Pequeños comercios de Galicia han denunciado haber recibido multas desproporcionadas por parte de la Comunidad de Madrid, que alcanzan los 13.000 euros, por supuestas infracciones en la política de comercio online. PublicidadVarios establecimientos en Vilanova de Arousa, Viveiro, Cambados y Foz han sido sancionados con montos que podrían suponerles un esfuerzo extraordinario, o incluso la quiebra, por errores en la información que figura en sus páginas web, donde muchos de estos apenas tienen actividad. Es el caso de Carina Paz, propietaria de un negocio de ropa infantil de Vilanova de Arousa, quien recibió el pasado martes una notificación en la que se le comunicaba que disponía de un plazo de 15 días hábiles para oponerse formalmente a una multa de 11.600 euros por no haber especificado la composición de un pantalón en su página web, según cuenta La Voz de Galicia. Para otra de las afectadas, la sanción asciende hasta los 13.500 euros. La Federación Galega de Comercio exige explicaciones y "garantías jurídicas" para las empresas al gobierno autonómico de Isabel Díaz Ayuso por la apertura de una decena de expedientes sancionadores, tras expresar su preocupación por "las consecuencias que estas actuaciones pueden tener para numerosas pequeñas y medianas empresas del sector". Desde la Asociación Comercios de Vilanova de Arousa han manifestado que, si bien "nadie cuestiona la necesidad de cumplir la normativa vigente", consideran necesario reflexionar "sobre la proporcionalidad de determinadas actuaciones cuando afectan a pequeños comercios familiares, autónomos y emprendedores que llevan años luchando por sobrevivir en un mercado cada vez más complejo".Publicidad"Muchos comerciantes han realizado importantes inversiones de tiempo, dinero e ilusión para adaptarse a una realidad dominada por grandes superficies, multinacionales y plataformas globales con recursos prácticamente ilimitados", ha agregado la asociación, que también ha expresado que "el comercio local no pide privilegios".La asociación también ha pedido que se les ayude con "información, acompañamiento, asesoramiento y la oportunidad de corregir posibles errores antes de enfrentarse a sanciones que pueden resultar devastadoras para pequeñas empresas"."Cada cierre de un comercio supone mucho más que una persiana bajada. Supone menos empleo, menos vida en nuestras calles, menos actividad económica y menos oportunidades para nuestros municipios", ha expresado.