Alicia cursó hasta la secundaria a la par que trabajaba elaborando ramos de flores para quinceañeras. A los 12 años, su padre murió y la comunicación con su madre se fracturó, quien pasó de vender antojitos mexicanos a trabajar largas jornadas como personal de limpieza en un motel para asegurar el sustento. Alicia reclamaba atención: “Quería platicar con mi mamá y mi mamá no me escuchaba”. Se refugió en la fiesta con sus amigas, donde encontró una puerta de entrada a vender drogas.Los nombres de las mujeres entrevistadas fueron modificados para proteger su identidad.A los 16 años, la pareja de su madre se mudó con ellas y Alicia optó por irse a vivir con una amiga: “Yo sentía que mi mamá estaba haciendo las cosas mal... Esa casa era nuestro patrimonio familiar”. Empezó a ir a fiestas y a consumir marihuana y cocaína en piedra. En ese nuevo entorno, tuvo a su hijo a los 19 años con un hombre que vendía drogas. Tras enfrentar violencia, decidió separarse, pero al poco tiempo inició una relación con otro vendedor, quién le ofreció unirse: “Lo vi como para agarrar dinero más fácil, más rápido”.Desde noviembre de 2024, Alicia, de 28 años, cumple una condena de dos años y seis meses por posesión y venta de drogas en el Centro de Reinserción Social (Cereso) Femenil en Monterrey, en Nuevo León. Es la tercera vez que es sentenciada por este delito.El endurecimiento de las políticas de drogas en México está transformando las cárceles. Para las mujeres, el microtráfico es la primera causa de encarcelamiento a nivel federal, mientras a nivel estatal, solo el robo supera este delito. Según el Censo Nacional del Sistema Penitenciario de 2025, esta realidad afecta al 24,4% de las mujeres y al 20,5% de los hombres privados de la libertad en los centros penitenciarios estatales, con los índices más altos en estados como Coahuila, Quintana Roo, San Luis Potosí y Nuevo León.Tere, de 36 años, fue detenida cuando compraba una pequeña bolsa de 50 pesos (dos dólares) de metanfetamina en Juárez, a unos 30 kilómetros de Monterrey. Mientras los vendedores lograron huir, ella se quedó paralizada bajo los efectos de la sustancia. En noviembre de 2025 ingresó al Cereso con una acusación que ella dice fue fabricada. Denuncia que elementos de la policía estatal Fuerza Civil la golpearon y le sembraron una mochila con báscula y marihuana para hacerla pasar por distribuidora: “Creo eran como siete patrullas. Chingo de policía. Ya me sentía la Reina del Sur, El Chapo, ¡no sé! Eran muchas patrullas para una persona”. Por la báscula, recibió cinco años.Una reforma a la Ley General de Salud de 2009, impulsada durante la militarización de la estrategia antidrogas, endureció las sanciones y facultó a los Estados para perseguir delitos antes exclusivos de la federación. La ley fijó umbrales estrictos para la posesión simple: 5 gramos de cannabis, 500 miligramos de cocaína y 40 miligramos de metanfetamina. Superar estas dosis se etiqueta como microtráfico y excederlas 1.000 veces, como narcotráfico.Esto hizo la venta de drogas en cantidades pequeñas lo más sencillo de combatir. “Una respuesta estatal que encuentra en la criminalización del narcomenudeo una respuesta fácil a demandas de seguridad”, afirma Corina Giacomello, especialista en género, justicia penal y políticas de drogas de la Universidad Autónoma de Chiapas.A sus 20 años, Rosa pasó de piscar chile en Palo Alto, Vallecillo, en Nuevo León, a ser detenida junto a su cuñado y su padrastro cuando Fuerza Civil irrumpió en su casa. Asegura que le sembraron droga. Sus coacusados pagaron la fianza, mientras ella permanece detenida por no contar con los 3.000 pesos necesarios. Con amargura, cuestiona: “¿Por qué ellos se fueron y yo no?”.Pese a su carácter tímido, Rosa denuncia firme: durante su arresto, los agentes le quitaron el dinero que tenía para la leche y pañales de sus hijos, de dos años y de 10 meses. El 22 de septiembre de 2025 fue ingresada al Cereso. Por recomendación de su abogado de oficio, Rosa optó por un juicio abreviado, donde se vio obligada a admitir la culpabilidad por un proceso rápido. Fue sentenciada a 30 meses de prisión.Para que los días pesen menos, Rosa se mantiene activa. Luce una trenza y pulseras y collares de colores que ella misma elabora, y porta un chaleco naranja que le permite ingresar a limpiar las oficinas administrativas del Cereso para tener su dinero. Mientras, su madre cuida a sus hijos ante la ausencia de los padres.Casi el 50% de las mujeres recluidas en Nuevo León enfrentan cargos por drogas. Esta población pasó de 57 internas en 2015 a 269 en 2025, un crecimiento del 371.93%. Consuelo Bañuelos, fundadora de Promoción de Paz, organización promotora de derechos humanos, libertad y justicia en centros de reinserción y de rehabilitación de adicciones, señala que las mujeres privadas de libertad por microtráfico, cuya edad oscila entre los 18 y 50 años, comparten un patrón de exclusión social, precariedad económica y violencia. Además, estima que un 85% de ellas son madres. “La cárcel es de los pobres”, denuncia.Daniela representa la otra cara de la moneda: comenzó a vender sustancias cuando cursaba la preparatoria en el Tecnológico de Monterrey, una de las instituciones más prestigiosas de América Latina. “[Pensaba] si en algún momento llego a regarla, pues mis papás me van a ayudar”, explica. Sus padres, ambos médicos y divorciados, la internaron en un anexo cuando se enteraron que vendía droga. Tras salir, continuó sus estudios en la Universidad de Monterrey, ubicada en el municipio con mayor poder adquisitivo de México, San Pedro Garza García. Hoy, a sus 26 años, habla desde la biblioteca del Cereso, donde ingresó en junio de 2024. Egresada de ingeniería mecatrónica, admite que su formación académica nunca se vio afectada por la venta de sustancias. Fue en la universidad donde conoció a un amigo con el que pudo continuar expandiéndose.Aunque el mercado de drogas atraviesa todos los estratos, y se ha sofisticado con ventas mediante plataformas digitales y envíos a domicilio —reduciendo el riesgo de detención—, el sistema penitenciario refleja que son las mujeres en condiciones de mayor marginación quienes resultan más fáciles de detener y las más difíciles de liberar por falta de recursos para una defensa legal.Durante los primeros cuatro meses de 2026, Nuevo León reportó un récord de 3.364 personas detenidas por microtráfico. En cinco años, el incremento de arrestos ha sido de 166,56% en el mismo periodo. Las y los vendedores de drogas son la parte más débil de la estructura criminal. “Es el que menos gana, el primero que detienes y nadie lo defiende”, explica Aldo Fasci, exsecretario de Seguridad estatal.Paty, de 25 años, reconoce su participación en el microtráfico. Un conocido, parte del grupo que vende drogas en su colonia, la amenazó: “Que me metiera a trabajar con él porque si no me iba a matar”. Ahora cumple una sentencia de dos años, cinco meses y nueve días, y anhela establecerse en un lugar seguro junto a sus dos hijos, fuera del alcance del grupo que la coaccionó.La presencia arraigada de diversos grupos dedicados a la venta de droga, la extorsión y economías criminales en barrios han capitalizado las desigualdades que enfrentan las mexicanas. Ante la falta de empleos dignos, carga intensiva de cuidados y violencia de género, estos grupos ofrecen una aparente autonomía y dignidad que otros espacios les negaron.“El crimen organizado tiene una fuerza enorme en los barrios. Te da identidad, te da economía, te da protección. Pero también te abre muchas veces una sola opción de vida”, resume Giacomello. Como en el caso de Paty, sus opciones se redujeron a tres caminos: obedecer órdenes, ser detenida o morir.Con cinco hermanos y un padre ausente, Paty se vio obligada a abandonar la escuela en quinto grado para trabajar. Trabajó en bodegas de frutas y fábricas de plástico y vidrio hasta que el consumo de sustancias le mostró una forma de generar ingresos. A los 12 años comenzó a consumir marihuana y luego piedra y cristal a los 15. Sus amigos le pedían que les vendiera parte de sus dosis. “A mí siempre me gustó el dinero. Ese fue mi problema desde niña”, reconoce. Así, mientras ayudaba a su madre en un puesto de antojitos, mantenía su propio negocio, una autonomía que terminó cuando fue obligada a trabajar para el grupo criminal de la zona.El 99% de las mujeres es juzgada de forma desproporcionada, considera María Ana del Valle Ojeda, cofundadora de CEA Justicia Social, organización de derechos humanos y acceso a la justicia. Son aquellas que “no están ligadas directamente con un liderazgo profundo”. Paty asegura que era obligada a almacenar armas y equipo táctico de un grupo delincuencial, por lo que no permitía que su familia viviera con ella.Psicólogas del Instituto de Defensoría Pública de Nuevo León señalan factores de riesgos que llevan a las mujeres al microtráfico, tales como empleos precarios e informales, violencia, una salud mental vulnerable y embarazos adolescentes. Carolina, hija de una doctora y un transportista, creció en un hogar estable. Practicaba gimnasia hasta que un embarazo a los 14 años le dio un giro a su vida. A los 17 años, empezó a consumir cristal y su hermano le consiguió empleo en un casino para apoyarla. Ahí conoció a distribuidores de drogas que le ofrecieron la oportunidad de tener un ingreso extra. “Yo tomé mis decisiones y malas actitudes por compañías que tenía fuera de mi casa. No puedo culpar a mis papás por la vida que elegí”, reconoce.A sus 29 años, Carolina cumple una condena de dos años y seis meses por posesión de 20 envoltorios de marihuana y 40 gramos de cristal. Pasa sus días entre el softbol, el voleibol y sesiones de Alcohólicos Anónimos, mientras trabaja elaborando cubrebocas por una paga mínima: seis pesos por cada 150 piezas. Afuera, su madre pausó su vida profesional para criar a los hijos de Carolina, de 14 y 5 años.Su hijo mayor la visita frecuentemente y anhela ver a su madre en su graduación este verano. “Le digo, ‘no te puedo prometer nada, vamos a ver qué pasa”, dice Carolina, quien aún se ilusiona con regresar a las aulas. “Siempre quise ser enfermera”, dice.Olga Méndez Arellano, presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, cree que la justicia no debe ignorar el contexto del delito. Aplicar la perspectiva de género implica indagar en la realidad social de las acusadas. “Reconocer por qué y en qué condiciones ingresan las mujeres en las redes de narcomenudeo, que se evalúe si la mujer participó bajo amenazas por parte de sus parejas, familiares o redes del crimen organizado”, detalla. Méndez señala que, ante la falta de redes de apoyo y empleo formal, el comercio de sustancias puede ser un medio de supervivencia para ellas y sus hijos. Por ello, el sistema judicial debe favorecer medidas alternativas y sanciones proporcionales que eviten la cárcel como única respuesta.Hace cuatro años era más factible obtener alternativas a la privación de la libertad, explica García. Fuera arraigo domiciliario, libertad condicional o una firma periódica ante las autoridades. “[Los jueces] empezaron a considerar el delito de narcomenudeo un riesgo a la comunidad”, agrega.En el Cereso, Alicia juega voleibol, practica spinning, hace meditación, va a la iglesia y a un grupo de alcohólicos anónimos. Afirma que su visión de la vida ha cambiado, como quien solo necesitaba una oportunidad y guía. “No andaba en mis cinco sentidos. No se me ocurrió pensar en mi familia”, dice con pesar.Mariana, de 27 años, asegura que las cinco veces que ha sido detenida por policías municipales de Pesquería, le han plantado droga para extorsionarla. Aunque sus amistades sí están involucradas en el microtráfico, ella asegura que nunca ha distribuido, pero minimizó el riesgo: “Andando con ellos, pues también vas en la bola”. Cuando se negó a pagar la extorsión, la arrestaron. “Me dijeron, ‘si no quieres dar dinero, pues ya sabes que vas para allá”. Su primer arresto ocurrió cuando tenía 18 años. Ahora tiene una sentencia de cinco años por posesión de droga, una pena que aumentó tras incumplir con las firmas periódicas de una detención anterior por delitos contra la salud.El abuso policial también es señalado por Paty. Aunque reconoce su participación en la venta, denuncia que la policía de Pesquería la extorsionaba frecuentemente.Dentro del Cereso, Alicia se refugia en libros de psicología y desarrollo personal. Aunque el futuro es incierto, sabe que quiere recomenzar junto a su hijo de 9 años: “Dejar atrás el pasado y empezar algo nuevo. Porque no va a ser vida ni para mí y más que nada, para mi hijo”.La reinserción, sin embargo, trae consigo barreras sistémicas que van más allá de la voluntad. Para muchas, la libertad se ve truncada con la dificultad de cumplir con las firmas periódicas o la falta de acceso a un tratamiento digno para el abuso de sustancias. Cinthya, por ejemplo, relata que su consumo se disparó tras la muerte de su hija de 14 años, víctima de una falla renal que los servicios de salud pública no identificaron a tiempo. Desde el Cereso, ve cómo su familia se sigue desmoronando, pues su hijo adolescente ha comenzado a consumir metanfetamina.Para otras, la geografía es una condena más. Mariana admite que, al salir, regresa con las mismas amistades porque viven en su barrio. Mudarse no es una opción, pues su madre y hermanas viven ahí. “Por más que me digo, ‘me voy a ir para otro municipio’, no puedo estar separada de ellas”, confiesa. Paty, por su parte, sabe que las personas para quienes trabajó nunca van a dejar de buscarla: “Ellos van a querer sostener contacto otra vez con uno y yo la verdad, ya no quiero eso”.Este reportaje fue financiado y ha recibido asistencia editorial por el Fondo para Nuevas Narrativas sobre Drogas de la Fundación Gabo y Open Society Foundations.