El presidente Donald Trump dio un nuevo paso en su política contra los migrantes ilegales al lanzar una amplia campaña de desnaturalización contra ciudadanos americanos nacidos en el extranjero. El Departamento de Justicia tratará de revocar la ciudadanía de 17 personas acusadas de fraude migratorio, delitos graves o de haber ocultado información relevante durante sus trámites de inmigración.Según las autoridades, es el mayor esfuerzo realizado hasta la fecha para utilizar las facultades federales de revocación de ciudadanía, una herramienta legal que históricamente se aplicó en muy pocos casos. La iniciativa fue impulsada por la Casa Blanca para endurecer los controles migratorios y reforzar las deportaciones.Como informó CBS News, la ley federal permite retirar la ciudadanía a inmigrantes naturalizados si el gobierno demuestra que obtuvieron ese estatus mediante fraude o que ocultaron información importante durante el proceso. Entre los ejemplos más comunes figuran antecedentes penales no declarados o datos falsos incluidos en solicitudes migratorias.Quiénes son las personas a las que se les revocará la ciudadaníaDurante décadas, los procesos de desnaturalización fueron poco frecuentes debido a su complejidad. Para lograr la revocación, el gobierno debe presentar pruebas ante tribunales federales y convencer a un juez de que la ciudadanía fue obtenida de manera indebida. Entre 1990 y 2017, el Departamento de Justicia presentó un promedio de apenas 11 demandas por año con ese objetivo.La actual administración busca ampliar el uso de esta herramienta. En 2025, el Departamento de Justicia expandió las categorías de ciudadanos naturalizados que pueden convertirse en prioridad para estos procedimientos. El mes pasado, las autoridades ya habían anunciado una docena de casos similares, que en ese momento representaron el mayor esfuerzo de este tipo en varios años.Entre los 17 ciudadanos alcanzados por la nueva ronda de demandas figuran personas condenadas o acusadas de delitos de especial gravedad.Según informó CBS News, los expedientes incluyen a: un inmigrante haitiano, acusado de abusar sexualmente de su hija; un hombre originario de la antigua Yugoslavia, condenado por abusar sexualmente de un menor de 15 años; un inmigrante mexicano, condenado por recibir imágenes sexualmente explícitas de menores; un ex sacerdote católico nacido en Colombia, acusado de abuso sexual infantil; y un hombre nacido en Filipinas, que admitió haber cometido un delito sexual contra un menor.La lista también incluye a un inmigrante indio, acusado de presentar solicitudes fraudulentas para visas H-1B; la hija de un narcotraficante colombiano, acusada de lavado de dinero; un hombre nacido en Jamaica, condenado por fraude electrónico; y una mujer nacida en Cuba, acusada de estafar a un casino tribal. Otros casos involucran el presunto uso de identidades falsas, según informó CBS News.Política de "tolerancia cero"En las demandas presentadas en tribunales federales de distintos estados, el gobierno sostiene que los acusados ocultaron antecedentes criminales o información relevante cuando solicitaron la ciudadanía estadounidense. Las autoridades argumentan que esas acciones les impidieron cumplir con el requisito de demostrar “buen carácter moral”, una de las condiciones fundamentales para acceder a la naturalización.El fiscal general interino, Todd Blanche, afirmó que el Departamento de Justicia mantendrá una política de “tolerancia cero” frente a quienes abusen del sistema migratorio. Por su parte, el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, sostuvo que la ciudadanía estadounidense es un privilegio que debe obtenerse con honestidad y aseguró que la administración continuará utilizando todas las vías legales disponibles para desnaturalizar y expulsar a extranjeros que hayan mentido en sus trámites migratorios.Las personas afectadas tienen derecho a impugnar las acciones del gobierno ante los tribunales. Si finalmente pierden la ciudadanía, volverán a su estatus migratorio anterior, generalmente como residentes permanentes, y perderán los beneficios legales asociados a la ciudadanía estadounidense, incluida la protección frente a una posible deportación.