Cáritas ha denunciado este martes en la presentación de su memoria de 2025 que la inseguridad alimentaria afecta ya a 1 de cada diez hogares (12%) en España. "No todas las familias se ven afectadas por este problema con la misma intensidad. El 5,7% lo vive de manera moderada, es decir, se han visto obligadas a renunciar a una dieta saludable, reduciendo la cantidad de alimentos consumidos e incluyendo prácticas como saltarse alguna comida. En números absolutos, cerca de 2,8 millones de personas se encuentran en esa situación, mientras que otras 686.000 (1,4%) pasan sin comer días enteros por falta de recursos", ha explicado la secretaria general de Cáritas, María González Dyne.A lo largo del año pasado, Cáritas invirtió la cifra récord de 529,9 millones de euros —un 8,11% más que el año anterior— en sus diferentes recursos y proyectos dentro de España y en acciones de cooperación internacional en terceros países. Gracias a estos recursos disponibles, Cáritas asistió a 2.132.112 de personas. De ellas, 1.098.476 dentro de España y 1.033.636 en Cooperación Internacional.Respecto a la inseguridad alimentaria, que afectó el año pasado a 615.000 personas asistidas por Cáritas (56%), González Dyne ha resaltado que la mayoría de los hogares con necesidades alimentarias acompañadas por Cáritas en 2025 "estaban encabezados por mujeres o por personas que se encontraban en búsqueda de empleo o que contaban con un trabajo inestable o precario". La memoria constata también una mayor prevalencia de la inseguridad alimentaria en hogares donde los gastos de la vivienda son excesivos (los ingresos menos los gastos de vivienda sitúan al hogar bajo el umbral de pobreza severa).“Estos hogares tienen mayor prevalencia de inseguridad alimentaria lo que manifiesta la losa que suponen hoy en día los gastos de vivienda para las familias vulnerables hasta el punto de incidir en una cuestión tan básica como la garantía alimentaria”, explicó la secretaria general de Cáritas Española, María González Dyne.De hecho, la vivienda y la alimentación, que son los capítulos del gasto a los que las familias dedican la mayor parte de sus ingresos, son precisamente los que están soportando el mayor incremento de los precios. Solo en el último año, adquirir una vivienda se ha encarecido un 13% en España, y alquilarla un 4%, mientras que la inflación de los alimentos básicos sigue asfixiando los presupuestos familiares con subidas que alcanzan el 16% en las legumbres, el 15% en las hortalizas, el 14% en los huevos y el 10% en el pescado, recordó Cáritas.“Las familias intentan reducir otros gastos o pedir ayuda antes de tener que tomar la decisión de cambiar de domicilio o la configuración de la convivencia familiar, ya que estas estrategias impactan de manera mucho más duradera e incluso pueden ser irreversibles en su contexto vital, y por ello, las dejan para cuando ya no hay más opciones”, indicó la secretaria general.González Dyne alertó de que el 14% de los hogares entran en pobreza severa tras pagara la vivienda, esto son 2,7 millones de hogares. De no ponerse solución al problema de la vivienda, aseguran que "será también a futuro uno de los problemas y factores de mayor exclusión".Más demanda de asistencia jurídicaPor otra parte, los otros programas en los que más aumentó el número de personas atendidas por Cáritas en 2025, según consta en la memoria, fueron los de Familia, infancia y juventud (63.742), Personas en situación de sin hogar (44.475) y Servicios jurídicos (28.766). Aunque estos tres programas han registrado un aumento significativo, destaca el incremento exponencial de casi el 58% en el caso de la atención jurídica.Este incremento se explica, sobre todo, a las novedades que introdujo la entrada en vigor del nuevo reglamento de extranjería, en particular, a la incompatibilidad entre la protección internacional y los arraigos que obligó a miles de personas migrantes a tomar decisiones difíciles con el debido asesoramiento jurídico. “Los servicios de orientación jurídica van en aumento porque son cada vez más necesarios para poder acompañar a las personas en el acceso a derechos. Son fundamentales en temas penitenciarios, en vivienda, en empleo, y sobre todo ante las dificultades que hay en los procesos de empadronamiento”, indicó González Dyne.Volcados con la regularizaciónSobre el proceso de regularización extraordinario, del que este martes finaliza el plazo de admisión de solicitudes, Manuel Bretón, presidente saliente de Cáritas, ha reconocido que han estado centrados en Cáritas todo este año en el proceso. "Fuimos de las organizaciones originarias, estuvimos a ultranza con la ILP, conseguimos que el Gobierno nos hiciera caso de la única forma posible, con un decreto al que nos adherimos y consideramos potencialmente factible y que hemos apoyado desde todas las Cáritas diocesanas y parroquias".Sobre el millón de peticiones, Bretón ha reconocido su sorpresa: "Nos sorprenden las cifras, no pensamos que podíamos llegar al millón de solicitudes, pero ojalá la mayoría de ellos lo consiga. Esa era nuestra misión. Y que las situaciones que están en estudio lleguen a realizarse y puedan obtener sus papeles", agregó.Desde el equipo técnico de Migración de Cáritas han explicado que el alto número de solicitudes puede deberse a que se unen las personas en situación irregular con los que no han conseguido la protección internacional. Además han considerado conveniente recordar que con la simple admisión a trámite del proceso de regularización, los migrantes ya pueden ser contratados legalmente y dados de alta en la seguridad social. "Ya están disponibles para trabajar", han corroborado. En relación a la decisión del Tribunal Supremo de iniciar el trámite para ver si eleva el proceso de la regularización al Tribunal Europeo de Justicia (TJUE), desde Cáritas han pedido cautela y han anunciado que enviarán al Supremo su opinión como parte personada en el proceso, en defensa de la regularización dentro de los cinco días que se les ha dado. Fueron los gobiernos de Madrid, Aragón y la Comunidad Valenciana los que han puesto en tela de juicio la capacidad de un Estado miembro de la UE para adoptar por su cuenta un régimen general y masivo de concesión de residencias temporales a inmigrantes, sin coordinarse previamente con las instituciones europeas. Ahora es el turno de la Abogacía del Estado y de las entidades colaboradoras personadas de emitir dictamen. Sobre el proceso en sí, Cáritas ha explicado que finalizados los tres meses de presentación de las solicitudes, ahora seguirán acompañando los posibles requerimientos que se hagan a los migrantes, "para que cada expediente salga lo mejor posible", según han indicado.