El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha abierto expediente sancionador a varios pequeños comercios gallegos por supuestos incumplimientos de la normativa de protección a los consumidores con multas que van desde los 11.000 a los 13.000 euros. La Comunidad de Madrid argumenta que los comercios tienen páginas webs que pueden vender en todo el territorio, con lo que “cualquier comunidad autónoma puede actuar”, mientras la Federación Galega de Comercio critica como “injustificada” la medida: “Son comercios familiares, esta sanción les va a llevar al cierre pero seguro”.
Los comercios afectados se encuentran en las regiones de Vilanova de Arousa, Viveiro, Cambados y Foz y se trata de empresas pequeñas que, según José María Seijas, presidente de la Federación Galega de Comercio, solventaron las faltas en sus páginas web en cuanto recibieron las sanciones y que ni siquiera habían llegado a vender ningún producto online.
La consejería de Economía argumenta que la Comunidad de Madrid está dentro del Plan Sectorial de Control de Productos Textiles del Ministerio de Consumo y que debe “llevar a cabo actuaciones de inspección y vigilancia” y, si con estas funciones se detectan infracciones, “está obligada a actuar”.
