La querella de Urbas contra su mayor acreedor, el fondo Roundshield, se amplía contra Abencys. El juez de Madrid Juan Carlos Peinado ha aceptado la petición del grupo inmobiliario de que se investigue también a dos socios del despacho especializado en reestructuraciones por, presuntamente, ayudar a la firma de capital privado a minusvalorar unos activos e intentar darle ventaja en el concurso de acreedores en el que se encuentra inmerso la constructora desde el pasado enero. El magistrado les cita a declarar el próximo 29 de junio.En un auto del pasado 18 de junio, al que ha tenido acceso Cinco Días, el titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid ―contra quien el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) estudia si adopta a medidas disciplinarias por insinuar que los escoltas de la esposa del presidente, Begoña Gómez, podrían ayudarla a huir de la justicia tras abrir juicio oral contra ella― ha admitido a trámite la ampliación de la querella de Urbas, al entender que hay indicios de ambos socios de Abencys en la participación de un supuesto delito de estafa procesal, consistente en la “atribución de cero euros” al valor de unos bienes que el fondo se adjudicó ante el impago de un préstamo. En concreto, la ampliación se ha dirigido contra el socio director de Abencys, Luis Martín Bernardo, y contra unos de los socios del despacho. En el escrito, consultado también por este periódico, el grupo inmobiliario sitúa a ambos abogados en una supuesta estrategia llevada a cabo por Roundshield para reclamar la misma deuda varias veces y recuperar el valor por “cuadruplicado”.Un préstamo de 80 millones, el origen de la disputaLa disputa entre Roundshield y Urbas tiene su origen en la financiación firmada en 2020 para salir de la crisis económica que arrastraba la compañía inmobiliaria desde la crisis del ladrillo. El préstamo era en un principio de 50 millones de euros, pero posteriormente se amplió hasta 80 millones. El contrato vencía en diciembre de 2024 y tras los incumplimientos de devolución del crédito, RS Lender (el vehículo creado por el fondo para la operación) ejecutó automáticamente en Luxemburgo una prenda por la que se adjudicó la filial de Urbas creada en dicho país para obtener la financiación y un perímetro constituido principalmente por 1.800 activos inmobiliarios en España y la potencial construcción de más de 4.000 viviendas y 22 promociones. A todo este conjunto, la firma de inversión le dio un valor de cero euros. No obstante, consideró que Urbas sigue manteniendo una deuda, por lo que interpuso una demanda en el Reino Unido para reclamar hasta 206 millones de euros. En paralelo, el vehículo inversor se personó en el proceso de reestructuración iniciado por Urbas en mayo de 2025 ―que finalmente ha derivado en el concurso de acreedores― e invocó ante el juez mercantil su derecho a elegir al experto de reestructuración porque la deuda contraída superaba el 50% del pasivo total. Esta actuación puso en peligro el plan de reestructuración presentado por la constructora y le obligó a solicitar voluntariamente la declaración del concurso de acreedores. Urbas considera que dicha deuda debería haberse reducido o extinguido por el valor de los activos apropiados. Por ello, interpuso la querella por estafa procesal ante el juzgado que dirige Juan Carlos Peinado, al entender que la deuda ha sido inflada “artificialmente” con el objetivo de reclamarla en distintas jurisdicciones e influir en el concurso de acreedores.En la ampliación de la querella, Urbas señala que los socios de Abencys, no solo figuran como administradores solidarios de esa filial al que le dieron un valor nulo, sino que también son los encargados de representar a RS Lender en varias reclamaciones judiciales contra filiales de Urbas por más de 108 millones de euros. También asegura que el despacho de abogados mantiene una “clara e indudable” relación profesional con Kepler-Karst, uno de los administradores concursales, a quienes Urbas achaca falta de imparcialidad. De hecho, pidió la revocación de su designación como administradores, pero el Juzgado de lo Mercantil número 2 de Madrid, que tramita el concurso de acreedores, lo ha rechazado.Nuevas diligenciasEl juez Peinado ―que se jubila el próximo mes de septiembre― considera que, al igual que en la querella inicial, existen indicios de la comisión de un presunto delito de estafa procesal. Según explica en el auto, esta conducta se entiende como “aquellos artificios desplegados en un proceso, directamente encaminados a que el juez, por error, dicte una resolución injusta que comporte un daño a una persona con el consiguiente lucro indebido para otra”. Bajo esta premisa, el magistrado ha aceptado la práctica de varias diligencias instadas por Urbas y ha requerido a RS Lender que remita al juzgado la tasación pericial emitida para vender las participaciones de la filial que valoró en cero euros y que ha abierto la guerra judicial. Asimismo, ha pedido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) para que “a la mayor brevedad posible” remita al órgano judicial toda la documentación, correos, informes y comunicaciones relativa a la presentación de la candidatura de Kepler Karst y Auren como administrador concursal de Urbas, así como el proceso seguido para su selección. Por último, ha solicitado al Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC) para que informe sobre la existencia de actuaciones de supervisión, revisión o control en relación al antiguo auditor de Urbas, A Worldwide Audit Assurance, con quien también está enfrentado. En concreto, el juez quiere aclarar si el auditor que firmó las cuentas de 2024 tienen algún procedimiento administrativo abierto derivado de sus labores de auditoría. En un comunicado, Abencys asegura que la querella de Urbas “carece de fundamento jurídico y se enmarca en un contexto concursal complejo, con intereses procesales que deberán ser valorados en sede judicial”. “La firma ha actuado siempre dentro del marco legal aplicable y conforme a los principios de rigor, independencia y responsabilidad profesional que guían su actividad”, añade, al tiempo que subraya que su actividad profesional se ha limitado al asesoramiento a sociedades vinculadas a RS Lender, no a Roundshield Partners.Asimismo, el despacho apunta que RS Lender ha emprendido las acciones legales que ha considerado oportunas en defensa de sus derechos, como una querella por presunta prevaricación contra el juez Peinado, al entender que determinadas resoluciones dictadas en el procedimiento habrían sido arbitrarias.