El 2 de junio de 2026, nueve días después de la desaparición de Agostina Vega, la Municipalidad de Córdoba habilitó Wachitas Bar. El mismo día, horas más tarde, lo clausuró. Al día siguiente, alguien removió las fajas. No es un error administrativo: es el retrato de cómo funciona el poder en esta ciudad y el motivo por el que la oposición pidió tratarlo sobre tablas el jueves en el Concejo.
Las tres puertas del bar
Wachitas entra en la causa por varias puertas. La más directa es Soledad Andreani, la tercera detenida, acusada de encubrimiento por ser la dueña del Ford Ka en el que, según la fiscalía, Barrelier trasladó el cuerpo; era encargada de producción del bar. La segunda apareció en el allanamiento al local de Ituzaingó al 500: en un video que difundió el periodista Lázaro Llorens y replicó LN+, se ven habitaciones con camas matrimoniales detrás del sector de recreación, que no figuraban en la habilitación, lo que abrió la sospecha, sin imputación, de prostitución o trata.
La tercera puerta es la propiedad. El bar figura a nombre de una joven de 22 años sin empleados, leída en Tribunales como prestanombre, pero el inmueble es, según el Registro de Rentas, de la familia Huespe. La Municipalidad llegó a recomendar el bar en su web oficial y borró la recomendación tras el femicidio. Quien emite esas habilitaciones es el Ente Municipal de Fiscalización y Control (EMFyC), creado en febrero de 2024 por el intendente Passerini, que concentró habilitaciones y espectáculos en una sola unidad. Actualmente lo dirige Ezequiel Hormaeche Actis, a quien el jueves el Concejo le exigió explicaciones, sin éxito: el bloque peronista bloqueó el tratamiento. No es la primera vez que llega a la Justicia: en noviembre de 2025, el concejal Sergio Piguillem lo denunció penalmente por el alquiler de la sede del Ente, y la causa quedó ante el fiscal Raúl Garzón, el mismo que hoy investiga el femicidio.
