Junts continúa con su particular estrategia de votar en el Congreso no por bloques ni por plenos o por leyes. En ocasiones lo hace distinto en puntos diferentes de una misma norma. La cúpula de Junts en las Cortes lo justifica con el argumento de que sus posiciones no se rigen por la lógica de la política española. La última propuesta de la formación de Carles Puigdemont es que Pedro Sánchez dimita y el PSOE nomine a otro candidato, independiente o del partido. Y esa exigencia le vale a Junts para votar alguna medida del Ejecutivo, cada vez menos, y en la misma sesión una moción del PP que, entre sus apartados, requiere a Sánchez que se someta a una cuestión de confianza sabiendo que tiene todas las papeletas para perderla y que a la vez reclama su dimisión. Esos dos puntos prosperaron este jueves en el pleno del Congreso con 178 y 177 votos a favor frente a 171 en contra. Ambas exigencias no implican ninguna obligación ni para el presidente ni para las Cortes. En paralelo, el Gobierno logró sacar adelante otro decreto, el que mantiene los descuentos del bono joven en el transporte, en este caso con la abstención de Junts. Con el respaldo de los siete diputados de Puigdemont, fueron aprobadas dos leyes, una para castigar en el Código Penal a los que practiquen terapias para corregir la orientación sexual y otra para transferir a Galicia la autopista AP-9. Ese fue el resultado en el último pleno ordinario de este periodo de sesiones de la XV legislatura ante una moción del PP “sobre la insostenible situación del Gobierno de España”. Una iniciativa que lleva varias semanas en el centro de la polémica porque Junts la intentó enmendar y la Mesa del Congreso, dominada por el PSOE y Sumar, vetó al PP y a la formación catalana sus intentos de que se votase la posibilidad de un adelanto electoral. En el mismo pleno, Junts infligió otra dolorosa derrota al Gobierno y contribuyó a tumbar un decreto del Ministerio de Transportes que contemplaba créditos para inversiones por unos 1.000 millones de euros en empresas públicas como Renfe o Puertos del Estado, algunas de ellas en Cataluña.El PP insistió, pese al veto de la Mesa, y en su moción incluyó un texto en el que se precisaba que, en caso de que Sánchez, el único con esa competencia constitucional, no se decidiese a convocar ya elecciones, se le instase “a considerar la oportunidad de plantear una cuestión de confianza, de conformidad con la prerrogativa que le confiere la Constitución, atendiendo al carácter político, sin vinculación jurídica, de la presente iniciativa”. Esa propuesta sumó 178 votos, entre ellos el de Coalición Canaria. En el punto cuarto, que Junts también revalidó y que salió adelante en ese caso con la abstención de CC, se concluye que “ante la acumulación de investigaciones de casos de corrupción con protagonistas” y cargos nombrados por Sánchez, se le exige “su asunción de responsabilidades en forma de dimisión”. Al final del pleno, la bancada del PP se levantó para corear a gritos: “Dimisión, dimisión, dimisión”.Fuentes parlamentarias aclararon que los dos requerimientos aprobados con los votos de PP, Vox, Junts y UPN no implican ninguna obligación ni para Sánchez ni para la Mesa o la Presidencia de las Cortes. La moción se publicará ahora en el Boletín Oficial de las Cortes Generales y ahí se quedará. En el Gobierno y en el Congreso insisten en que la competencia para adelantar las elecciones o dimitir corresponden solo a Sánchez y que los grupos lo único que pueden proponer por su cuenta es una moción de censura.Los populares argumentan que, después de tres años de mandato, “el Gobierno intenta ocultar una realidad que ya no se puede disimular: la actual legislatura está agotada”. “España tiene un Gobierno sin Presupuestos Generales del Estado, sin una mayoría parlamentaria suficiente para aprobarlos, sin capacidad real de dirección política y rodeado por una acumulación incesante de causas judiciales por corrupción”. Y concluyen: “Todas estas situaciones sólo tienen un responsable político: el número uno del Gobierno”.La moción votada este jueves se había debatido la tarde anterior sin que Junts interviese siquiera, como tampoco otros socios del bloque de investidura. Ya apuntaron entonces desde la direccuón de Junts que estaba todo dicho con su requerimiento para que Sánchez y su partido reflexionen sobre la conveniencia de su renuncia y su relevo por otro para agotar la legislatura y abordar “los compromisos incumplidos con Cataluña”. En Junts defienden que pueden votar en ocasiones con PP, Vox y UPN y no pertenecer a ese bloque del hemiciclo: “Votar lo mismo no es votar juntos”.No fue la única derrota que Junts infligió al Gobierno este jueves. También contribuyó a tumbar el decreto con créditos extraordinarios para empresas dependentientes del Ministerio de Transportes. Ahí sí intervino el diputado Josep Maria Cruset, quien aprovechó para lanzar avisos nada confusos hacia el PSOE y su líder: “Los socialistas deben saber que cada vez están más tocados, hundidos y asediados por la corrupción. No tienen mayoría parlamentaria y ahora están más débiles que hace unos días y esto continuará así”. Cruset remató su diagnóstico: “Sin mayoría parlamentaria y con esta actitud no pueden contar con nuestros siete votos. Que se aparte Sánchez y se elija a un nuevo presidente para parar a la extrema derecha o no cuenten con nosotros”.Era la quinta vez en lo que va de año que el Gobierno veía un decreto rechazado ante la falta de acuerdo con Junts. Este pretendía convalidar créditos para inversiones de Renfe (671 millones de euros), Puertos del Estado, Salvamento Marítimo y el Instituto de Comercio Exterior. El ministro de Transportes, Óscar Puente, intentó sin éxito convencer a Junts de que se ciñera al contenido del decreto sin entrar en consideraciones políticas. “Aquí no se dirime si se apoya o no al Gobierno”, señaló Puente, quien subrayó que parte de las inversiones irían destinadas a Rodalies y al puerto de Tarragona. Fuentes de Transportes minimizaron el alcance del rechazo parlamentario ya que la mayoría de esos créditos ya están comprometidos. Sobre una posible moción de censura, que el PP no termina de aclarar si la estudia o la descarta definitivamente, en Junts adelantan que por ahora no están por la labor si se presenta en concurso con Vox: “El interés que pueda tener el PP para plantear una moción de censura no coincide para nada con lo que nosotros podamos querer, aunque en ambos casos tengamos claro que la legislatura está muerta y acabada”.