasa y con la presión sobre los servicios locales. Un ejemplo Un buen ejemplo de lo que significa un centro de datos son dos campus localizados en Extremadura, en Navalmoral de la Mata y Valdecaballeros, donde se han anunciado cerca de 1 GW de capacidad (1.000 megavatios) cada uno, de modo que cualquiera de ellos superaría por sí solo toda la capacidad comercial instalada en todo el país a cierre de 2025. Por debajo, aparece un grupo numeroso de proyectos en el entorno de los 300 MW, concentrados sobre todo en Aragón. EC. El segundo fenómeno tiene que ver con la distancia entre lo anunciado y lo ejecutado. Y así, la práctica totalidad de la potencia representada corresponde a proyectos anunciados o en construcción, mientras que la capacidad efectivamente operativa es todavía reducida y se limita, en lo esencial, a la región cloud de AWS en Aragón (una nube que está construyendo Amazon) y a un conjunto de instalaciones menores en Madrid, Cataluña y el País Vasco. Esa brecha, asegura, anticipa que el problema relevante no es la escasez de anuncios, sino su traducción en despliegue real. No hay que olvidar, en todo caso, que no basta con disponer de electricidad renovable barata, sino que es necesario que la potencia pueda conectarse, transportarse y convertirse en energía en plazo. De ahí la importancia de la conexión a la red de transporte, los refuerzos de red y la contratación de electricidad renovable mediante contratos de compraventa de energía a largo plazo (PPA, por sus siglas en inglés). TE PUEDE INTERESAR Hay que tener en cuenta que el mayor valor económico de los centros de datos se concentra en pocas capas: el equipamiento de cómputo y los servicios en la nube (cloud) y la IA, que son las más difíciles de retener en el territorio y están dominadas por un número reducido de empresas extranjeras. La unidad de medida relevante para dimensionar el sector no es el número de instalaciones ni su superficie, sino la potencia eléctrica destinada al equipamiento informático, expresada habitualmente en megavatios de potencia Consumo de agua ¿Qué es lo que propone? En concreto, que los centros de datos, en el momento de su instalación, incorporen a empresas locales y nacionales, aunque “no solo a la obra, sino a las capas especializadas y exportables de la instalación crítica". En esta línea, lo que se plantea es que se tenga en cuenta el talento vinculado a la Formación Profesional (FP), universidades y certificaciones implementadas en la zona. Igualmente, los proyectos deben ser compatibles con otros usos estratégicos del territorio. Por ejemplo, el consumo de agua para refrigeración de instalaciones, además de obtener ingresos fiscales que se traduzcan en retornos visibles para los municipios afectados. Hay que tener en cuenta que las instalaciones que refrigeran por evaporación utilizan agua, pero rebajan de forma notable el consumo eléctrico; las que recurren a refrigeración seca o por aire pueden acercarse a un consumo de agua nulo, pero a costa de un mayor consumo energético. Un estudio que comparó dos centros en Phoenix lo ilustra bien. Uno se refrigeraba por aire y el otro por evaporación. El de refrigeración por aire apenas usaba agua (consumía en torno a dos terceras partes menos que el otro), pero gastaba alrededor de un 13% más de electricidad. Ninguno de los dos era, por tanto, mejor en abstracto: cada diseño ahorra en un recurso a costa de gastar más del otro, y lo preferible depende del clima y de qué recurso sea más escaso en cada territorio. Por tanto, anunciar un centro de datos de “cero consumo de agua”, asegura, no es necesariamente la mejor noticia ambiental, ya que puede significar, simplemente, que ese ahorro hídrico se haya trasladado a un mayor consumo eléctrico. Contrapartidas Un centro de datos que se limita a ocupar suelo, dice el estudio, y que consuma capacidad de red y agua escasas y, al mismo tiempo, deje una captura local reducida “no es, para el territorio, una buena inversión por muchos megavatios o millones que anuncie”. Es por eso por lo que el criterio de decisión, en su opinión, no debería ser la magnitud del proyecto, sino la calidad de su respuesta en al menos cinco planos, incluyendo la posibilidad de no priorizar o no facilitar, los proyectos que no ofrezcan esa contrapartida. En concreto, industrial, laboral y formativo, tecnológico, vinculado a las infraestructuras y ambiental, y fiscal. El trabajo alerta de algunas malas praxis que se han dado en algunos territorios y, en este sentido, advierte que “una negociación bilateral y opaca entre cada comunidad autónoma y cada promotor podría reproducir en el plano territorial el mismo riesgo que la figura del proyecto estratégico introduce en el plano estatal: inseguridad jurídica para el inversor, trato desigual entre proyectos y margen para la captura” del regulador o del impulsor del proyecto. La captura, asegura el estudio, va a depender de que las administraciones autonómicas y locales actúen no solo como facilitadoras de permisos, sino como agentes capaces de ordenar la inversión en torno a un acuerdo que vincule la rapidez administrativa y la disponibilidad de recursos escasos a compromisos verificables. Lo que hoy está sucediendo, lejos de estas premisas, es que existe un problema de exceso de demanda que actúa sobre una red del sistema eléctrico escasa. Es más, los permisos de acceso ya concedidos superan con mucho cualquier previsión realista de despliegue de la red. La última normativa, el Real Decreto-ley 7/2026, reforma el régimen de acceso, pero introduce dos riesgos. El primero es una vía rápida de carácter discrecional, la declaración de proyecto estratégico, cuyos criterios “amenazan con convertir el cuello de botella de la red en un instrumento de política industrial y con invadir competencias autonómicas”. El segundo es que el Real Decreto-ley convierte el cumplimiento de los requisitos de sostenibilidad en condición de acceso a la red, una llave de entrada que la ley reservaba solo a la disponibilidad de capacidad. TE PUEDE INTERESAR Esa exigencia, sostiene, se impone únicamente a los centros de datos y no a otros grandes consumidores eléctricos, como una acería o una cementera, lo que singulariza al sector sin una razón clara de competencia y genera inseguridad jurídica, agravada por el umbral relativo de eficiencia aplicable a los grandes campus. Frente a ello, el trabajo defiende ordenar el acceso mediante reglas objetivas y predecibles: madurez del proyecto, criterios técnicos y concurrencia competitiva, dejando la verificación de la eficiencia para la fase del contrato técnico de acceso.