El Tribunal Europeo de Derechos Humanos sostiene que impedir en Cataluña el uso del castellano como lengua de enseñanza equivale a restringir un derecho básico.La reciente resolución del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre el caso de la escuela de Canet de Mar debería provocar una reflexión seria en Cataluña. Pero en materia lingüística hace tiempo que no rigen parámetros de normalidad. Y la pulsión no es exclusivamente catalana: basta observar la reciente polémica en el País Vasco, donde la desmedida exigencia del euskera en el empleo público se ha trasladado también a las pruebas de acceso a la universidad como mecanismo de exclusión. Volviendo a Cataluña, las leyes se reinterpretan según convenga al dogma nacionalista y las sentencias judiciales, cuando lo contradicen, se incumplen o se neutralizan.Estrasburgo, sin embargo, ha sido inequívoco. El Tribunal rechaza la demanda de las familias que defendían la escolarización exclusivamente en catalán y avala la tesis del TSJC: excluir el castellano como lengua vehicular coloca en desventaja a las familias castellanohablantes y vulnera el derecho de sus hijos a ser educados también en la lengua común.La conclusión desmonta el relato del nacionalismo catalán. El TEDH recuerda algo que en Cataluña parece casi subversivo: el castellano no es una lengua extraña ni tolerada, sino una lengua oficial con plenitud de derechos. Impedir su uso como lengua de enseñanza equivale a restringir un derecho básico. La Constitución, el Estatuto y la jurisprudencia reconocen la cooficialidad y los derechos lingüísticos de todos. El problema nunca ha sido la falta de normas, sino su incumplimiento sistemático.La inmersión nació como instrumento de aprendizaje del catalán. Pero con el tiempo dejó de ser solo una política lingüística para convertirse en un instrumento de construcción nacional. El catalán pasó de lengua a proteger a frontera identitaria. Ahí reside la patología del nacionalismo: su relación con el castellano no es de convivencia, sino de recelo, casi de hispanofobia. No le basta con promover el catalán; necesita reducir el espacio del castellano.Esa fobia explica la resistencia a cumplir resoluciones judiciales tan moderadas como la del 25%. Nadie pretende separar a los alumnos por razón de lengua ni imponer un modelo bilingüe al 50%. Solo se exige una presencia razonable del castellano. Pero incluso eso se considera intolerable.Aquí emerge la decepción del actual ciclo político. Muchos pensamos que la llegada del socialista Salvador Illa introduciría una rectificación pragmática. No ha sido así. En materia lingüística, el cambio en la Generalitat no ha alterado lo esencial: ha cambiado el tono, no la praxis. El PSC prometió cumplir con la ley y las sentencias, pero ha preservado la anomalía heredada. Estrasburgo recuerda una verdad elemental: la diversidad lingüística no se protege suprimiendo derechos, sino conciliándolos.