Oviedo (EFE).- El parlamento asturiano ha cerrado este miércoles la investigación sobre el accidente registrado en la mina de Cerredo, en el que fallecieron cinco trabajadores leoneses en marzo de 2025, con la aprobación de un dictamen respaldado por todos los grupos parlamentarios, salvo el PSOE, que exige depurar responsabilidades para cuatro exconsejeros y tres altos funcionarios de la administración autonómica.
En concreto, el texto pide responsabilidades políticas que deberán «conllevar ceses» para los exconsejeros de Industria del Principado Belarmina Díaz -quien dimitió tras el siniestro-, Enrique Fernández -actual presidente de Hunosa-, Nieves Roqueñí -ahora presidenta de la Autoridad Portuaria de Gijón-, e Isaac Pola, y también para dos jefes de servicio y un secretario general técnico a los que menciona con nombres y apellidos.
El dictamen de la comisión, aprobado con el voto en contra del PSOE y a favor de su socio en el Gobierno regional, Izquierda Unida, señala además que, aunque la administración minera no causara directamente el accidente, los documentos aportados y las declaraciones realizadas apuntan a que pudo incurrir en fallos de control, supervisión, inspección y coherencia en la autorización, que favorecieron un contexto de riesgo no corregido.
