Las protestas contra la Inspección Educativa han dado un paso más en la provincia de Huesca. Después de más de un año de denuncias de docentes y sindicatos por la actuación del inspector jefe y el aumento de la presión burocrática en los centros, el malestar ha salido estas semanas a las puertas de colegios e institutos. Decenas de claustros se han concentrado de espaldas para denunciar el clima de “miedo” que, aseguran, se ha instalado entre el profesorado y reclamar un cambio en el funcionamiento del servicio de inspección.
El detonante de estas movilizaciones ha sido la propuesta de sanción a Lola Giménez, orientadora del IES Ramón y Cajal de Huesca, aunque los docentes insisten en que el conflicto va mucho más allá de este caso. “Cuando vi que me tocaba a mí decidí contarlo porque no es ninguna vergüenza. Este año ha habido muchos expedientes y nadie se había quejado”, explica.
No es la primera vez que la Inspección Educativa de Huesca se sitúa en el centro de la polémica. A finales de 2024, docentes y organizaciones sindicales ya denunciaron públicamente lo que calificaban como un clima de “amedrentamiento” en los centros, con críticas dirigidas al inspector jefe por una interpretación excesivamente rígida de la normativa, el incremento de las exigencias administrativas y la apertura de expedientes disciplinarios. Aquella controversia llegó incluso a las Cortes de Aragón, donde se reclamó una investigación sobre su actuación y posteriormente salió adelante una proposición no de ley instando a su cese, aunque el Gobierno de Aragón no ejecutó esa petición.
