30 de junio, 2026 - 09h30Ante la última alerta de explosivo que se registró el 25 de junio de 2026 en los exteriores del Complejo Judicial Norte de Quito, el Consejo de la Judicatura (CJ) anunció la construcción de salas de audiencia tipo búnker y espacios de máxima seguridad para proteger a operadores y usuarios de la Función Judicial. En un comunicado, el organismo de justicia garantizó que la edificación de estas salas será uno de los hitos de la gestión de la actual administración, presidida por Mercedes Caicedo, exjueza de la Corte Nacional. De hecho, el CJ precisó que su titular viajó a Europa para establecer alianzas estratégicas y gestionar cooperación internacional, financiamiento y asesoría técnica especializada en materia de seguridad y combate al crimen organizado y la corrupción. PublicidadEsta cooperación se está llevando a cabo con Italia, a través del programa Ítalo-Ecuatoriano para el Fortalecimiento Institucional del Sistema de Seguridad y Justicia (Itajus), en el que también participa la Corte Nacional de Justicia (CNJ).El pasado 15 de junio, Marco Rodríguez, presidente de la CNJ, y Mercedes Caicedo fueron parte de una delegación ecuatoriana que hizo una visita técnica a tribunales de alta seguridad en distintas ciudades de Italia para conocer detalles técnicos y jurídicos sobre el funcionamiento y financiamiento de las salas de audiencias blindadas tipo búnker.Además de Italia, Estados Unidos y Países Bajos cuentan con instalaciones judiciales o tribunales federales de máxima seguridad, reforzados y fuertemente custodiados.PublicidadPublicidadLa Asociación Ecuatoriana de Magistrados y Jueces del Ecuador (Aemaj), el expresidente de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) Iván Saquicela y el abogado penalista Patricio Rosero analizan la propuesta de la Judicatura.La Aemaj, a través de su vocero Alexander Barahona, abogado constitucionalista, sostiene que el hecho de que la Judicatura adopte acciones sobre la seguridad de magistrados y funcionarios judiciales es un síntoma positivo; sin embargo, recuerda que los operadores de justicia como jueces anticorrupción vienen pidiendo mayor protección y garantías de seguridad al Consejo de la Judicatura desde antes.Aunque el jurista observa que un obstáculo para la materialización de estas salas tipo búnker puede ser el presupuesto general con el que cuenta la Función Judicial, pues es algo que no estaba contemplado en la proyección para este año. En todo caso, el vocero estima que estas salas podrán destinarse a jueces anticorrupción, quienes son los que se enfrentan a los delitos del crimen organizado.Sin embargo, Barahona señala que la asociación ha detectado otro tipo de amenazas a funcionarios judiciales que no tienen nada que ver con el crimen organizado.Por ejemplo, dice, en Manabí o en Los Ríos, magistrados han sido amenazados y en otros casos sus familiares fueron asesinados.“¿Qué quiero decir? Que si bien es una de varias medidas y que es bienvenida, no es suficiente, porque existen alrededor o más de 1.500 jueces que se ven amenazados en el ejercicio de sus funciones”, comenta.PublicidadA la vez, el vocero de la Asociación de Magistrados puntualiza que este tipo de medidas deben complementarse con una política integral que atienda tres ejes: preventivo, reactivo y de política institucional a largo plazo.De ahí que la idea de las salas búnker, examina, es una medida reactiva más que preventiva.“Uno no quisiera que se construyan búnkeres, no tendría por qué construirse un búnker en un Estado que goza de seguridad con las promesas constitucionales que se nos han hecho como ciudadanos. La Función Judicial no tiene herramientas para resolver el problema de inseguridad por sí sola. Por lo tanto, tiene que tomar sus propias políticas”, agrega.Para Iván Saquicela, la construcción de estas salas es una opción, aunque considera que se debe tener en cuenta que los asesinatos y atentados contra funcionarios judiciales se han perpetrado y pueden perpetrarse en cualquier lugar y día.Por esta razón, añade Saquicela, se debe pensar en una atención sistémica de seguridad en la justicia.“Por lo demás, me parece importante el respaldo del CJ y del Estado al Poder Judicial, el crimen organizado afecta al Estado, amenaza y también corrompe instituciones”, sostiene el extitular de la CNJ.Por su parte, Patricio Rosero, abogado penalista y defensa de Tamia y Amanda Villavicencio en el caso Magnicidio FV, que investiga el asesinato de Fernando Villavicencio, apela al realismo y comenta que “mientras no se corrijan las fallas de fondo y se evalúe rigurosamente a los jueces, construir salas tipo búnker solo servirá para ponerles oficinas nuevas a las viejas argollas judiciales de siempre”.“De nada sirve blindar las paredes si no se limpia lo que está por dentro”, recalca.El jurista examina que la justicia debe ser para el ciudadano común, no un privilegio de seguridad exclusivo para los funcionarios de la Judicatura. Agrega que al ciudadano que busca tutela efectiva de sus derechos no le sirve de nada un búnker si el sistema sigue podrido por dentro.“Un funcionario judicial corrupto va a seguir vendiendo sentencias y entorpeciendo la ley así lo pongan a operar en una sala de audiencias de oro. Lo que garantiza la justicia no es el grosor de las paredes, sino la integridad y la depuración real de quienes están sentados en los escritorios”, precisa.Patricio Rosero también observa que, actualmente, hay ciertos jueces que ni siquiera asisten a las salas de audiencia ni dan la cara, pues manejan todo por vía telemática. El abogado concluye que “si las reformas se limitan a medidas hechas al apuro por la coyuntura, sin depurar el elemento humano ni cambiar las reglas del juego, todo va a seguir exactamente igual”.Sobre el explosivo en el Complejo Judicial NorteLa caja con un artefacto explosivo abandonada al costado izquierdo de la entrada principal del Complejo Judicial en Quito obligó a evacuar al personal judicial, de seguridad y de limpieza que a esas horas se encontraba en el lugar.Con el objeto, un cartel fue colocado en el lugar con el siguiente escrito:“Señores jueces, déjense de andar prestando para hacer actos incorrectos y sentenciar a la gente inocente. Déjense de huevadas. (...) Tenemos fuerza en todo el país. (...) Este es el primer aviso. (...) Les tenemos ubicados”.El CJ informó que el material explosivo fue desactivado de manera segura y se afirmó que las audiencias suspendidas por esta emergencia serán reprogramadas y notificadas oportunamente a las partes procesales.Para la Judicatura, “estos actos de intimidación no son aislados, son la respuesta directa a la gestión de la actual administración liderada por la presidenta del CJ, Mercedes Caicedo, quien impulsa un proceso de depuración judicial que estaba postergado por años”. (I)