El concurso de acreedores de Urbas ha dado un nuevo giro. La administración concursal, integrada por Auren y Kepler-Karst, ha pedido al juez que ponga en conocimiento de la Fiscalía Anticorrupción el caso tras detectar indicios de falsedad en los documentos vinculados a los créditos de Germux Invest, una de las sociedades acreedoras vinculadas al presidente de la constructora, Juan Antonio Acedo. Los documentos en cuestión respaldaban 13,2 millones de euros en créditos dentro del concurso. Esta filial es una pieza clave en la estrategia de Urbas: con su voto a favor, la cúpula de la constructora pretendía sacar adelante su plan de reestructuración, a pesar de tener en contra a todos los principales acreedores. En paralelo, el administrador había puesto el foco en Larisa Inverpromo, otra sociedad acreedora vinculada a Acedo. Pero mientras el concurso seguía su curso, la guerra en la cúpula de Urbas libraba su propia batalla. El expresidente de la compañía, Juan Antonio Ibáñez, adquirió discretamente el crédito de Larisa —21,2 millones— por apenas 50.000 euros el 31 de marzo de 2026, con el procedimiento ya abierto. Según fuentes conocedoras de la operación, el movimiento tenía el doble objetivo de convertir esa deuda en subordinada y dejar a Acedo sin uno de los votos con los que contaba para sacar adelante su plan. La situación es crítica para Acedo, los dos pilares sobre los que construyó su estrategia de supervivencia en el concurso se están derrumbando. Para sustentar esa petición, el administrador encargó un informe pericial a Francisco José Méndez Baquero, exinspector de la Comisaría General de Policía Científica y especialista en documentoscopia. El perito analizó las firmas atribuidas a Marcelino Francisco Larrañaga Arruti, administrador único de Germux, en tres documentos fechados en marzo de 2021, junio de 2023 y septiembre de 2023, y concluyó que ninguna de esas firmas fue realizada por él. Foto del informe pericial Los tres documentos analizados son un reconocimiento de deuda de 13,2 millones entre Urbas y Germux, un acuerdo de liquidación de saldos derivados de reestructuración y una adenda a ese mismo acuerdo. En todos ellos figura la rúbrica de Larrañaga Arruti como representante de Germux Invest. El informe pericial, con referencia IN/03/2026, fue emitido el 14 de mayo de 2026 y presentado ese mismo día ante el Tribunal de Instancia de Madrid. El administrador concursal sostiene que el informe pericial eleva la cuestión más allá de una simple discrepancia documental. En su escrito al juzgado, señala que la eventual utilización en el concurso de documentos con firmas que no corresponden a quien se les atribuye afecta a la legitimidad de determinadas posiciones acreedoras, a la formación de la masa pasiva y a la regularidad del propio procedimiento concursal. Imagen del informe pericial. Germux Invest ya estaba en el foco del administrador antes de este informe. En un dictamen anterior, la administración concursal había concluido que los créditos de esta sociedad no existían, al detectar que los fondos que Germux utilizó para adquirir deuda de Urbas provenían de la propia Urbas, lo que extinguiría el crédito por confusión entre deudor y acreedor. A esto se suma que el crédito ordinario de 13,2 millones habría quedado liquidado en un acuerdo de 2023. Denuncia del expresidente del comité de auditoría El caso no es la primera vez que Anticorrupción recibe documentación sobre Urbas. En diciembre de 2025, Francisco Javier Álvarez, presidente de la Comisión de Auditoría de la constructora, presentó una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción contra Juan Antonio Acedo por las irregularidades detectadas en la compañía. Álvarez había sido nombrado para ese cargo apenas unos meses antes, en agosto de 2025, y fue cesado por la cúpula de Urbas poco después. Su denuncia llegó en un momento de máxima tensión interna. La constructora había intentado cesar a su auditor, A Worldwide Audit Assurance, después de que este activara el protocolo de fraude ante indicios de que se había ocultado información relevante durante el proceso de auditoría. La CNMV, por su parte, había obligado a Urbas a encargar un análisis forense a Deloitte para revisar posibles irregularidades en sus cuentas, ampliando posteriormente su perímetro a ejercicios anteriores. Créditos en duda Los créditos de Germux y Larisa, ambas sociedades vinculadas a Acedo, están bajo la lupa del administrador. Ambas sociedades votaron a favor del plan de reestructuración de Urbas antes de que la compañía solicitara el concurso voluntario de acreedores. El plan de reestructuración de Urbas contaba con tres clases de acreedores y fue apoyado por dos clases: la clase 1, conformada por un único acreedor con deuda privilegiada al contar con una garantía real, que asciende a 2,1 millones; y la tercera clase, la de créditos subordinados. En esta última clase votaron a favor Germux, Larisa y tres compañías vinculadas al grupo Urbas: Guadahermosa Proyectos Urbanísticos, Financial Management Resources Urbas y Guadahermosa Grupo Inmobiliario. Las deudas de estas sociedades representan el 70% de los créditos de esta clase de acreedores. Germux Invest aparecía tanto en la lista de acreedores con privilegio como en los subordinados con dos créditos diferentes. En conjunto, el plan de Urbas contaba con el apoyo de titulares de deuda correspondientes a 58,5 millones de euros, de un total de 318,3 millones de deuda afectada. Es decir, el 18,4% de los acreedores. ¿Cómo es posible que saliese adelante? Porque esos créditos y ese 18,4% formaban parte de la primera clase, la privilegiada, y la tercera. Por tanto, por número de clases, el plan contó un apoyo del 66,7%, ya que la única clase que no votó a favor es la segunda. La ley permite la aprobación de planes de reestructuración que cuenten con una mayoría simple de clases, siendo una de ellas de carácter privilegiado. Todo este sistema de apoyos, según apunta el administrador, queda ahora bajo sospecha. Los principales acreedores institucionales, entre ellos el banco marroquí Attijariwafa, la aseguradora Asefa y el banco malo del Estado Sareb, han votado en contra del plan de pagos que Urbas presentó para salir del concurso. El concurso de acreedores de Urbas ha dado un nuevo giro. La administración concursal, integrada por Auren y Kepler-Karst, ha pedido al juez que ponga en conocimiento de la Fiscalía Anticorrupción el caso tras detectar indicios de falsedad en los documentos vinculados a los créditos de Germux Invest, una de las sociedades acreedoras vinculadas al presidente de la constructora, Juan Antonio Acedo. Los documentos en cuestión respaldaban 13,2 millones de euros en créditos dentro del concurso. Esta filial es una pieza clave en la estrategia de Urbas: con su voto a favor, la cúpula de la constructora pretendía sacar adelante su plan de reestructuración, a pesar de tener en contra a todos los principales acreedores.