En los cuatro años de su travesía en el desierto tras abandonar la Casa Blanca deshonrosamente en 2021, Donald Trump se rodeó de un ejército de fieles ideólogos, dedicados a diseñar una revolución ultraconservadora y un asalto al poder ejecutivo para cuando llegara su segunda oportunidad en el poder. Y en ese programa, siempre ocupó un lugar destacado el objetivo de acabar con el derecho a convertirse en ciudadano de Estados Unidos de cualquier persona nacida en el país, independientemente de si sus padres son inmigrantes en situación irregular, extranjeros con permiso de trabajo o turistas de paso. Esa aspiración se topó este martes con el muro del Tribunal Supremo. Ni siquiera la alineación más conservadora que se le recuerda en casi un siglo fue capaz de transigir con la promulgación de un decreto con el que Trump quiso, en su primer día en el Despacho Oval, fulminar un derecho que se deriva de la Decimocuarta Enmienda de la Constitución. Tal vez porque los seis magistrados que conforman esa mayoría conservadora son convencidos originalistas, partidarios de una lectura fiel de los documentos que fundaron un Estados Unidos que está a punto de cumplir 250 años. Eso no significa que el alto tribunal haya cambiado su tendencia a apoyar las políticas de Trump, a quien en julio de 2024 le reconocieron una amplia inmunidad durante el ejercicio de su cargo. Entonces, era un candidato con cuatro juicios graves pendientes, en uno de los cuales había sido condenado, y aquella sentencia despejó su camino de vuelta al poder. Sin ir más lejos, la mayoría conservadora ratificó el jueves pasado otros dos aspectos de la política migratoria de Trump con sendos fallos favorables a la Casa Blanca. Uno de ellos permite a la Administración acabar con la protección que concedió la residencia, por motivos humanitarios, a 350.000 haitianos y unos 6.000 sirios, que ahora se exponen a ser expulsados. La otra decisión acaba con la posibilidad de los migrantes irregulares que llegan a la frontera con México de presentarse a las autoridades y ser escuchados para poder beneficiarse de asilo. A partir de ahora, su expulsión será inmediata. Cerrada la vía ejecutiva en su cruzada por acabar con la ciudadanía por nacimiento, Trump piensa recurrir a la legislativa, como dijo en un mensaje publicado en Truth Social tras conocer la sentencia de este martes. Desde que volvió al poder ha gobernado a golpe de decreto y ha contado muy poco con el Congreso, pero esta vez parece que lo va a necesitar. Pidió a los suyos en el Capitolio que empiecen a trabajar “HOY MISMO para poner fin al derecho a la ciudadanía por nacimiento, una práctica costosa e injusta”. “¡Contarán con mi apoyo total y absoluto!”, prometió en ese mensaje. No está claro que el Congreso pueda aprobar una norma que, según el Supremo, contradice la Constitución. Además, es altamente improbable que logre sacar adelante un cambio de ese calado Mike Johnson, líder de la mayoría conservadora en la Cámara de Representantes, que este martes fantaseó con algo más difícil aún: una enmienda al texto fundamental. En el Senado harían falta 60 de 100 votos para cumplir los deseos de Trump, y los republicanos solo cuentan, en el mejor de los casos, con 53 (y solo de momento; en noviembre se renueva un tercio de los escaños de la Cámara alta). Siempre queda la opción de acabar con la regla del filibusterismo, que tiene paralizada la producción legislativa del Congreso, pero eso tampoco se antoja fácil de hacer. El decreto tumbado por el Supremo nunca se habría aplicado con carácter retroactivo, pero sí habría terminado con lo que el vicepresidente, J. D. Vance, definió en cierta ocasión como “la política migratoria más estúpida que hay” y Trump suele vender como única en el mundo, pese a que es falso. Hay más países con derechos similares (entre ellos, sin salir de Norteamérica, México y Canadá). Turismo de partoHay más de seis millones de personas nacidas en Estados Unidos con uno o los dos padres en situación irregular, que, en teoría, pueden naturalizarse cuando sus hijos ciudadanos, a los que los críticos con la inmigración suelen llamar “niños ancla”, cumplan 21 años. Aunque lo cierto es que se trata de un proceso muy complicado. Mucho más ahora, en tiempos de terror migratorio de Trump. El presidente también suele inflar las cifras de indocumentados en Estados Unidos, que los cálculos más fiables fijan en unos 14 millones. Lo que los republicanos quieren hacer es cerrar cualquier vía a la naturalización. También, según dijo John Sauer, el abogado que representó al Gobierno en la audiencia ante el Supremo, acabar con el “turismo de partos”, o turismo de maternidad, como también se le conoce. Entonces dijo que “miles y miles de extranjeros procedentes de naciones potencialmente hostiles han llegado en masa a dar a luz en Estados Unidos en las últimas décadas”. Pero esa consideración también está reñida con los datos. Menos del 0,3% de los nacimientos corresponden a turistas, según un estudio de la Universidad de Pensilvania.Esos hechos no impidieron que Clarence Thomas, el magistrado más a la derecha del Supremo, escribiera este martes en su opinión discordante que las “empresas de turismo de partos cobran elevadas sumas a extranjeros adinerados para facilitar que viajen a dar a luz en Estados Unidos”. También, que “cada año nacen en Estados Unidos un gran número de niños cuyos padres se encuentran temporalmente en el país con el fin de obtener la ciudadanía para sus hijos”.