La obligatoriedad de estar empadronado en la Comunidad de Madrid, o en algunos municipios limítrofes de Castilla-La Mancha y Castilla y León, para adquirir la tarjeta de transporte público personal, la conocida como TTP por sus siglas y que es el soporte de los abonos mensuales y otros títulos subvencionados, ha cumplido ocho días en vigor. Tras la activación del requisito, el Consorcio Regional de Transportes madrileño envió cartas a todos los gobiernos autonómicos ofreciéndoles la firma de convenios para posibilitar que sus residentes desplazados pudieran obtener esta tarjeta y que fuera cada territorio el que subsidiara su coste.La misiva fue remitida a mediados de la semana pasada y el organismo dependiente de la Consejería de Transportes ya ha recibido las primeras respuestas. Fuentes del Consorcio han trasladado que Ceuta, Canarias, Comunidad Valenciana, Cantabria, Castilla y León y Extremadura han contactado con sus oficinas en las últimas jornadas para informarse sobre la firma de convenios. El interés del grueso de los territorios ha llegado a raíz de la carta, pero alguna llamada se produjo incluso antes de esa comunicación, ya que la activación de este requisito por parte de Madrid adquirió desde el primer momento dimensión nacional porque entre los colectivos más afectados figuran los jóvenes que cada año llegan a la capital de diferentes provincias para cursar estudios superiores. De acuerdo con el Consorcio, a los gobiernos autonómicos que han mostrado interés se les ha remitido un borrador de convenio que han elaborado para todas las comunidades. Cada administración analizará la propuesta y lo previsible es que, si está de acuerdo, negocie con Madrid los ajustes en los términos que le interesen, como población que estará cubierta por el convenio —las subvenciones podrían extenderse desde las comunidades de origen a sus universitarios, pero también a trabajadores desplazados o a usuarios con determinadas circunstancias personales, como familias numerosas—, tiempo de vigencia, etc. Más allá del interés constatado de esta media docena de autonomías, otras han reconocido estar estudiando la propuesta que les hizo llegar el CRTM vía carta. Es el caso de Galicia. Su presidente, Alfonso Rueda, aseguró este lunes que su Ejecutivo analizará la posibilidad de firmar un convenio y no ocultó su descontento por la forma en la que la Comunidad ha activado este requisito. "Me sorprendió el anuncio público y recibir después una carta-invitación al convenio", expresó Rueda, "estas cosas hay manera de hablarlas y me sorprendió un poco porque a Madrid la tengo por una comunidad abierta", añadió en declaraciones a los periodistas. Además, el presidente de la Xunta aseveró que en caso de firmar un hipotético convenio con Madrid, establecer una "condición de reciprocidad" en el mismo para él es una cuestión "innegociable".Este es un aspecto que recoge el acuerdo con Castilla-La Mancha que está vigente, el que más podría acercarse a los nuevos pactos que se están fraguando, aunque no del todo, porque no cubre todo el territorio: a su cargo sólo se pueden subsidiar las tarjetas a los residentes en una serie de municipios de Toledo, Guadalajara y Cuenca. En virtud de este texto, la Junta castellano-manchega transfiere cada año a la Comunidad fondos para cubrir los títulos de sus residentes y, a su vez, Madrid envía de vuelta otros recursos para sufragar los viajes de sus empadronados a Castilla-La Mancha. Se da la circunstancia de que esta segunda transferencia es mayor que la primera, porque son más los madrileños que se desplazan cada día al territorio vecino haciendo uso del transporte público. Es posible que los términos de este convenio, que ha sido renovado este año hasta 2029, también tengan que modificarse para que no se ciña sólo a una serie de localidades y alcance a toda la región vecina. Lo mismo sucede con Castilla y León porque el convenio en vigor, que caduca este año, sólo cubre a los vecinos de 21 municipios de Ávila y Segovia cercanos a Madrid. El Gobierno de Alfonso Fernández Mañueco estaría interesado en extender el alcance, según reconoció la semana pasada su portavoz, que admitió conversaciones con la Comunidad. "Estamos en contacto con la Comunidad de Madrid y, si lo entendemos favorable, llegar a un acuerdo y a un convenio para estos bonos para los estudiantes en las provincias limítrofes", explicó Carlos Fernández Carriedo, quien confió en poder cerrar un pacto "en el plazo más breve posible".