"Estamos convencidos de que este Plan de Lucha contra la Corrupción supondrá el mayor impulso a la prevención, a la lucha y la reparación de la corrupción que se ha hecho en las últimas décadas en nuestro país". El 9 de julio de 2025, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, presentó en el Congreso 15 medidas diseñadas tras el estallido del caso de Santos Cerdán. Ha pasado prácticamente un año y el líder del Ejecutivo se enfrenta este miércoles a una nueva comparecencia en la Cámara Baja para abordar investigaciones judiciales relacionadas con corrupción. PublicidadLa realidad es que ninguna de las mencionadas 15 medidas está plenamente en vigor aunque en el Gobierno destacan que muchas de ellas están muy avanzadas. De hecho, como ya publicó este medio en diciembre, tanto Sánchez como la entonces portavoz Pilar Alegría, repitieron en varias ocasiones que se habían "puesto en marcha" 13 de las 15 medidas. Las estimaciones del Gobierno se basaban principalmente en que se había abierto a consulta pública desde el mes de septiembre el anteproyecto de Ley Orgánica de implementación del Plan Estatal de Lucha Contra la Corrupción.Esta iniciativa finalmente llegó al Consejo de Ministros el 17 de febrero de este año en primera vuelta y fue presentado por la entonces vicepresidenta primera y ministra de Hacienda María Jesús Montero. Bajo el título de anteproyecto de Ley Orgánica de Integridad Pública (LOIP) se incluyen ahí prácticamente la totalidad de las mencionadas 15 medidas anunciadas por Sánchez el 9 de julio. El Ministerio de Hacienda, ahora liderado por Arcadi España, preside la comisión interministerial que da seguimiento al Plan de Lucha contra la Corrupción. Fuentes de este departamento aseguran a Público que la LOIP va a ir "en breve" en segunda vuelta para aprobarse en el Consejo de Ministros. No obstante, de ahí tendrá que llegar al Congreso, donde además al ser una Ley Orgánica necesita mayoría absoluta, 176 votos favorables. Con el contexto actual, su aprobación antes de que finalice la legislatura no está garantizada. Dentro de esta LOIP se incluyen hasta 10 de las medidas del Plan. Una de ellas es la creación de la Agencia Independiente de Integridad Pública "como órgano central de prevención, supervisión y persecución de la corrupción". También en este paquete legislativo se incluye la extensión del uso de mapas de riesgos de integridad a todos los fondos públicos; la transformación de la Plataforma de Contratación del Sector Público con Big Data e Inteligencia Artificial para prevenir la corrupción (función encomendada a la Agencia de Integridad Pública); o el refuerzo del control sobre la financiación y la actividad económica de los partidos políticos. PublicidadLa LOIP que el Gobierno busca acelerar incluye además la aplicación de mecanismos de control y sanción frente a empresas corruptoras; el endurecimiento de los castigos y adoptar nuevas medidas contra la corrupción y delitos contra la Administración Pública; el refuerzo de la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos (ORGA) o la creación de la figura del "decomiso administrativo" o "decomiso preventivo". En esta extensa ley se incluye un punto relativo a la organización de una campaña social para fortalecer la concienciación anticorrupción. "Se desarrollará, con carácter anual en el caso del sector público estatal, una campaña institucional de sensibilización, prevención y lucha contra el fraude y la corrupción, con el fin de generar conciencia sobre el problema de la corrupción en la vida pública y sus efectos concretos", se lee en el anteproyecto de ley. Por último, la décima medida tiene que ver con la realización de una encuesta sobre la percepción de la corrupción. "Con carácter anual, el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), en colaboración con el Foro de Gobierno Abierto, programará, diseñará y desarrollará una encuesta que permita elaborar un estudio sobre percepción social de la corrupción", establece el primer texto de la LOIP. PublicidadEn el mismo punto de la LOIP está la Ley de Administración Abierta. Aunque en este caso hace más tiempo que se aprobó en primera vuelta. Concretamente el pasado 7 de octubre el Consejo de Ministros aprobó en primera vuelta el anteproyecto de esta ley, que fue presentada por el ministro de Transformación Digital y para la Función Pública Óscar López. No hay noticias de momento sobre la previsión de su aprobación definitiva previa a la llegada al Congreso. La ley de 'lobbies', cerca de llevarse al Pleno De las 15 medidas solo hay una en una fase de tramitación avanzada. Se trata del Proyecto de Ley de Transparencia e Integridad en las Actividades de los Grupos de Interés. O más conocida como la ley de lobbies. La iniciativa se encuentra en negociaciones dentro de la Comisión de Reglamento. La pasada semana se aprobó el informe de la ponencia y la intención es convocar a la citada Comisión en breve para debatir algunas enmiendas. Según varias fuentes consultadas, la negociación está muy avanzada, con el escollo principal de Junts. No se descarta que incluso pueda llegar a la votación en el Pleno este mes de julio.Hay que tener en cuenta que esta reforma se había incluido ya en el Plan de Acción por la Democracia aprobado en 2024 y presentado por el Gobierno tras los cinco días de reflexión que se tomó Sánchez por la imputación de su esposa Begoña Gómez. Precisamente López hizo un llamamiento este martes durante la rueda de prensa ofrecida en Moncloa tras el Consejo de Ministros a que se apruebe esta ley. Dijo que era un "consenso" demandado por el propio sector lobbista y destacó que se habían aprobado incluso enmiendas del PP. "Por favor, una vez más, por encima de colores políticos, ventajismos y filibusterismos, esa ley está en el Congreso y se puede aprobar mañana. Vamos detrás de otros países por culpa de ese bloqueo", apuntó. También se ha producido algún avance en la medida que pide "reforzar las capacidades del Ministerio Fiscal y del Poder Judicial para investigar, juzgar y castigar eficazmente la corrupción". El 28 de octubre de 2025, el Consejo de Ministros aprobó ya en segunda vuelta el Proyecto de Ley Orgánica de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim) que incluye este asunto. La iniciativa, que fue presentada por el ministro de Presidencia y Justicia Félix Bolaños en rueda de prensa, atribuye la instrucción de los procesos penales a la Fiscalía y dota al Ministerio Fiscal de mayor autonomía y transparencia, según destacan desde Moncloa. La tramitación parlamentaria, en todo caso, no ha tenido avances desde hace meses. Bastante avanzada está también la medida para "reforzar las garantías de protección a los denunciantes de corrupción y mejorar la eficacia de los canales de alerta". Esto se concretó con la creación de la Autoridad Independiente de Protección del Informante. El organismo fue aprobado en febrero de 2025, es decir, antes de este Plan, y su actividad comenzó el 1 de septiembre presidido por Manuel Villoria. No obstante, en la LOIP se incluyen algunas disposiciones legales sobre su funcionamiento todavía pendientes de aprobarse. De lo que no hay rastro en ninguna de las iniciativas presentadas por el Gobierno es de la medida del Plan de Lucha contra la Corrupción titulada como "Programas y cursos de formación obligatoria y difusión de buenas prácticas en materia de integridad y prevención de la corrupción dirigidas al personal del sector público".