La tormenta perfecta que está azotando el mercado inmobiliario ha llevado al Banco de España a tratar la vivienda en su último informe anual como uno de los grandes retos estructurales que acechan la economía nacional. El gobernador de la entidad, José Luis Escrivá, ha pedido este martes abordar el asunto como una “emergencia nacional”, asegurando que el organismo está estudiando “con muchísimo cuidado” la posibilidad de intervenir los estándares bancarios para otorgar hipotecas y que próximamente publicará su marco analítico al respecto. “Vamos a ser prudentes”, ha asegurado en una comparecencia en la Comisión de Economía del Congreso. “Pero es nuestra responsabilidad hacer un seguimiento máximo del mercado inmobiliario”, ha zanjado. En este momento de tensión máxima en el mercado inmobiliario, con escasez de oferta y precios por las nubes, el Banco de España ha tomado cartas en el asunto y lleva un tiempo estudiando la posibilidad de intervenir la concesión de créditos hipotecarios de más riesgo. El objetivo es evitar una burbuja y un aumento excesivo de la morosidad bancaria como ocurrió a inicios de este siglo, pero hay miedo a que la medicina sea peor que la enfermedad. “Estamos hablando de medidas intrusivas”, ha recordado Escrivá, que pueden generar efectos indeseados, como empeorar el acceso a la vivienda de los jóvenes y la población de menores recursos. “Lo vemos como un dilema, como un binomio entre eficiencia y eficacia”, ha resumido el exministro. “Lo estamos estudiando y vamos a tomar las decisiones con toda la evidencia”, ha añadido.Escrivá ha comparecido para rendir cuenta del último informe anual del supervisor, publicado el pasado jueves, en el que el déficit de vivienda se eleva hasta las 750.000 unidades. Esta magnitud es resultado de una oferta que ha crecido a un ritmo mucho más lento que la demanda. Una situación que se ha agravado de forma importante en los años posteriores a la pandemia y en la que comparten responsabilidad los tres niveles de la administración pública —municipios, comunidades, Estado—, además del sector privado. Sin embargo, los indicadores de riesgo aún no han alcanzado los niveles de la primera década de los 2000. El precio de la vivienda está todavía por debajo de las marcas de 2007 —en términos reales, descontada la inflación—, así como los niveles de endeudamiento privado y la solvencia de la banca. “A pesar de todo, no vemos riesgos de estabilidad financiera importante“, ha sintetizado el gobernador. ”Nos parece que hay que poner claramente el foco en incrementar la oferta", ha dicho Escrivá. Mientras esta no termine de ajustarse, el economista ha abogado por medidas transitorias del lado de la demanda, como límites a los usos no residenciales de la vivienda, siempre diseñadas “con mucho cuidado para que no tengan efectos indeseados”. Volatilidad extremaEl informe del banco publicado la pasada semana dejó intactas las previsiones de crecimiento de España para este año y el próximo —2,3% y 1,7%, respectivamente— pese al conflicto en Oriente Próximo. En cambio, elevó sus pronósticos sobre la inflación, del 3% al 3,6% en 2026 y hasta el 2,6% el próximo año, debido principalmente al impacto que la subida de los costes energéticos está teniendo en toda la cadena de producción. Estos datos han servido a Escrivá para explicar que vivimos en un contexto de volatilidad extrema, que dispara la incertidumbre y complica la elaboración de cualquier proyección, pero a la vez la economía, tanto global como nacional, está mostrando una resiliencia inédita. España, en concreto, está creciendo el doble que la zona euro, impulsada por unos precios energéticos más bajos gracias a su mix energético volcado en las renovables y a un sector turístico sólido que se está beneficiando de un cambio hacia el ocio en las preferencias de los consumidores europeos. Otro elemento diferenciador es el dinamismo del mercado laboral, pese a que la tasa de paro siga rondando el 10%, una cifra en la que pueden estar impactando, según el supervisor, el funcionamiento de las políticas activas de empleo y la protección de los desempleados, que podrían no generar los incentivos suficientes para el regreso a la actividad.