Diecisiete ciudadanos estadounidenses naturalizados podrían perder la ciudadanía después de que el Departamento de Justicia anunciara el lunes nuevas acciones para revocar ese estatus. La medida forma parte de la campaña de desnaturalización impulsada por la Administración de Donald Trump contra personas que, de acuerdo con el Gobierno del republicano, obtuvieron la nacionalidad mediante fraude o engaños en el proceso de naturalización.Según el Departamento de Justicia, los casos están relacionados con presuntas irregularidades durante el proceso de naturalización, incluyendo fraude, uso de identidades falsas y la supuesta ocultación de información que habría afectado la elegibilidad de algunas personas para obtener la ciudadanía. La desnaturalización —el proceso mediante el cual se revoca la ciudadanía a una persona naturalizada— es una herramienta poco frecuente en Estados Unidos y solo puede llevarse a cabo a través de los tribunales federales. Sin embargo, desde el regreso de Trump a la Casa Blanca, el Gobierno ha incrementado el uso de este mecanismo como parte de una estrategia más amplia de control migratorio. De acuerdo con el Departamento de Justicia, los nuevos casos fueron presentados en tribunales federales de distintos puntos del país. Entre ellos figura una persona condenada por conspiración para cometer fraude en el sistema de salud, otra por intento de agresión sexual contra un menor y un individuo acusado de conspirar para distribuir medicamentos sujetos a receta sin licencia. También se menciona a un exsacerdote católico acusado de abusar sexualmente de un menor y a un hombre señalado por presentar solicitudes fraudulentas de visas H-1B. En otro de los expedientes, las autoridades alegan que una mujer obtuvo la ciudadanía utilizando una nueva identidad después de que previamente se le negara un beneficio migratorio.La Administración Trump ha defendido estas acciones argumentando que la ciudadanía estadounidense debe obtenerse y conservarse conforme a la ley. “Obtener la ciudadanía estadounidense es un privilegio y, bajo el firme liderazgo del presidente Trump, el Departamento de Justicia mantiene una política de tolerancia cero respecto al abuso de este proceso”, afirmó el fiscal general interino Todd Blanche en un comunicado.El secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, expresó una postura similar al señalar que hay que ganarse la ciudadanía de EE UU “con honestidad”. Añadió además que la Administración “seguirá utilizando todos los medios legales a su alcance para retirar la ciudadanía y expulsar a los extranjeros”.La nueva ronda de casos llega apenas semanas después de que el Departamento de Justicia anunciara medidas similares contra otras 12 personas. El aumento de estos procedimientos marca un cambio respecto a años anteriores. Según un funcionario del Departamento de Justicia citado por la CNN, durante la Administración Biden se presentaron 24 casos de desnaturalización. La actual Administración ya ha superado esa cifra en menos de un año. Según reportó The New York Times, funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional recibieron instrucciones a finales del año pasado para remitir más de 200 posibles casos de desnaturalización al mes. Aunque el Gobierno federal ha utilizado esta herramienta en distintas épocas, se ha tratado de un recurso excepcional debido a las exigencias legales que implica retirar la ciudadanía a una persona naturalizada.Históricamente, la ciudadanía estadounidense ha sido revocada por motivos que van desde información falsa sobre la fecha de llegada al país, la edad o el estado civil de una persona hasta razones políticas. Durante la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, el Gobierno revisó expedientes de ciudadanos estadounidenses de origen alemán considerados simpatizantes del nazismo.Los procesos de desnaturalización siguen siendo relativamente infrecuentes porque el Gobierno debe cumplir con un estándar de prueba elevado ante los tribunales. A diferencia de otros procedimientos migratorios, no basta con una decisión administrativa: corresponde a un juez federal determinar si la ciudadanía fue obtenida mediante fraude o mediante la omisión deliberada de información relevante durante el proceso de naturalización.