La trama del caso Wachitas Bar, que estalló tras el femicidio de Agostina Vega y que involucra a Soledad Andreani y Claudio Barrelier, actualmente detenidos, volvió a tensionar la relación política entre el intendente Daniel Passerini y el juecismo. La discusión sobre los controles de la noche se transformó en un nuevo capítulo de la disputa por las responsabilidades y las acusaciones cruzadas sobre presuntas irregularidades dentro de la Municipalidad de Córdoba.
La Comisión de Legislación General, presidida por el oficialista Nicolás Piloni, se reunió durante siete horas para que el titular del Ente de Fiscalización y Control, Ezequiel Hormaeche, junto a su equipo técnico, brindaran respuestas a 20 pedidos de informes presentados por la oposición sobre habilitaciones comerciales, inspecciones y controles de locales nocturnos.
El caso que atravesó toda la discusión fue Wachitas Bar, recientemente clausurado a raíz de las derivaciones del femicidio de la menor de 14 años, cuyos restos fueron allados en un descampado de barrio Ampliación Ferreyra y que tiene como principal sospechoso a Barrelier.
Hormaeche sostuvo que el establecimiento había sido "mal habilitado en 2017" y explicó que la actual gestión revocó el permiso a comienzos de junio, luego de tres clausuras previas. Sin embargo, aclaró que la decisión administrativa no estuvo vinculada directamente con la causa penal por el femicidio de Agostina Vega, sino con modificaciones edilicias y cambios en las condiciones de funcionamiento respecto de la autorización original.
