Mientras el Gobierno defiende el Super RIGI como una herramienta para atraer inversiones de frontera tecnológica, distintas organizaciones –desde Amnistía Internacional hasta Greenpeace y el CELS– sumaron más cuestionamientos al alcance y los efectos del proyecto y denuncian que la iniciativa implica un “un cheque en blanco para las Big Tech”.
En un documento afirman que la iniciativa que permitirá beneficios extraordinarios para grandes empresas tendrá escasas exigencias en materia de empleo, transferencia tecnológica o desarrollo local, lo que implica “30 años de garantías, sin exigencias”.
Amnistía Internacional, el Cels, la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas, Greenpeace y la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), son algunas de las 21 organizaciones de la sociedad civil que firman el documento.
Allí, sostienen que el Gobierno no presentó evidencia que permita demostrar la denominada “adicionalidad” de las inversiones, es decir, que los proyectos efectivamente dependan de estos incentivos para concretarse. Los autores citan datos de Fundar según los cuales, pese a que el Ejecutivo anunció inversiones por unos US$ 124.000 millones vinculadas al RIGI, hasta el momento sólo se habrían materializado desembolsos por US$ 762 millones.
