La UE tenía previsto que en agosto empezaran a aplicarse las obligaciones del reglamento de Inteligencia Artificial (IA) para los sistemas usados en el ámbito laboral. Aunque el reglamento comunitario, conocido como AI Act, entró en vigor hace casi dos años, la parte relativa a su aplicación en las empresas debía comenzar el próximo 2 de agosto. Sin embargo, Parlamento Europeo y Consejo alcanzaron recientemente un acuerdo político provisional dentro del paquete Omnibus digital, en el que determinaron retrasar a diciembre de 2027 la entrada en vigor de las nuevas obligaciones en materia de sistemas de IA de alto riesgo, entre ellas las laborales. La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ve con recelo esta demora y planea defender que la regulación de la inteligencia artificial y los logaritmos en el mercado laboral español sea más estricta y vaya más allá que los mínimos que marque el reglamento europeo. Esta normativa recoge una serie de requisitos mínimos exigibles a las empresas a la hora de usar todo tipo de tecnología algorítmica y de inteligencia artificial para labores como la selección de personal; la evaluación del desempeño profesional; las decisiones de promoción o despidos o la monitorización de trabajadores, entre otras cuestiones. Díaz ha dado a conocer sus intenciones este jueves al intervenir en una jornada sobre el futuro del trabajo organizada por la Universidad de Oxford, en esa localidad británica. La ministra ha criticado con dureza la postura desreguladora liderada por Estados Unidos “y por omisión por la Comisión Europea” en materia del uso de la IA. “Es una estrategia deliberada de darle el poder a muy pocas tecnológicas que hoy gobiernan el mundo y tienen más poder que muchos estados y concentran ese poder en términos capitalistas”, ha indicado la vicepresidenta. Algo que considera “bastante reprobable” porque esas grandes tecnológicas “no reparten la riqueza”.En contraposición a la ola de desregulación en materia tecnológica y de gestión de datos, Díaz ha querido hacer “una propuesta firme”. “No tenemos miedo a los datos, pero su utilización hay que regularla absolutamente”, ha dicho. “La selección, permanencia, modificación de condiciones, ascensos, salidas de la empresa, pensiones, todo se hace ya a través de la IA y de los algoritmos. Y todo eso hay que regularlo claramente, como hicimos siempre con el derecho laboral y con un montón de otras normas”. Su intención es aprobar la nueva normativa que supere los mínimos que marque la UE, independientemente de cuándo las exigencias del reglamento comunitario sean obligatorias para las empresas. La ministra lo ha comparado con lo que ya hizo su departamento con la negociación y aprobación de la ley rider española, que laboralizó las relaciones de las plataformas con los repartidores de manera pionera en Europa y en el mundo. “Es la negociación más difícil que he llevado adelante. Estuve a punto de rendirme. Los Estados miembros, por las presiones que recibían, cambiaban de posición cada 20 minutos”, ha asegurado Díaz.La vicepresidenta ha defendido que la tendencia desreguladora “es la apuesta más peligrosa de todas” porque la propiedad de los datos, que según ha dicho es el nuevo valor del trabajo, “no puede confiarse solo al sector privado porque es fruto del aporte de muchos y [los datos] no pueden ser confiados a unos pocos”.Esa es la postura que España defenderá en la próxima reunión del consejo de ministros de Empleo, política social, sanidad y consumidores –conocido como EPSCO— que celebrará el próximo lunes en Luxemburgo.