El brazo sancionador del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso es largo. Para sorpresa de los comerciantes gallegos, ha llegado a Vilanova de Arousa, Viveiro, Cambados y Foz. Tiendas de ropa infantil de estos municipios de las provincias de Pontevedra y Lugo están entre la media docena de pequeños establecimientos de Galicia que han recibido notificaciones de multas de la Comunidad de Madrid por incumplir supuestamente la normativa en la información que recogen en sus páginas de ventas online. Los hay que no han vendido producto alguno por esa web. En la Federación Galega de Comercio no dan crédito. “Es un afán recaudatorio que no tiene nombre”, reprocha su presidente, José María Seijas. Las sanciones superan incluso los 13.000 euros y amenazan con llevar al cierre a estos modestos comercios, añade el portavoz de los pequeños empresarios. Seijas no recuerda un caso semejante. Cuenta que los afectados han recibido en las últimas semanas comunicaciones “de diversas sanciones por diversas causas” y ve “un poco de abuso” en que se notifique directamente una multa “sin enviar avisos antes” a los supuestos infractores para que corrijan los errores. El Gobierno madrileño pretende cobrar más de 10.000 euros a una de las comerciantes por poner en la política legal de su web que los clientes podrán interponer denuncias en cualquier juzgado “de Foz” cuando lo correcto sería “de España”. A otras dos propietarias de tiendas, ese abultado castigo les llega por no reflejar en la web la composición textil de las prendas de ropa que tienen a la venta. “No nos avisaron de que había que cambiar nada en nuestra web. Nos abrieron el expediente y hala, a recaudar”, se queja una de las comerciantes. Ella pensó que la notificación era “un virus” por lo increíble de su contenido y la magnitud de la sanción. Y lamenta que la Comunidad de Madrid se cebe con pequeños empresarios. “¿Cuántas webs venden falsificaciones y no pasa nada?”, se pregunta.La Consejería de Economía y Hacienda de Madrid defiende que está “obligada a actuar” si sus inspectores detectan incumplimientos de la normativa europea y estatal que obliga a todos los comercios que venden online. Esa vigilancia, aduce, la realiza dentro del Plan Sectorial de Control de Productos Textiles que coordina el Ministerio de Consumo y el montante de las multas es el establecido en la legislación española. El Gobierno madrileño dice haber detectado en los establecimientos gallegos “defectos de etiquetado en los productos a la venta, limitaciones a la hora de reclamar contra la empresa vendedora o en relación a la garantía de los productos”.Representantes de las asociaciones gallegas de comerciantes y empresarios afectados se han reunido este lunes en Santiago con responsables de la Dirección Xeral de Comercio e Consumo de la Xunta para intentar encontrar una salida. Antes de este encuentro, la Federación Galega de Comercio había pedido en un comunicado que el Gobierno del popular Alfonso Rueda mediase ante el Ejecutivo que dirige su compañera de partido para resolver el problema a través del “diálogo institucional y la colaboración entre administraciones”. Finalmente, los responsables de Consumo del Gobierno gallego no intercederán ante el equipo de Ayuso. Según explica Seijas, están igualmente “satisfechos” porque la Xunta sí asesorará a tres de las comerciantes afectadas que presentarán alegaciones ante la Comunidad de Madrid. El objetivo es que se les retire la sanción o se reduzca al mínimo posible. Los otros tres establecimientos sancionados han decidido pagar sus multas.La Consellería de Emprego, Comercio e Emigración evita entrar en los detalles del conflicto y explica que, además de asesorar a los afectados en las alegaciones, en la reunión se ha trasladado a los comerciantes “toda la información necesaria” para que introduzcan ”las mejoras oportunas" en su venta online, “en consonancia con las directrices en materia de consumo”. Este departamento autonómico ha acordado también con las asociaciones profesionales “nuevas acciones de divulgación sobre las exigencias de la normativa vigente”.Los comercios gallegos que alegarán ante el Gobierno de Ayuso han sido sancionados sin ni siquiera haber vendido nada desde sus webs, ni en Madrid ni en ningún sitio. En esos casos, los defectos de la web ya han sido corregidos. Seijas atribuye el problema “a un funcionario con mala leche que rebuscó para poder fastidiar a estos comercios”, pero incide en que es un aviso a navegantes. Critica que cualquier comunidad pueda sancionar a establecimientos de otros territorios por las características de su web cuando las normativas autonómicas ni siquiera son iguales. Y pide un acuerdo entre los responsables autonómicos de Consumo para que al menos se avise a los empresarios antes de incoar cualquier expediente y se les invite a corregir los errores: “Hay cosas que no se hacen intencionadamente, sino por despiste”. La Federación Galega de Comercio pide a la Comunidad de Madrid “garantías jurídicas” y que evite “perjuicios desproporcionados para unos negocios que constituyen una pieza esencial del tejido económico y social de Galicia”. La Asociación de Comerciantes de Vilanova de Arousa, uno de los municipios afectados, subraya que “nadie cuestiona la necesidad de cumplir la normativa vigente”, pero exige “proporcionalidad” y recuerda que “durante años se ha animado al comercio local a digitalizarse” para competir y no desaparecer. “Muchos comerciantes han realizado importantes inversiones de tiempo, dinero e ilusión para adaptarse a una realidad dominada por grandes superficies, multinacionales y plataformas globales con recursos prácticamente ilimitados”, esgrime la agrupación. “Por eso resulta difícil entender que quienes han dado ese paso hacia la modernización se encuentren ahora con procedimientos que, en algunos casos, pueden poner en riesgo la viabilidad de negocios que generan empleo, dinamizan nuestros pueblos y mantienen viva la economía local”.