Las amenazas a jueces y operadores de justicia en Ecuador empujaron al Consejo de la Judicatura (CJ) a adoptar nuevas medidas que apuntan a garantizar la seguridad de los servidores judiciales; la implementación de avatares digitales y la aprobación de un plan integral de seguridad son dos de las últimas decisiones que aprobó el pleno del organismo para este fin.El 6 de agosto de 2026, los vocales del CJ aprobaron un plan de seguridad integral para los servidores judiciales que abarca, entre otras cosas, un procedimiento para atender y dar seguimiento a las solicitudes de seguridad, un instructivo de protección individual, una guía técnica para aplicar el teletrabajo en situaciones de riesgo, un protocolo de primeros auxilios psicológicos y un programa nacional de capacitación en autocuidado y prevención.Este plan se adoptó a partir de un diagnóstico nacional que identificó que 127 servidores judiciales han recibido amenazas y 23 han sido víctimas de hechos de violencia. A esto se suman tres ataques contra unidades judiciales y 142 falsas alarmas de bombas en estos complejos.PublicidadUn día después, el 7 de agosto, la Judicatura aprobó el “protocolo técnico-operativo para el uso de avatares digitales en audiencias telemáticas”, enfocado a los jueces que traten causas relacionadas con delitos de corrupción y crimen organizado.El objetivo es que cuando se desarrollen audiencias de “alta complejidad y riesgo”, la imagen de los jueces y otros servidores judiciales pueda reemplazarse por un avatar digital institucional y, de esa manera, proteger su identidad biométrica.El organismo de administración de justicia justificó que la finalidad de estas medidas es reducir la exposición visual de los servidores y evitar que las imágenes captadas durante una diligencia virtual sean utilizadas para el reconocimiento facial automatizado, la elaboración de perfiles biométricos, la inteligencia criminal o actividades de vigilancia ilícita.PublicidadPublicidadEl CJ aclaró que esto “no afectará la validez del proceso, la participación de los involucrados, la transparencia de las audiencias, el debido proceso ni el derecho a la defensa”.Esta última medida generó observaciones de juristas en redes sociales, lo que obligó a un pronunciamiento de la presidenta del Consejo de la Judicatura (CJ), Mercedes Caicedo.En su cuenta de X, el pasado 8 de agosto, la titular del organismo aclaró que no se trata de una medida para institucionalizar los denominados “jueces sin rostro”, sino una decisión para proteger a los magistrados.“No son jueces sin rostro. He sido jueza y conozco de primera mano la labor judicial, sus riesgos y el alcance de la ley (...). La seguridad de nuestros jueces no es un privilegio, es una condición indispensable para que puedan decidir con independencia. Y si enfrentar a las mafias, defender a nuestros jueces y proteger la institucionalidad nos convierte en objeto de ataques, aquí estamos”, escribió la presidenta.El presidente encargado de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), Marco Rodríguez, defendió la implementación de los avatares digitales y sostuvo que no vulnera el principio de inmediación, pues existe un acta de sorteo, se mantienen los nombres y las firmas de los magistrados.En declaraciones para Teleamazonas, el titular (e) de la Corte Nacional explicó y ratificó que con esta medida lo que se protege, de una u otra manera, son los rostros de los jueces.PublicidadAunque Rodríguez reconoció que para reforzar la seguridad de estos operadores se requieren policías y autos blindados, puntualizó que eso “no es competencia del Consejo de la Judicatura, sino del Ministerio del Interior”.El presidente (e) de la Corte Nacional de Justicia explicó que al menos siete jueces penales del organismo, que tienen bajo su competencia casos de crimen organizado y corrupción, aplicarían para usar estos avatares digitales.Expertos analizan las medidas de la Judicatura y, aunque no tienen objeciones sobre el plan integral de seguridad, coinciden en que se necesitan acciones integrales concretas para garantizar la seguridad de los operadores de justicia. Los juristas, sobre todo, observan la implementación de los avatares digitales. El expresidente de la Corte Nacional de Justicia Iván Saquicela considera que la aplicación de estos avatares no es suficiente y dice que se debe pensar en medidas más integrales, como protocolos exclusivos para la seguridad de los jueces, la garantía de seguridad particular, el monitoreo y seguimiento de los magistrados de distintas materias, especialmente —precisa— en el ámbito penal.“Hay que abordar desde la complejidad que tiene el crimen organizado, que pretende penetrar o ha penetrado en la justicia con amenazas e intimidaciones que los jueces reciben de los propios condenados, de prófugos, a través de campañas de desprestigio”, manifiesta.Para el abogado constitucionalista y docente André Benavides, el uso de avatares para jueces en audiencias telemáticas no garantiza la seguridad de los magistrados, pues observa que la mayor parte de las amenazas e intimidaciones no se realizan dentro de la sala de audiencias o en una audiencia virtual, sino en el entorno exterior.El jurista sostiene que no sirve de nada que un juez tenga un avatar o una caricatura en la sala virtual si el delincuente puede acceder de manera libre a las bases de datos públicas en las que reposa información sobre el magistrado y su familia.“El delincuente puede acceder tranquilamente a esas bases de datos para saber cuál es el rostro del juez, cuál es su domicilio, qué vehículos tiene, cuáles son sus placas o a qué negocios se dedica. Por lo tanto, más allá de una protección de datos biométricos, lo que debería existir es una protección de datos personales, de modo que, si a un juez le llega un caso de esta índole, se pueda bloquear todo acceso a su información en dichas plataformas. Así, si el delincuente busca el nombre del juez en el SRI, en la ANT, etc., no va a encontrar nada”, puntualiza.Para Benavides, el Consejo de la Judicatura debe formular una política pública de administración de justicia que cuente con todos los elementos, incluido el eje de seguridad y para esto, precisa, debe existir articulación con el Ejecutivo, ya que se requiere custodia policial y vehículos blindados. El abogado añade que, además, se debe realizar trabajo de inteligencia y contrainteligencia, dada la capacidad que tienen los grupos de delincuencia organizada (GDO).“Mientras no exista aquello, lastimosamente, los jueces van a seguir expuestos a este tipo de situaciones”, observa.Pese al anuncio de la implementación de estos avatares, el Consejo de la Judicatura no precisó desde cuándo los magistrados podrán recurrir a esta herramienta digital, aunque detalló que para implementar este mecanismo, en primer momento, se agendará la audiencia telemática, se emitirá el enlace y se efectuará la verificación técnica del puesto de trabajo.Los juzgadores iniciarán sesión en los sistemas autorizados únicamente con credenciales institucionales; se harán pruebas automáticas y manuales de cámara, audio, red y calidad de la conexión; y, finalmente, se activará el avatar institucional y se dará la verificación previa de sincronización gesticular y de voz. (I)