Un documento elaborado entre distintas organizaciones como Amnistía, Greenpeace y el Cels cuestiona el régimen de incentivos que impulsa el Gobierno para inversiones superiores a los US$ 1.000 millones. Señala que el proyecto profundiza los beneficios del RIGI sin demostrar que atraerá nuevas inversiones y pone el foco en los centros de datos para inteligencia artificial.

El empresario destacó las ventajas competitivas de la Argentina para convertirse en un país proveedor de energía y alojar centros de datos.

Las nuevas inversiones deberán destinar al menos un 20% a contratar proveedores locales.El miércoles tratan los dos proyectos en Diputados.Alerta por el blindaje "anticepo".