Mientras el país sigue el mundial de fútbol, una parte de la clase política libra otro torneo –el de la “corrupción”– donde acusadores y acusados juegan la misma canción: todos son iguales, dirían. La Constitución, por su parte, dice otra cosa. El presidente Javier Milei sostiene contra viento y marea a su Jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Frente a los distintos intentos de la oposición y aliados en el Congreso Federal de hacer efectivos los mecanismos constitucionales que evalúan la responsabilidad política del Jefe de Gabinete –interpelación, censura y remoción (Art. 101 CN)–, el Gobierno se niega a ceder. Que no se usen no es debilidad del sistema; es debilidad de quienes lo abanderan. Pero lo que esta situación revela es algo más profundo. La posición de amplios sectores de la política demuestra que están perdiendo su apego a la tradición republicana. Sus actitudes delatan una búsqueda por flexibilizar los controles, que todo “fluya” sin fricción, confiando en que la sociedad, en algún momento, simplemente dejará de prestar atención. Todo en detrimento del mandato constituyente que, en la reforma de 1994, estableció que el “enriquecimiento” es también un atentado al orden democrático y enfatizó la importancia de la “ética pública” en la administración y debate de la cosa pública.