El Congreso de los Diputados ha aprobado este jueves la penalización de las falsas terapias de conversión para homosexuales, descritas como “tortura” por la ONU. La propuesta ha salido adelante con el apoyo de todos los grupos menos del Partido Popular y Vox (178 votos a favor; 32 en contra; y 138 abstenciones). El primero se ha abstenido, mientras que la extrema derecha ha votado en contra. “El PP vuelve a fallar en su cita con la historia”, ha dicho el diputado socialista Víctor Gutiérrez. “Cada vez que hay avances en derechos LGTBIQ+, se ponen en contra”.La iniciativa, impulsada por el PSOE en junio del año pasado, plantea una modificación del Código Penal mediante la introducción del artículo 173.bis. Así, se establecen penas de prisión “de seis meses a dos años y multa de ocho a veinticuatro meses para aquel que aplique o practique sobre una persona, aun con su consentimiento o el de su representante legal” estas falsas terapias con la finalidad de ”modificar, reprimir, eliminar o negar su orientación sexual, su identidad sexual o su expresión de género”. Las falsas terapias están castigadas desde 2023, gracias a la Ley trans (la 4/2023) con una sanción administrativa, cuya gestión última recae en las comunidades autónomas. En los últimos tres años, el Ministerio de Igualdad ha recibido 23 denuncias por este asunto: 20 han sido archivadas y tres se encuentran en proceso de revisión. “Quieren impedir que alguien dude de su homosexualidad, que se cuestione su propia sexualidad, que acuda a un psicólogo o un sacerdote por voluntad propia”, ha dicho la diputada de Vox, María Ruiz, que se ha preguntado por la necesidad de penalizar las pseudoterapias si en los últimos años no se ha impuesto ninguna multa por este asunto. “Igual es porque no hay esas terapias de conversión”, ha añadido. Desde la tribuna de invitados del Congreso, tres víctimas de estas prácticas no podían disimular su indignación. Una de ellas es Xavi Martínez Cal, de 29 años, que las sufrió durante cuatro años y ha denunciado a quienes se las aplicaban, la cúpula del movimiento Es Posible la Esperanza, una red de asociaciones que operan a nivel nacional. Martínez Cal ha detallado que la jerarquía de la Iglesia en España ha fomentado estas prácticas. Alguna de las actividades en las que se vio inmerso, acaban con misas privadas oficiadas por jerarcas eclesiásticos, como Juan Antonio Reig Pla, que fue arzobispo de Alcalá de Henares (Madrid) entre 2009 y 2022. “Nos decía que estaba formando un ejército contra la ideología de género. Que éramos los elegidos. Según él, Dios selecciona a sus mejores para las peores batallas”. “Estas prácticas se basan en el maltrato, los abusos, las vejaciones, la manipulación y la coacción”, ha dicho Martínez Cal a las puertas del Congreso. “Era necesario penalizarlas porque no se estaba protegiendo a las víctimas. A pesar de las multas, esta gente seguía actuando”, ha añadido. La asociación No es terapia, que representa a víctimas de estas prácticas, lleva desde 2020 trabajando para que estas prácticas se persigan y castiguen. “Justamente, esa falta de sanciones de la que ha hablado Vox evidencia que no había herramientas suficientes para ello y porque los que las perpetran lo hacen amparados en esta supuesta libertad que la extrema derecha dice defender”, ha dicho Saúl Castro, abogado y presidente de la organización, y que también ha acudido al debate en la Cámara baja. Castro también ha criticado que en regiones donde gobierna el PP en solitario o en coalición con los populares, como Comunidad Valenciana, Andalucía o Madrid “se han archivado nuestras denuncias sin dar explicación, sin permitirnos recurrirlas o señalando, incorrectamente, que carecen de competencia para tramitarlas”. “Hace seis años, cuando empezamos con la asociación, casi no se hablaba de estas falsas terapias. Se trata de una violencia que llevaba años silenciada”, ha añadido Castro. “Nos ha emocionado muchísimo que haya llegado hasta el Congreso y que se garantice que aquellos que las ejecuten estén donde tienen que estar: en la cárcel”. “Esto es el inicio de un camino porque hay que seguir peleando para que se garanticen derechos efectivos para aquellos que las han sufrido”, ha agregado. Además, el nuevo artículo recoge la inhabilitación temporal de aquellos que las ejerzan, y vetos para que trabajen con menores, los más vulnerables ante estas prácticas. De hecho, incluye agravantes cuando las víctimas de las pseudoterapias son menores de edad; si se ha aplicado violencia, intimidación o engaño; se ha producido abuso de una situación de superioridad; o cuando el responsable de aplicarlas pertenezca a una organización dedicada a la ejecución de estas prácticas. Aunque el PP mostró inicialmente su apoyo para penalizar estas prácticas, en la votación de este jueves no ha apoyado la modificación del Código Penal. De hecho, los conservadores plantearon enmiendas al texto, como una relativa al consentimiento, para que una persona adulta -o en su caso, los representantes legales de un menor- pudieran decidir, de manera voluntaria, acudir a estas falsas terapias. “Esta ley es necesaria porque las terapias atentan contra los derechos humanos, pero nace corrompida”, ha dicho el diputado del PP Jaime de los Santos. “Yo soy maricón, pero [el PSOE] nos utiliza”. “Usted es una vergüenza para el colectivo LGTBI+. Yo también soy maricón, pero con orgullo”, ha respondido el socialista Gutiérrez. El también secretario de políticas LGTBI+ del partido ha agregado que “no son terapias, sino torturas”. “Y su partido [el PP] defiende la supuesta libertad de las familias, de los padres a arrastrar a sus hijos a ellas. Pues van a ser penalizadas, aunque se lleven a cabo con consentimiento”, ha continuado Gutierrez: “Esta ley existe por las víctimas, por las que denunciaron y por las que no pudieron contarlo. Una persona LGTBI+ no necesita ser ni curada ni reparada. Ser quienes somos nunca es el problema, el problema es que alguien pretenda convencernos de lo contrario”.