El impacto de la sentencia del caso mascarillas, emitida este lunes por el Tribunal Supremo, no ha hecho más que empezar. La resolución rubricada por la máxima instancia judicial del país —que condena a José Luis Ábalos, Koldo García y Víctor de Aldama— influirá de forma directa en otras causas que aún permanecen en fase de instrucción en la Audiencia Nacional y que afectan, tanto a ellos tres, como a otros imputados. Esas investigaciones tendrán que tener en cuenta el marco general fijado por este fallo, que no solo aporta un primer relato de “hechos probados” que salpica a otros sospechosos, sino que establece una línea de interpretación a seguir en futuras sentencias. De momento, por ejemplo, el Supremo ya avanza que Aldama, al que ha beneficiado con la suspensión de su pena de cuatro años y medio de cárcel, “ha propiciado” y “favorecido” otros procedimientos aún en curso (como las pesquisas sobre el amaño de obra pública) y “continúa prestando una colaboración activa”.“El Estado de Derecho debe premiar, con los instrumentos previstos en la legislación, aquellos comportamientos relevantes que inciden en el descubrimiento y acreditación de delitos de la gravedad para el sistema democrático como los que son objeto de este juicio”, incide la sentencia. El Supremo se centra en la “importante” cooperación de Aldama para descubrir la parte de las pesquisas que enjuició: la red de influencias tejida con el exministro Ábalos y su asesor, Koldo García, para conseguir contratos de mascarillas en la pandemia a cambio de contraprestaciones. Pero, a la hora de justificar los beneficios que le aplica, añade que su colaboración no solo se ha limitado a esta. “Aportó información relevante sobre el posible amaño en las adjudicaciones de obras públicas que han sido remitidas a los Juzgados de Instrucción que instruyen esos hechos, con nuevos implicados que están siendo investigados”, dice el fallo. Aldama se encuentra imputado por esas presuntas irregularidades y se enfrenta a otra potencial acusación.Pero no es la única puerta que deja entreabierta la resolución del tribunal. El valor de la palabra de Aldama. Los magistrados conceden un gran valor al testimonio del comisionista en el caso mascarillas, que queda respaldado por otras pruebas. “Ha reconocido y aportado datos e información relevante [...] Ha renunciado plenamente a la propia defensa desde un estado incipiente de la investigación judicial, asumiendo un rol activo de colaboración”. La Audiencia Nacional deberá examinar si extiende esta veracidad, por ejemplo, a la línea de investigación sobre el amaño de obra, donde el empresario ha confesado. Aunque como matiza la sentencia, la “declaración incriminatoria” de un procesado, que puede obtener beneficios si implica a otros, solo tiene “consistencia plena como prueba de cargo” si “resulta mínimamente corroborada por otras pruebas”.La organización criminal, Joseba García y Pardo de Vera. El tribunal no solo da por probada la existencia de una “organización criminal” formada, al menos, por José Luis Ábalos, Koldo García y Víctor de Aldama. Sino que declara probado que los tres “eran apoyados por otras autoridades y funcionarios del Ministerio de Transportes, así como por distintas personas del entorno empresarial de Víctor de Aldama y por familiares de Koldo García”. Es decir, señala que había más colaboradores. La Audiencia mantiene abiertas, precisamente, las pesquisas sobre el resto de implicados en la trama de mascarillas que no fueron juzgados en el Supremo, cuya responsabilidad deberá dirimir (incluido, si formaron parte de esa “organización criminal”). Entre otros, el fallo de este lunes deja a los pies de los caballos al hermano de Koldo García, Joseba, al que apunta como una pieza clave para recibir pagos procedentes del comisionista y para enchufar a Jésica Rodríguez, pareja del entonces ministro, en una empresa pública.Jésica Rodríguez tampoco sale bien parada y, aunque actualmente no se encuentra investigada, el Supremo apunta a “su no descartable y potencial responsabilidad”. E igual le ocurre a Isabel Pardo de Vera, expresidenta de Adif, imputada en la Audiencia Nacional por el enchufe de la pareja de Ábalos y por el supuesto amaño de obras públicas. La sentencia la perfila como una correa de transmisión de las órdenes del ministro. “El proceso de contratación de Jessica Rodríguez fue impulsado directa y decisivamente desde la presidencia de ADIF, por iniciativa e indicación de Ábalos y bajo el control y la supervisión de Koldo García, quien se encargó de su rápida tramitación”, dan los magistrados por probado. Pardo de Vera siempre ha defendido su inocencia. El vínculo con Santos Cerdán. El exsecretario de Organización que sucedió a Ábalos en el PSOE, que ni siquiera declaró como testigo en el juicio, también puede leer su nombre en la sentencia del Supremo. El fallo define parte de la relación tejida por el exdirigente del PSOE con dos piezas clave de la trama (José Luis Ábalos y Koldo García), con quien supuestamente urdió una estrategia paralela para amañar la adjudicación de obra pública. Esta línea de investigación, por la que se mantuvo a Cerdán cinco meses en prisión provisional, está aún bajo investigación en la Audiencia. “Fue Cerdán quien recomendó a Ábalos que contratara a Koldo García como su conductor en los desplazamientos que debía realizar por el territorio español, considerando que, más allá de un vínculo puramente profesional, [le] ofrecería también un compromiso militante y una plena disponibilidad a sus necesidades como nuevo Secretario de Organización del partido”, incide el tribunal en los “hechos probados”. Esta descripción adquiere relevancia, ya que los investigadores sostienen que Cerdán se sitúa en la cúspide de la trama de cobro de mordidas a cambio de adjudicaciones de obra (esa parte que se indaga en la Audiencia Nacional) y fue quien puso a Koldo García bajo las órdenes de Ábalos para supuestamente beneficiarse de su poder y capacidad de influencia dentro del PSOE y del Gobierno. En esa línea, Aldama relató en el Supremo que Koldo García le remitió un listado de supuestas obras “preadjudicadas” por el ministro a cambio de mordidas.La resolución del Supremo ahonda en que la red de tráfico de influencias “proyectó su actuación delictiva en distintas esferas” y, sin entrar en qué adjudicaciones pusieron en la diana, considera acreditado que los tres condenados concluyeron que, “a través de las obras públicas, podrían conseguir ingentes cantidades de dinero a repartir”. “Aldama les tenía que proporcionar a los otros dos acusados 10.000 euros al mes [...], además de las importantes cantidades que se obtuvieran de las licitaciones de obras públicas”, profundiza la sentencia publicada este lunes. El caso de hidrocarburos que Aldama niega. Aldama está imputado en otro sumario de la Audiencia Nacional por un fraude de hidrocarburos. El comisionista niega las acusaciones que le atribuyen en esa investigación, que ha salpicado a varios ministerios. Pero, a este respecto, el Supremo considera probado que el comisionista “realizó gestiones” ante Koldo García para que maniobrara a su favor con el objetivo de que se le otorgara una licencia de hidrocarburos a la empresa Villafuel, controlada por su socio Claudio Rivas, también bajo sospecha en ese procedimiento. García les consiguió una reunión en el Ministerio de Industria, que no sirvió de mucho. “La competencia era del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico. No consta que se realizaran gestiones en el Ministerio competente para la concesión”. La validez de las pruebas. El fallo del Supremo respalda las comunicaciones interceptadas a los investigados, que también forman parte de las instrucciones en curso en la Audiencia Nacional, y descarta “posibles infracciones de la cadena de custodia”. Y resalta la labor de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que ha aportado unos “detallados informes”, cuya “fuerza acreditativa no estriba en las apreciaciones vertidas en los mismos, sino en la ingente documental que los acompaña”.