Cuando el presidente del Gobierno compareció el 9 de julio de 2025 en el Congreso —a petición propia, pero también de los grupos parlamentarios del PP, Mixto y ERC— para dar explicaciones sobre los escándalos de corrupción que afectaban al exministro José Luis Ábalos y al exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, anunció un plan estatal de lucha contra la corrupción de 15 medidas en materia de prevención, castigo y reparación del daño causado. Casi un año después, ninguna de ellas está completamente implementada, y Pedro Sánchez tiene pendiente otra comparecencia (24 de junio) para responder por los nuevos frentes abiertos en los tribunales desde entonces: el caso que afecta al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y el que investiga a la exmilitante socialista Leire Díez. La gran mayoría de las medidas (12 de 15) se encuentran en trámite normativo porque dependen, fundamentalmente, del anteproyecto de Ley Orgánica de Integridad Pública (LOIP), que fue aprobado en primera vuelta en el Consejo de Ministros del pasado 17 de febrero. De las tres restantes no hay ningún hito público verificable. Así consta en el informe de seguimiento elaborado por +Democracia, organización que se dedica a aportar ideas para mejorar el funcionamiento de las instituciones, y la consultora TactioTeal. “La brecha entre anuncio e implementación”, concluye el estudio, “es, en sí misma, un problema de integridad pública”. España bajó tres puntos en el Índice de Percepción de la Corrupción en 2025, el año en que se anunció el plan. Y el Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa (GRECO) ha reprendido a España en varias ocasiones por remolonear con las medidas de prevención. En su último informe, de agosto del año pasado, subrayó “la falta de acción decisiva y de resultados tangibles” sobre las recomendaciones hechas en 2019 para prevenir ese tipo de casos y reclamó a las autoridades españolas que antes de finales de este mes les enviaran un documento informando de sus avances. La politóloga y socióloga Cristina Monge, presidenta de +Democracia, recuerda que el diagnóstico sobre las grietas del sistema que favorecen los casos de corrupción está hecho hace muchos años, como prueba que ya en la etapa de Mariano Rajoy se plantease la regulación de los grupos de interés o lobbies, pero “falta voluntad política” para hacerlas realidad. “Hay medidas que necesitan un tiempo de tramitación, pero otras no. Falta liderazgo, convertir este asunto en una prioridad. La revisión, un año después, del grado de cumplimiento del plan anticorrupción es un ejercicio que debería haber hecho el propio Gobierno para rendir cuentas. Sánchez llega a la comparecencia del 24 de junio sin los deberes hechos”. El plan anunciado en julio del año pasado se dividía en cinco ejes: prevención; protección del informante; investigación y sanción; recuperación de activos; y cultura anticorrupción. El primero, relativo a la prevención y fortalecimiento de controles, incluía 6 de las 15 medidas y de ellas, según señala el informe, cinco están “en trámite” y de la sexta no hay evidencia o hito que demuestre avance alguno. La medida principal de este eje es la creación de la Agencia Independiente de Integridad Pública para aunar las funciones de varios organismos con competencias similares cuya dispersión, según explicó el presidente en el Congreso, había provocado “ineficiencias”, pero es una de las medidas clave de la LOIP, en fase de anteproyecto y pendiente de la compleja fragmentación parlamentaria. Dicha ley incluye también, según fuentes del Ministerio de Hacienda, la extensión de los “mapas de riesgo”, partiendo del modelo que se implementó para los fondos europeos Next Generation, para identificar y prevenir peligros en contrataciones, licencias y subvenciones públicas, así como posibles conflictos de interés. Lo mismo sucede con el plan para transformar la plataforma de Contratación del Sector Público con herramientas de big data e inteligencia artificial, que, puestas a disposición de esa futura Agencia Independiente de Integridad Pública, facilitarían un almacenamiento masivo de datos para detectar “patrones anómalos y prevenir la corrupción antes de que se produzca”. La promesa de reforzar el control de la financiación de los partidos políticos, rebajando de 25.000 a 2.500 euros el importe de la donación individual que las formaciones estarían obligadas a hacer públicas tampoco se ha materializado porque se incluye en la LOIP, que, según el informe es “el cuello de botella” del plan. La Ley de Administración Abierta, que contempla sistemas de auditoría ciudadana, así como exámenes adicionales sobre el patrimonio de altos cargos, con controles aleatorios cada año —ahora la normativa ya prevé uno a final de mandato—, también se encuentra en fase de “anteproyecto” y aún no ha llegado al Congreso. Otra de las medidas de ese primer eje del plan anticorrupción alude a un viejo debate parlamentario que nunca termina de cuajar: la ley de transparencia e integridad de los grupos de interés o lobbies. El documento del plan anticorrupción contemplaba aprovechar la fase de enmiendas del proyecto de ley —ya entonces en tramitación parlamentaria— para reforzar su alcance, ampliando la obligación de dar publicidad a los encuentros con lobistas por parte de todos los altos cargos del Gobierno y de sus asesores, y se comprometía, asimismo, a instar a la Mesa del Congreso a cerrar “cuanto antes” ese proceso de enmiendas (se han presentado más de 100) para agilizar su tramitación “por procedimiento de urgencia”. Sin embargo, el informe de Más Democracia recuerda que sigue “en trámite”. La presión europeaEl segundo eje del plan, el de la protección a quien denuncia irregularidades, es el que más avanzado está, pero porque la medida fundamental, la creación de la Autoridad Independiente de Protección del Informante (AIPI), ya se había incluido en otro plan anterior, el que el presidente concretó en el Congreso en 2024, después de los cinco días que se tomó para meditar si continuaba o no en La Moncloa tras admitir un juzgado una denuncia contra su esposa, Begoña Gómez. Y la protección del informante de corrupción emana, en realidad, de una directiva europea de octubre de 2019. La AIPI está operativa desde abril de 2025, pero los refuerzos del plan anticorrupción anunciados hace casi 365 días, como facultar a las autoridades para anular represalias contra esos informantes, establecer indemnizaciones para ellos proporcionales al daño sufrido y ampliar a cinco años su protección tras el cese de sus funciones, siguen sin aplicarse porque dependen de la aprobación de la Ley Orgánica de Integridad Pública. El tercer eje del plan, “investigar, juzgar y sancionar la corrupción”, abarca tres medidas que también están en fase de tramitación un año después porque, tal y como recuerda el informe, “dependen de la LOIP o de reformas adicionales en el Código Penal o la Ley de Enjuiciamiento Criminal”. Se trata de la creación de secciones especializadas dentro de los tribunales de instancia; el establecimiento de un carácter preferente para las causas que involucren a cargos públicos, asimilando esos casos a los tiempos que ahora reciben las causas que afectan a presos; la ampliación del plazo de prescripción para los delitos de cohecho y malversación y el endurecimiento de las sanciones a las empresas corruptoras. En este apartado, Sánchez prometió poner en marcha un “sistema de exclusión y de listas negras para impedir que las empresas condenadas por corrupción puedan seguir contratando con la administración pública”. En realidad, la ley ya lo prevé —el conocido como “blacklisting” forma parte de otra directiva europea, esta, de 2014—, pero las corruptoras a menudo se libran de esas sanciones porque cuentan con filiales, personas jurídicas conectadas entre sí dentro de un grupo empresarial y pueden recurrir a una u otra. Además, esas sanciones no son efectivas hasta que hay sentencia firme. El plan anunciado en julio del año pasado preveía “automatizar” esa inhabilitación y ampliarla a 15 años, así como crear un registro público de las empresas sancionadas. Pero esos cambios no están en vigor. Otra de las medidas contempladas en el plan afecta al Registro Mercantil, estableciendo la obligatoriedad de inscribir la titularidad de las participaciones de las sociedades de responsabilidad limitada para impedir que personas que ostenten cargos públicos puedan ocultarse detrás de ellas para esquivar prohibiciones de contratación. También está incluida en el anteproyecto de la LOIP y, por tanto, sin ejecutar.La última medida de este eje planteaba un endurecimiento de los castigos por corrupción, lo que obliga a modificar el Código Penal. El plan contempla una pena agravada para quien cometa un delito de obstrucción a la justicia en este tipo de casos; vincular el acceso a beneficios penitenciarios del condenado a la completa restitución de las cantidades obtenidas por prácticas corruptas, y la recuperación del delito de administración desleal del patrimonio público. Pero no se han hecho las reformas necesarias para implementar esas novedades en la lucha contra la corrupción. Una directiva europea que debe transponerse antes del 23 de noviembre de este año obliga a facilitar el embargo de bienes o decomiso de productos derivados de una infracción penal cuando el bien de origen delictivo se haya transferido a un tercero, así como a reforzar la cooperación transfronteriza para la recuperación de activos. Para cumplir con esa directiva, el Gobierno admitía ya en julio del año pasado, al presentar el cuarto eje del plan, la necesidad de reforzar los medios de la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos (ORGA), que, según denuncia +Democracia, “actualmente carece de un presupuesto suficiente para sus funciones”. En este sentido, el plan también prevé crear la figura del “decomiso administrativo o preventivo” para recuperar los bienes obtenidos por la corrupción sin que medie una condena previa. Pero tampoco se ha llevado a cabo. El quinto y último eje del plan, “cultura anticorrupción”, es, según el informe, el apartado “con peor desempeño verificable”, pese a que no depende de complicados trámites y negociaciones parlamentarias. Abarca tres medidas: el impulso de programas de buenas prácticas y prevención para el personal que trabaja en el sector público; la organización de una campaña de concienciación social que informe de las posibilidades de denuncia de irregularidades y la realización de una encuesta anual sobre percepción y experiencia de la corrupción en España. Que no se haya implementado esta parte del plan, señala + Democracia, “demuestra que la falta de avance no siempre se debe a la complejidad jurídica, sino a una ausencia de voluntad ejecutiva”. No es la primera vez que las medidas anticorrupción se anuncian, pero no se ejecutan. En 2014, cuando los escándalos afectaban al Gobierno del PP, el entonces presidente, Mariano Rajoy, también acudió a las Cortes para presentar hasta 70 iniciativas de regeneración democrática, gran parte de ellas ya incluidas en proyectos de ley que se habían empantanado en las Cámaras pese a que los populares gozaban entonces de mayoría absoluta. Entre aquellas propuestas figuraban algunas que Sánchez reiteró hace un año, como el control del patrimonio de los altos cargos. El Plan de Acción por la Democracia de 2024El llamado Plan de Acción por la Democracia (PAD) que Sánchez expuso en las Cortes en julio de 2024, un año antes del Plan Estatal de Lucha contra la Corrupción, también sufre importantes retrasos. Fue aprobado en el Consejo de Ministros de septiembre de 2024 y contenía 31 medidas. Fuentes del Ministerio de la Presidencia sostienen que se han completado 18 y que 9 están “en tramitación avanzada”, sin embargo, entre las que el Gobierno incluye como “aprobadas”, figuran medidas que no han concluido su trámite parlamentario y, por tanto, no están en vigor, como una nueva ley de secretos oficiales —el proyecto sigue paralizado en las Cortes—; la propia elaboración de un plan de lucha contra la corrupción —el que presentó Sánchez en julio de 2025 y que no ha ejecutado al completo ninguna de sus 15 medidas— o la reforma de la conocida como ley mordaza, empantanada en la Cámara. El grueso del PAD tenía que ver con la desinformación y remitía al Reglamento Europeo sobre la Libertad de los Medios de Comunicación, que en su momento apoyaron los populares europeos pese a que, en el Congreso, el PP acusó a Sánchez de “censura”. Las medidas incluían la creación de un registro de medios de comunicación informando de su propiedad y de la inversión publicitaria que reciben por parte de todas las administraciones públicas; la reforma de la Ley de Publicidad Institucional para introducir criterios de transparencia, proporcionalidad y no discriminación en su asignación, así como la introducción de límites para que no haya medios completamente dependientes de esos ingresos; la revisión de los sistemas de medición de audiencias; el impulso de la ley de secreto profesional de los periodistas como garantía jurídica para la protección de fuentes; la trasposición de la directiva para proteger a los profesionales de la información de acosos externos; la aprobación de una Estrategia Nacional de lucha contra las campañas de Desinformación; la reforma de la ley que regula el derecho de rectificación para agilizar los plazos o el refuerzo del régimen sancionador para los partidos que no presenten sus cuentas de manera adecuada. La mayoría de estas medidas han pasado por el Consejo de Ministros, pero dos años después, no están en vigor.