La política suele presentar falsas opciones. En la Argentina de hoy pareciera que sólo existen dos caminos posibles: defender al Gobierno en todo o quedar automáticamente ubicado del lado del peronismo. Como si no existiera un espacio para la crítica, la independencia de criterio o la coherencia moral. Como si la discusión pública hubiera quedado reducida a una lógica de trincheras donde cada ciudadano, dirigente o legislador debe elegir una bandera y defenderla aun cuando los hechos contradigan sus propios valores. El caso Adorni dejó hace tiempo de ser un debate sobre un funcionario. Se transformó en una prueba para medir hasta dónde una fuerza política está dispuesta a flexibilizar sus principios con tal de preservar una estrategia de poder. La decisión del oficialismo, acompañada por sectores del PRO y de la UCR, de impedir que el tema avanzara con la intensidad institucional que reclamaba la oposición reabrió una discusión mucho más profunda: ¿hasta dónde es razonable acompañar a un gobierno con el que se comparten determinados objetivos económicos cuando se discrepa cada vez más de sus métodos, de sus formas y, en algunos casos, de sus estándares éticos? Las democracias no se fortalecen a través de la obediencia, sino mediante la capacidad de cuestionar, controlar y exigir explicaciones. La discusión alrededor de Manuel Adorni y de otras situaciones que han generado controversias en los últimos meses no debería centrarse en quién formula las críticas, sino en el contenido de esas críticas. Cuando aparecen dudas sobre conflictos éticos, privilegios, manejos poco transparentes, utilización discrecional del poder o comportamientos incompatibles con los principios republicanos que se declaman, la obligación de una democracia sana no consiste en mirar hacia otro lado, sino en preguntar, investigar y exigir respuestas.