NoticiaEmitió órdenes a la Fiscalía, la Procuraduría y la Judicatura para atacar esta práctica, una de las principales causas de la congestión judicial.Audiencia en un juzgado penal del Circuito de Medellín. Foto: Isabella MoralesPERIODISTA JUDICIAL30.06.2026 09:01 Actualizado: 30.06.2026 18:18
En Colombia, casi una de cada dos audiencias judiciales programadas termina aplazándose. Esta radiografía expuesta por la Corte Suprema de Justicia en una decisión judicial motivó al alto tribunal a ordenar a la Fiscalía, la Procuraduría y el Consejo Superior de la Judicatura a adoptar medidas urgentes para desnaturalizar esta práctica, una de las principales causas de la congestión judicial. La decisión surgió a partir del caso de un procesado por delitos sexuales contra menores de edad, cuyo expediente permaneció abierto durante diez años y acumuló más de 30 aplazamientos, en una clara estrategia dilatoria.Solo en 2025 se programaron 1.339.771 audiencias, de las cuales 666.004 no se realizaron Foto:Diego Santacruz. EL TIEMPOAunque la Sala Penal negó la tutela al considerar que las solicitudes de aplazamiento no constituyen un derecho fundamental, aprovechó el caso para advertir sobre un problema estructural que afecta a toda la justicia penal.Para resolver el caso, la Corte revisó las cifras nacionales y encontró que el aplazamiento de audiencias se convirtió en una práctica reiterada y que año tras año aumenta gradualmente.Solo en 2025 se programaron 1.339.771 audiencias, de las cuales 666.004 no se realizaron. En 2024, de 1.341.526 diligencias programadas, 655.417 quedaron frustradas. Y en 2023, de 931.834 audiencias, 429.674 tampoco pudieron llevarse a cabo.Para la Sala, esos datos evidencian que el derecho a un juicio sin dilaciones injustificadas está siendo vulnerado "a gran escala", no por decisiones aisladas de algunos despachos, sino por una práctica que tiene al sistema judicial en un embotellamiento de un nivel tal que, de mantenerse el comportamiento actual, en poco tiempo habrá más audiencias fallidas que realizadas.Las causas de los aplazamientosUno de los hallazgos que más llamó la atención de la Corte fue la existencia de una categoría denominada "otras causas no determinadas", y que fue el motivo apelado en el 53,62 % de las cancelaciones y el 16 % de los aplazamientos.En otras palabras, más de la mitad de las audiencias canceladas no tienen una causa específica registrada, lo que, según la Sala, impide identificar las verdaderas razones de la ineficiencia y diseñar soluciones con base en evidencia.Entre las causas que sí aparecen identificadas, la Corte encontró que el 19,88 % de los aplazamientos obedeció a la inasistencia de la defensa pública; el 9,15 %, a la ausencia de defensores de confianza; el 9,72 %, a la inasistencia de otras partes procesales; y el 2,98 %, a la ausencia simultánea de la Fiscalía y la defensa.Los aplazamientos atribuibles a los despachos judiciales (2,62 %), a la Fiscalía (1,32 %) y a fallas técnicas (2,41 %) son una porción muy reducida.Ante este panorama, la Corte impartió varias órdenes.A la Fiscalía le dio un plazo de seis meses para expedir una reglamentación interna que haga obligatoria la asistencia de sus delegados a las audiencias, establezca criterios objetivos para justificar inasistencias y adopte medidas para evitar conflictos de agenda, problemas derivados de turnos en las URI, falta de coordinación o rotación de personal.A la Procuraduría le ordenó diseñar, también en seis meses, un protocolo de coordinación con los juzgados para identificar oportunamente los procesos prioritarios, especialmente aquellos que involucren menores de edad, personas privadas de la libertad, riesgo de prescripción o afectaciones graves de derechos fundamentales.Corte Suprema de Justicia Foto:CortesíaFinalmente, remitió copias de la decisión al Consejo Superior de la Judicatura para que reglamente los criterios que deben seguir los jueces al momento de autorizar aplazamientos de audiencias y fortalezca el uso de sus facultades disciplinarias frente a las dilaciones injustificadas. Además, ordenó que los consejos seccionales hagan seguimiento permanente a los índices de aplazamientos durante sus visitas de vigilancia judicial.Sara Valentina Quevedo DelgadoRedacción Justicia Sigue toda la información de Justicia en Facebook y Twitter, o en nuestra newsletter semanal.
