La gestión de la catástrofe del terremoto será el examen que pondrá a prueba al Gobierno chavista en un país que pasó años desmontando su propio Estado. Cuando Caracas dejó de temblar, la gente bajó a la calle. A buscar señal de internet, a rastrear quién no contestaba el teléfono, a comprobar qué edificio seguía en pie. La capital y, sobre todo, la vecina ciudad de La Guaira, se habían convertido en la zona cero de dos terremotos que han sumido a Venezuela en una nueva tragedia. El desafío es ahora rescatar a los heridos y contar a los muertos, realojar a los que se han quedado sin casa, equipar hospitales, atender psicológicamente a las víctimas y reconstruir. El problema es que el siniestro ocurre en una Venezuela con servicios básicos precarios, con medios limitados y una capacidad de gestión que está a prueba desde el minuto uno. La gestión del desastre pone a la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, en la mira de todos. Y no solo a ella. Eran las 18.04 del miércoles, feriado por la Batalla de Carabobo, con mucha gente en sus casas. Un sismo de magnitud 7,2 sacudió el norte del país y, 39 segundos más tarde, llegó otro aún más potente. El Servicio Geológico de Estados Unidos lo registró como el terremoto más fuerte en Venezuela en más de un siglo. Su sistema de estimación rápida emitió una alerta roja, la máxima, y avanzó un rango de víctimas que iba de 10.000 a 100.000. Es un modelo calculado a partir de la intensidad de la sacudida y de la fragilidad de lo construido, pero la dimensión de la tragedia aún es incierta. De momento van 188 fallecidos, más de mil heridos y 2.927 familias que han perdido su vivienda.La Guaira es el gran agujero negro de las cifras que están por aflorar. En ese Estado de la costa, a solo 30 kilómetros de Caracas, los edificios se han desplomado por decenas y la información que trasciende es escasa. Fuentes oficiales hablan de al menos cien predios destruidos. El Gobierno se ha movilizado; pero no hay demasiada información acerca de cómo lo ha hecho y con qué medios. Rodríguez es conocida hasta por sus críticos por su eficiencia y capacidad de trabajo, pero tras 27 años de chavismo, hay desconfianza sobre cómo el aparato gestionará la tragedia. Para la cúpula chavista, supone un riesgo y una oportunidad. “Si la respuesta es rápida, transparente y eficaz, el Gobierno interino puede recuperar legitimidad de desempeño”, advierte el politólogo Benigno Alarcón. “Si es opaca, militarizada, excluyente o corrupta, aumentarán el costo social, la presión internacional y la probabilidad de fracturas”.Delcy Rodríguez, como miles de venezolanos, apenas ha dormido. Su cuenta de X está más activa que nunca, aunque más volcada en agradecer la ayuda internacional que en mantener un ritmo constante de información de servicio. Las ofertas de personal y materiales han surgido de Qatar a México y, sobre todo, desde Estados Unidos, su sorpresivo aliado tras la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero por tropas estadounidenses. Rodríguez representa ese chavismo que quebró la economía y vació las instituciones, pero Donald Trump lleva seis meses elogiando su liderazgo. Es su elegida para esa especie de transición tutelada que ha diseñado Washington. Rodríguez dirige el timón de una maniobra política imprevisible y compleja, pero tras asumir el sillón de su jefe, el terremoto la coloca en el que puede acabar siendo su mayor examen político. Desde que Rodríguez asumió la presidencia encargada, gobierna sobre un relato: el de un país que se recupera, que reabre y que se estabiliza. Es un guion también impuesto por Washington, pero a la vez el que le garantiza su supervivencia política. La tragedia pone ahora ese relato a prueba en un terreno donde se le exigirá eficiencia, coordinación, transparencia y recursos. Y no solo anuncios. Para Alarcón, el sismo convirtió la capacidad estatal en el nuevo test central del proceso venezolano. La transición, defiende, ya no se mide solo por el calendario electoral o los presos políticos, sino por si el Estado puede rescatar, informar, sostener los servicios y aceptar ayuda. En 72 horas, calcula, se sabrá si el Gobierno responde.De momento, la ayuda está de camino y brigadas de rescatistas de todo el mundo vuelan hacia Caracas y La Guaira, cuyo aeropuerto principal está cerrado por daños graves en sus instalaciones. La información fluye a cuentagotas, aunque sin regularidad, sin la voz de profesionales de protección civil y a través de comparecencias que sostienen de momento Delcy y su hermano Jorge Rodríguez. Pero el desafío que le espera a Venezuela tras este terremoto no es solo de los Rodríguez. Este jueves, en una de esas casas que quedaron en pie, sin daños, un actor relevante de la sociedad venezolana formulaba un deseo. “Ojalá la tragedia logre lo que la política no ha logrado. Ojalá que Rodríguez y María Corina Machado se dieran la mano”, decía por teléfono, bajo condición de anonimato. “Es un momento en que la grandeza y el liderazgo que ambas dicen tener debería surgir”, continuaba. “El país ha sufrido demasiado por el mal manejo del Gobierno, por el de la oposición y por el aprovechamiento de Estados Unidos. Ahora nos golpea también la naturaleza. Ojalá sirva para llegar a verdaderos acuerdos para recuperar el país”. Si las dos se entendieran, razona, empezarían a surgir soluciones venezolanas, y sería Caracas la que dijera a Washington qué quiere, y no al revés. La oposición, plantea Alarcón, debe evitar dos errores: parecer ajenos al sufrimiento social y permitir que la emergencia suspenda la agenda democrática. “La posición óptima, defiende, es solidaridad nacional más exigencia institucional: apoyo a ayuda internacional técnica; auditoría social de daños; protección de presos; garantías de información pública; y garantías electorales”, detalla. “Después del sismo, esa agenda no desaparece; cambia de secuencia. La ayuda puede convertirse en puente o en coartada para diferir indefinidamente los hitos democráticos”, advierte. De momento, Estados Unidos ha asumido un papel protagonista en proveer de ayuda a su tutelado. El secretario de Estado, Marco Rubio, dijo haber hablado con Rodríguez y anunció este jueves el envío de equipos de búsqueda y rescate desde Virginia y Los Ángeles. “Washington enfrenta un dilema de reputación: debe ayudar rápido sin regalar validación política”, señala el politólogo Benigno Alarcón, que insiste en que no se pierda de vista la transición que prometió la Casa Blanca. El Salvador despachó 300 rescatistas; México, Brasil, República Dominicana y una decena de gobiernos más ofrecieron asistencia; Naciones Unidas se declaró “completamente movilizada”. La imagen de equipos estadounidenses y países gobernados por la ultraderecha buscando cuerpos bajo el concreto habría sido improbable hace menos de un año. El desafío en cualquier tragedia, sin embargo, no es aceptar la ayuda sino coordinarla. Mientras tanto, la diáspora ha empezado a juntar agua y medicinas, dos bienes básicos que ya empiezan a escasear. En los chats familiares, repartidos por medio continente, la gente cruzaba nombres de desaparecidos. Un bombero de Caracas buscaba a su hermana y a su sobrino entre los escombros de un edificio en La Guaira. Los vecinos sacan los escombros con las manos. Venezuela necesita una capacidad de respuesta estos días que lleva años desmontándose. El petróleo, al menos, parece a salvo: un trabajador de la refinería de El Palito dijo a Reuters que no había daños, y el complejo petroquímico de Morón, cerca del epicentro del sismo, reanudó actividades tras una parada preventiva.