IdeasLas reglas se deben diseñar suponiendo que gobiernan los peores, no los mejores.
El presidente Bernardo Arévalo dijo hace poco lo que el sector eléctrico denuncia desde hace meses: la autonomía municipal no puede frenar el desarrollo del país. La confesión llega tarde. Más de 41 proyectos de generación y transmisión están detenidos. Cientos y cientos de millones de dólares paralizados por una sola firma. La directora de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica (CNEE), Claudia Marcela Peláez, lo dijo ante el Congreso: algunos alcaldes exigen pagos “no regulados” para autorizar las licencias. Los proyectos generalmente cumplen todos los requisitos de la intrincada tramitología chapina. Solo falta el sello municipal.
Si retener una licencia no acarrea un costo político ni judicial, pero sí una posición de negociación que se agranda cada semana, el resultado es previsible. Por eso es tan importante que las reglas se diseñen suponiendo que gobiernan los peores, no los mejores.
El problema de fondo es más sutil. El ingreso principal de la municipalidad llega por asignación, sin relación alguna con el dinamismo económico local. El alcalde no gana nada si su municipio prospera. Por eso el arbitrio discrecional sobre licencias se vuelve una de las pocas fuentes de caja donde puede extorsionar. Y su horizonte electoral de cuatro años hace irrelevante acabar con proyectos que durarán 30 o más. A él no le importa que esa mordida sacrifique décadas de empleo y desarrollo.
