La defensa del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha afeado al juez de la Audiencia Nacional a cargo del caso Plus Ultra el “desliz” que permitió que se filtrara su agenda personal y se difundieran cientos de mensajes que intercambió con su secretaria, Gertrudis Alcázar. Lo ha hecho en un nuevo escrito, al que ha tenido acceso EL PAÍS, en el que reclama “medidas reforzadas” para preservar su “privacidad” e “intimidad”. Por ello, pide al instructor José Luis Calama que abra “una pieza separada” en la que se haga un expurgo (un cribado) de toda la información que no guarde relación con la investigación por tráfico de influencias.El abogado Víctor Moreno Catena carga contra el informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional en el que se asegura que Zapatero cobró 200.000 euros por influir a favor de una empresa peruana ante el Gobierno de Bolivia. Insiste en que los agentes incluyeron en su oficio “datos personales enteramente ajenos al objeto” de la investigación sobre su presunta influencia en la decisión del Gobierno de conceder en 2021 el rescate de 53 millones de euros a la aerolínea Plus Ultra. Pone de ejemplo los encuentros del exmandatario “con diferentes personas que nada añaden ni atañen a esta instrucción y sin embargo se dejan impresos en el informe”. El letrado defiende que “la vida del señor Rodríguez Zapatero no puede ser sometida al escrutinio de la unidad policial, a su propio criterio y conveniencia, sin justificación alguna, sin autorización judicial otorgada”. Y critica, además, que el informe de la UDEF se aportara al procedimiento junto con anexos “sin marcas de agua” y que no se hayan adoptado “precauciones previas” para evitar una filtración que, a su juicio, vulneró “de forma grave e irreparable” los derechos del que fuera líder del PSOE. En dichos anexos, recalca, consta un documento —“que ocupa la friolera de 1.084 páginas”— con cientos de mensajes intercambiados entre el expresidente y su secretaria sobre asuntos ajenos a la investigación.La defensa califica de “grave” este “desliz”. Reprocha que las agendas que se obtuvieron en el registro del despacho de Zapatero y el contenido del móvil de su secretaria que se volcó el pasado 19 de mayo no hayan sido “expurgadas ni delimitadas judicialmente”. A su juicio, ello es lo que ha conllevado que la Policía tenga ahora en sus manos “datos personales que son ajenos a la causa” que han acabado filtrándose. “A la vista de estos graves sucesos” y del “daño irreversible” de las filtraciones, el abogado reclama al juez que adopte “medidas reforzadas” para preservar el derecho a la privacidad, a la intimidad, al secreto de las comunicaciones y a la protección de datos de Zapatero. Pide que se recabe información del Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), del Ministerio de Hacienda y del de Interior para que “establezcan los procedimientos, protocolos y cautelas reforzadas que procedan sobre el sistema informático” del juzgado. La petición llega un día después de que el juez ordenara investigar las filtraciones e identificar a sus responsables “ante su eventual carácter delictivo”. Para “prevenir” filtraciones futuras, el instructor también acordó limitar el acceso a la plataforma digital Cloud Justicia a todas las acusaciones populares personadas, excepto el PP, que lidera este grupo. Y creó una pieza separada donde se integrarán las grabaciones audiovisuales de los interrogatorios a testigos e imputados, a la que “únicamente” podrán acceder la Fiscalía y el propio juzgado; así, las defensas y las acusaciones populares solo recibirán una transcripción de las declaraciones. Delimitar la investigación de la UDEFEn el marco del escrito, la defensa de Zapatero también solicita a Calama que delimite el trabajo que lleva a cabo la UDEF. A su juicio, las pesquisas de la Policía se exceden en el marco de lo que se investiga en esta causa de la Audiencia Nacional. Califica de “prospectiva” la investigación de los agentes al entender que los trabajos que pudo realizar el expresidente en Bolivia nada tienen que ver con su supuesta influencia en el rescate de Plus Ultra. “El objeto de las presentes actuaciones no es, ni puede ser, toda la labor profesional de don José Luis Rodríguez Zapatero, todas sus actuaciones, remuneraciones o las actividades que haya tenido a lo largo de los años, porque eso ciertamente daría lugar a una causa general”, expone Moreno Catena.Así las cosas, pide al juez que devuelva a la UDEF el último informe que presentó (el relativo a los trabajos de Zapatero en Bolivia) por recoger “hechos ajenos a los aquí investigados”. Y solicita que se prohíba a los agentes usar la información “masivamente obtenida” de los registros para investigar cualquier actividad “personal o profesional” más allá de las vinculadas con Plus Ultra. Acusaciones populares en la pieza de las joyasEn otro escrito, al que también ha tenido acceso este periódico, el abogado de Zapatero ha pedido que las acusaciones populares no estén presentes en la causa de las joyas, una pieza separada que abrió hace unas semanas con dos nuevos delitos: contrabando y delito contra la hacienda pública. El letrado defiende que las acusaciones populares “carecen de legitimación activa en esta pieza, pues no se dan los presupuestos para el ejercicio de la acción popular respecto de estos delitos y hechos investigados”.Así, la defensa pide al juez Calama que corrija la decisión que adoptó el pasado 22 de junio, cuando accedió a que las acusaciones populares personadas en la pieza principal —la relativa a Plus Ultra— se personaran en la pieza separada que versa sobre las joyas halladas en el despacho de Zapatero el pasado 19 de mayo.