Una protesta educativa de carácter masivo, surgida al margen de los cauces sindicales tradicionales, ha sacudido en las últimas semanas Asturias, alumna aventajada de la enseñanza española, cuyos resultados en todas las evaluaciones internacionales se sitúan entre los mejores del país. Manifestaciones multitudinarias, una huelga indefinida, encierros en institutos de secundaria, y la dimisión de cerca de un centenar de directores de primaria han puesto contra las cuerdas al Ejecutivo autonómico, presidido por el socialista Adrián Barbón, han forzado la dimisión de la consejera de Educación, Lydia Espina, y han conducido, esta semana, a la firma de un acuerdo para la mejora de diversos aspectos de las condiciones laborales. El incendio educativo asturiano ha puesto de manifiesto un gran malestar entre el profesorado que, según admitió Barbón, había pasado inadvertido para las autoridades educativas: “Tengo que decirlo: el Gobierno no vio, no sintió el malestar, no sintió que este malestar era tan enorme”. El aviso trasciende los límites del Principado, porque los factores que operan en Asturias existen, en mayor o menor medida, en toda España.
Parte de dicho malestar viene de lejos. Tienen su origen en recortes no restaurados de la Gran Recesión ―como el número de horas de clase que imparten semanalmente los maestros―, y en un prolongado estancamiento salarial ―especialmente acusado en Asturias, cuyos maestros tienen, al principio de su carrera, el menor sueldo de España―. Otra parte es relativamente nueva. Como el rápido incremento de alumnado extranjero ―parte del cual desconoce el idioma, llega con un desfase curricular significativo o pertenece a familias en situación de pobreza― y de otro tipo de chavales con necesidades educativas que se están incorporando sobre todo a la enseñanza pública, sin que los centros estén recibiendo suficientes refuerzos para acogerlos en condiciones. O como el aumento de carga burocráticas debido a la implantación de nuevos programas, protocolos y herramientas de evaluación, que acaban recayendo en los docentes debido al escaso personal administrativo que tienen las escuelas. “La pólvora estaba ahí, solo hacía falta la chispa que la hiciera estallar”, dice Azucena Fernández, directora del colegio público Germán Fernández Ramos de Oviedo, una de las que presentó su dimisión hace una semana, y que de momento en activo porque la consejería no las ha aceptado.
