En 1977, dos años después de la muerte de Franco, se convocó en España la primera manifestación por los derechos LGTBIQ+. Un año después se despenalizó la homosexualidad, aunque la ley que la perseguía, la de criminalidad social, no se derogó hasta 1995. Solo una década después, en 2005, España se convirtió en el tercer país del mundo en aprobar el matrimonio igualitario, tras Países Bajos y Bélgica. Este año, el compromiso con la igualdad y la diversidad han hecho que España lidere el Mapa Arcoíris de 2026, un ranking que ­Ilga-Europa, la sección europea de la organización internacional LGTBIQ+, publica anualmente y en el que compara 49 Estados. “Estamos hablando mucho de los ataques a los derechos LGTBIQ+ y a la democracia, pero esta reacción no es inevitable”, resume Katrin Hugendubel, directora adjunta de Ilga-Europa: “Los gobiernos pueden plantar cara y decidir avanzar, como está haciendo España”.Para la elaboración del Mapa Arcoíris se examinan 76 criterios —España cumple el 89%—, agrupados en siete grandes áreas: igualdad y no discriminación, como la igualdad laboral o la posibilidad de donar sangre; familia, como la legalización del matrimonio igualitario o la posibilidad de adoptar; delitos de odio y discurso de odio, como el reconocimiento de ellos o el desarrollo de políticas transversales para paliarlos; reconocimiento legal de género, como la opción de cambiar el registro o la autodeterminación; la integridad de las personas intersexuales; espacio en la sociedad civil, como la libertad de reunión o la seguridad de los activistas, y asilo. Siete historias ponen cara a estos avances en España, el país de Europa más garantista con los derechos de la comunidad LGTBIQ+.Igualdad y no discriminación Hortensia García trabaja en Votorantim Cimentos, una cementera con sede en Vigo. Nació en Guadalajara, tiene 40 años y ejerce como responsable de organización y desarrollo de la compañía, que tiene más de 10.000 trabajadores en todo el mundo, 900 de ellos en España. Se define como bisexual, es visible en su empresa y este año ha ganado el Premio Working for Diversity, con el que la Federación Estatal LGTBI+ (Felgtbi+) reconoce el impulso de la diversidad en los espacios de trabajo.“No visibilizarse en el trabajo implica que gran parte de tu energía se va a controlar tu forma de hablar o los detalles de tu vida que cuentas”, explica García. “Además, puede interferir en la salud de la plantilla, generando problemas de estrés, ansiedad, depresión y aumentando las bajas. Como empresa, eso no nos interesa”, añade. En España, solo el 23% de los trabajadores LGTBIQ+ se visibiliza en su trabajo, según un informe de la Felgtbi+ elaborado junto a 40dB. Además, tras la calle, es el segundo lugar donde más agresiones se sufren.En una organización como Votorantim, dentro de un sector muy masculinizado, nunca se había hablado de diversidad. La primera tarea fue abrir espacios: “Fue una decisión estratégica, una visión a largo plazo. Hacemos acciones que evaluamos con la finalidad de crear un lugar seguro, donde los trabajadores puedan ser ellos mismos”. Luego, realizar otras acciones, como pintar una docena de hormigoneras de Votorantim con la bandera arcoíris. “La hormigonera sale de las fábricas, circula por carreteras, pueblos, y va a casa de los clientes. Es un elemento muy visible”, describe la iniciativa que comenzó hace cinco años.Al principio, las hormigoneras arcoíris generaron reparos entre algunos conductores: “Cuando la gente empezó a pararlos para hacerse fotos con ellos y a subirlas a redes, se quedaron encantados. Nunca les había pasado algo así”, explica la ejecutiva.Familia Jaime Vaquero (39 años, Alcázar de San Juan) y Miguel Álvarez (38, Madrid) llevan juntos desde 2009. Ambos son matemáticos y trabajan, uno en el Ministerio de Educación y otro como científico de datos. Hace dos años se casaron y, al poco, fueron padres: “Cuando teníamos veintitantos años no teníamos muy claro lo de la paternidad, pero luego vimos que en España era una posibilidad real”.Querían adoptar —“o era por adopción o no era”— y valoraron la opción internacional y nacional. La primera la descartaron enseguida: “Hay países que o bien ponen muchas trabas a las parejas homosexuales o directamente lo prohíben”. Comenzaron entonces un proceso en el que se desnudaron ante las administraciones: mostraron sus cuentas, hablaron con psicólogos, probaron su solidez como pareja… “Cualquier persona heterosexual puede tener un hijo sin importar el contexto y a nosotros nos hicieron un análisis muy exhaustivo”, inciden. “Hay una parte que entendemos, porque la adopción es una medida de protección a los menores. No se trata de un derecho de los padres a criar, sino el de los niños a tener una familia”, detallan mientras su hija pintarrajea con unos lápices en un folio.Desde el momento en el que una pareja como ellos decide que quieren ser padres a través de la adopción nacional pueden pasar entre tres y siete años. El proceso de inscripción, gestionado por las comunidades autónomas, no tiene una periodicidad clara, puede abrirse cada dos años, cada cinco o cada siete. Tras solicitarlo, y ser evaluados, llega una espera indeterminada hasta que surge una opción. Entonces, se debe ratificar la petición y se establece un orden de prioridad para los futuros progenitores. Finalmente, son informados de las circunstancias en las que ha nacido el menor. “Es duro. Durante las formaciones, te cuentan historias muy complicadas del contexto en el que han nacido esos niños. Y cuando te explican el caso de tu hijo, te remueve”.Desde el momento que llegó su hija a casa, todo eso se ha difuminado. Las prioridades ahora son cuidar, educar, evitar los virus de la guardería, o las noches sin dormir. La pareja forma parte de un grupo de Telegram en el que comparten su experiencia con otras personas que también quieren iniciar el proceso. Les gusta tener a su alrededor familias diversas, como la suya, para que su hija tenga referentes. Por otro lado, les inquieta el auge de la extrema derecha y la amenaza de retrocesos. “No creo que en España la cosa se tuerza tanto que, de repente, alguien se atreva a quitarnos a nuestra hija o se recorten derechos. Ahora ya no solo nos afecta a nosotros, sino también a ella. De ahí que necesitemos estar bien cubiertos legalmente. Por suerte, vivimos en un país que garantiza las libertades”.Delitos y discursos de odio Miguel Ángel Aguilar es el máximo responsable de la Unidad de Delitos de Odio y Discriminación de la Fiscalía General del Estado. Tiene 61 años, nació en Remscheid, en el norte de Alemania —“soy hijo de la emigración española de la época”—, y en 1993 tomó posesión como fiscal. “Entonces, no podía decir que era gay en el trabajo”, recuerda. De ahí que no oculte su orgullo de dedicarse ahora a luchar contra la lgtbifobia y el odio.Aguilar constituyó esa unidad específica en 2023, año en que se formó, convirtiéndose en su primer coordinador. “Cuando yo empecé en la Fiscalía no había conciencia de los delitos de odio porque ni se nombraban. Aunque han existido siempre, es importante llamarlos por su nombre. Ahora, España es pionera en la lucha especializada dentro de la Unión Europea”.Para el fiscal coordinador, el conocimiento especializado y una mayor sensibilidad lleva a una mayor eficacia: “En 2024, el porcentaje de sentencias condenatorias fue de un 74,5%”. También destaca que desde la Fiscalía se hayan impulsado criterios para afrontar, por ejemplo, los insultos que se hacen con humillación pública. “Antes, la mayoría se archivaba porque se catalogaba como un delito privado, de injurias. Ahora, se consideran lesivos para la dignidad de la persona, lo que permite actuar de oficio al Ministerio Fiscal. De este modo, en 2024 incrementamos un 40% los escritos de acusación”.Sin embargo, como constatan numerosas investigaciones, los delitos de odio, también por lgtbifobia, no han dejado de crecer en España. “Las personas LGTBIQ+ viven con mayor libertad, afortunadamente son más visibles, pero en ocasiones las expone más a los intolerantes. Por otro lado, hay más información y se ha ganado confianza en la justicia, lo que eleva las denuncias”.Reconocimiento legal de género Carla Antonelli (Güimar, Tenerife, 66 años) fue la primera mujer trans en ejercer como diputada en España, en el Parlamento regional de Madrid. También, en ocupar un puesto en el Senado. Lleva desde finales de los setenta luchando por los derechos LGTBIQ+, primero en el PSOE y ahora en Más Madrid —“el único partido que tiene ahora mismo dos diputadas trans [en la Asamblea de Madrid]; las dos únicas que ha habido en el país”—. “En España partimos de la oscuridad y la persecución para convertirnos en referente”, apunta.Hace casi 20 años, Antonelli realizó el cambio de registro. Fue en 2007 (al amparo de la Ley 3/2007 para la igualdad efectiva entre mujeres y hombres): “Me acogí a mi propia ley, la que había ayudado a redactar e impulsado, incluso con una huelga de hambre. Esa norma, con sus carencias, marcó un antes y un después”.La despatologización de las personas trans no llegó hasta 2022, con la ley Zerolo, y se dio un paso más con la ley trans (la 4/2023 para la igualdad real y efectiva de las personas trans y la garantía de los derechos LGTBI). “Fue un salto cuántico. Y todo a pesar de las terfs [feministas trans excluyentes], que pretendían dejarnos de lado, borrar nuestras vidas”.Aunque es una política curtida, observa con preocupación el auge de la transfobia, especialmente en EE UU, donde la situación es “terrorífica”. “Están cortando el acceso a la sanidad, vetando el uso de baños públicos, retirando los carnés de conducir o renovando los pasaportes sin reconocer la identidad de esas personas”, enumera, “pero en España también hay políticos, como Isabel Díaz Ayuso o Juanfran Pérez Llorca [ambos del PP y presidentes de la Comunidad de Madrid y Murcia, respectivamente], que han intentado recortar las normas LGTBI+. Quieren quitarnos derechos, hacernos involucionar”.Justamente, a la hora de puntuar a España para su Mapa Arcoíris, la Ilga ha valorado que esos intentos de socavar las normativas regionales de protección al colectivo “fueron frenados por el Gobierno central alegando que vulneraban derechos constitucionales”. Para Antonelli, “es momento de pelear por todo lo conseguido, que tanto esfuerzo ha costado, sin dejar de avanzar: hay que seguir poniendo colores al horizonte”.Intersex Mer Gómez tiene 35 años, es escritora y activista intersex. Las personas intersex son aquellas que nacen con características sexuales (anatomía, órganos reproductivos, patrones hormonales o cromosómicos) que no se ajustan a las nociones binarias de masculino y femenino. “Los cuerpos intersex no son los cuerpos diversos; lo son los de todas las personas porque no hay ningún cuerpo igual a otro”, explica Gómez, que es de Macotera, en Salamanca, y también doctora en Estudios Feministas y de Género. “Los cuerpos intersex destacan por una cuestión más visible y porque son los que se diagnostican y se medicalizan. Se patologiza a personas sanas, que formamos parte de la diversidad humana”.A pesar de que la ley trans prohibió las modificaciones genitales por cuestiones estéticas a menores de 12 años —algo que solo hacen seis países de la UE—, Gómez lamenta que queda mucho trabajo por hacer. “Hay un vacío de lo que ocurre a partir de los 12 años. Además, es cuestionable que se permitan las intervenciones por ‘cuestiones de salud’. Usando la salud como argumento, y bajo criterio médico, muchas personas hemos sido intervenidas y hormonadas durante décadas”. Otro de los aspectos que critica Gómez es el binarismo desde el nacimiento. Cuando se acude al Registro a inscribir a un bebé, antes de que cumpla el año, solo se pueden marcas dos casillas: masculino o femenino. “¿Por qué nos asignan un sexo a una edad tan temprana?”, se pregunta.No hay números claros con respecto a las personas intersex. Se habla de que podrían representar entre un 1% y un 2% de la población, pero no hay certezas. Es una realidad que ha sido sistemáticamente silenciada. “Cuando yo era joven, nadie quería hablar de ello. La gente lo vivía como un tabú”. Para paliar esa sensación de soledad, Gómez ha escrito dos libros, ambos con la editorial Bellaterra: La rebelión de las hienas, una búsqueda de referentes intersex, y el ensayo Las hermafroditas del siglo XXI. En septiembre, publicará su primera novela con la editorial Consonni.Sociedad civil Ronny de la Cruz (República Dominicana, 37 años) es el actual presidente de Cogam, el colectivo LGTBIQ+ de Madrid, que este año celebra su 40º aniversario. La entidad nació en 1986, heredera de la Asamblea Gai de Madrid, y sus orígenes estuvieron marcados por la pandemia del sida. Además, fue impulsora de la ­Felgtbi+, junto con Casa Lambda y el Crecul (Comité Reivindicativo y Cultural de Lesbianas), luchó por el matrimonio igualitario o promovió la necesidad de educar en igualdad. “Llevamos dando charlas en institutos y colegios desde mediados de los noventa. Aunque el respeto por la diversidad sigue siendo alto, ha descendido entre los más jóvenes”, lamenta De la Cruz.El trabajo del presidente de Cogam, como el del resto de la ejecutiva, es voluntario, sin remuneración. “Si pienso en el tiempo que invertimos, me asusto, pero también hay una parte de la vida asociativa que aporta mucho. Cogam es una organización respetada y escuchada”.No siempre fue así. Cuando en 1992 estaban a punto de inaugurar su primer local, cerca de la Puerta del Sol, el entonces concejal del distrito Centro, Ángel Matanzo (del PP), dijo que lo clausuraría. Para evitar el cierre, decenas de voluntarios de la organización hicieron turnos de 24 horas. “Aunque Madrid es la capital de uno de los países que más respeta la diversidad, con un Orgullo icónico; la política municipal y regional [tanto el Ayuntamiento como la comunidad están gobernados con mayoría absoluta por el PP] no termina de abrazar la diversidad, de respetarnos”, resume De la Cruz: “Juegan con nuestros derechos en función del interés político”.Asilo Ilia Andreev, de 24 años, nació en la ciudad rusa de Kazán. Estudió Periodismo, su familia y amigos sabían que era gay y trabajaba en una cadena de televisión. “La primera vez que fui a un drag show fue en mi ciudad. En Moscú había bares y clubes gais. Todo comenzó a cambiar, más cuando llegó la guerra [en Ucrania, que arrancó en 2022]”. Andreev eludió el alistamiento porque aún estudiaba un máster, y en 2023 decidió exiliarse: “No podía ser yo mismo, tenía que ocultar mi orientación. Las cosas se fueron poniendo peor”.Con un visado de turista llegó a Barcelona y, nada más aterrizar, pidió asilo por persecución lgtbifóbica. En Rusia, actualmente, mostrar la bandera arcoíris está considerado un acto extremista. “Las autoridades rusas utilizan el sistema judicial para marginar y censurar a las personas LGTBI+. Se violan derechos”, constatan desde Human Rights Watch.Andreev escogió España porque de chaval había estado de vacaciones en el país. “Sabía que había parejas homosexuales porque las había visto. Madrid y Barcelona me parecían capitales gais del mundo. Pensaba que aquí podría construir mi vida en libertad”. Aunque su petición de asilo fue cursada nada más aterrizar, el tiempo fue pasando sin recibir respuesta: seis meses, un año, dos. “Llamaba para preguntar, para informarme, y no me decían nada. Vivía angustiado”.Aunque España reconoce el asilo a las personas del colectivo que son perseguidas en sus países de origen, la lenta resolución de esas demandas ha sido duramente criticada por muchas ONG especializadas en migración y que también se quejan de que no se permita trabajar hasta que no han pasado seis meses de la petición de asilo. “Te sientes paralizado”, resume el joven.Ahora reconoce que está más relajado. Una semana antes de realizar esta entrevista recibió una notificación: le habían otorgado la condición de asilado. “Cuando lo vi, no me lo creía. Ahora, espero que me llegue pronto mi documentación oficial. Solo entonces, me quedaré tranquilo”.