De mis notasEn el país de la debacle de carreteras, se impide la apertura de una.
En Guatemala existe una paradoja que se repite con demasiada frecuencia. Todos coincidimos en que necesitamos más carreteras, puertos modernos, aeropuertos eficientes, generación de energía e infraestructura que impulse el desarrollo. Sin embargo, cuando finalmente aparece una inversión dispuesta a asumir el riesgo, el proyecto puede quedar atrapado en una interminable cadena de recursos, amparos, apelaciones y trámites que terminan paralizándolo.
El caso del Corredor de las Flores Xochi vuelve a colocar este debate sobre la mesa. Más allá de las posiciones particulares que puedan existir sobre el proyecto, la discusión de fondo debería preocupar a todos los guatemaltecos: ¿cómo puede desarrollarse un país si las obras de gran impacto social y económico pueden ser detenidas durante largos períodos, incluso años, después de haber cumplido extensos procesos administrativos y legales?
Toda democracia debe garantizar el derecho de los ciudadanos a cuestionar decisiones públicas. Los recursos legales forman parte esencial del Estado de derecho. Nadie propone eliminarlos. Pero existe una diferencia entre corregir una ilegalidad real y utilizar los mecanismos legales como instrumentos para bloquear indefinidamente proyectos que benefician a miles de personas.
