Víctor de Aldama aprovechó su influencia sobre el exministro José Luis Ábalos y su hombre de confianza, Koldo García, para conseguir contratos previo pago de dinero. Localizaba empresas o particulares interesados en cualquier clase de gestión con la Administración para, "articulando sus intereses, hacerlos valer con preferencia y de manera arbitraria ante aquella, siempre a cambio de la correspondiente prestación económica". Y repartía ese beneficio con Ábalos y Koldo García. Así resume el Tribunal Supremo la actividad criminal del empresario Aldama, por la que el fiscal pidió para él siete años de cárcel y una multa de 3,7 millones de euros en el caso mascarillas, que acaba de sentenciarse. Le acusaba de formar parte de una organización criminal, de cohecho y aprovechamiento de información privilegiada.PublicidadSin embargo, Víctor de Aldama no pondrá un pie en prisión. El Supremo le ha rebajado la pena a cuatro años y seis meses de cárcel, tras absolverle de inducir a la prevaricación y de falsedad –delitos que le imputaban las acusaciones populares– y de información privilegiada. Es decir, en teoría debería entrar en la cárcel al superar la condena los dos años. Pero el Alto Tribunal le ha aplicado una atenuante de confesión tardía, muy cualificada, tras alabar en ocho páginas su "decisiva" colaboración con la Justicia. "No sólo ha admitido plenamente su participación activa en hechos de suma gravedad, relacionados con una corrupción orgánica, organizada y continuada en las más altas instancias del poder político, sino que en ningún momento ha buscado su autoexculpación", argumenta la sentencia.Después, los jueces detallan que ha aportado documentación, un contrato, información relevante sobre el amaño de adjudicaciones de obras públicas... Aunque también reconoce que Aldama no abandonó de forma "voluntaria" sus actividades delictivas, sino que lo hizo una vez que se le investigaba, no sólo le premia con una rebaja considerable de la pena, además se la suspende. Con unas condiciones mínimas: que no delinca en los próximos cinco años, que comparezca cada seis meses ante el Supremo para "informar de sus actividades laborales, mercantiles o empresariales" y que haga trabajos para la comunidad durante un año. Y tampoco tendrá que devolver los 3,7 millones que se embolsó de comisión.Por sorprendente que parezca el descuento de las penas, la Justicia incentiva la confesión –que debe ser "voluntaria y espontánea", según recalca la Sala– por razones de "política criminal": para facilitar la investigación de los delitos. De forma que han sido muchos los arrepentidos a los que ha beneficiado su confesión en los múltiples casos de corrupción sentenciados en las últimas dos décadas. Víctor de Aldama "corrompió a autoridades y funcionarios públicos lesionando bienes jurídicos colectivos de máxima relevancia constitucional", como reconoce el Tribunal Supremo. Después, confesó y delató a sus compañeros en el delito a cambio de quedar libre. De hecho, permaneció en prisión sólo 42 días, en 2024, por el caso hidrocarburos.Gürtel y PúnicaQue colaborar con la Justicia tenga premio es, por tanto, algo lógico. Otra cuestión es la cuantía de esa recompensa. Y es difícil encontrar antecedentes comparables a las rebajas obtenidas por Aldama.PublicidadUn conocido arrepentido fue David Marjaliza, un empresario de la construcción que actuó como conseguidor de contratos públicos y fue socio de Francisco Granados, exconsejero de la Comunidad de Madrid y una de las ranas de Esperanza Aguirre. Figura en varias piezas separadas del caso Púnica –del que aún quedan algunas por juzgar pese a haberse destapado hace 12 años–, donde se desvela cómo conseguía contratos públicos en ayuntamientos madrileños a cambio de comisiones y regalos. El empresario, amigo de Granados, colaboró con la Justicia, lo que le ha valido que la Audiencia Nacional rebajara el pasado febrero de ocho años y dos meses a cinco años y un mes su condena por el amaño de contratos en beneficio de la empresa Cofely.También se les rebajó la pena a dos directivos de esa energética francesa, Didier Maurice Robert y Constantino Álvarez, a seis años de prisión.En la macrocausa de la trama Gürtel, otro constructor, Fernando Martín, se benefició de una rebaja sustancial tras admitir que pagó 25 millones de euros para asegurarse la adjudicación de unas parcelas en Arganda del Rey (Madrid). La Fiscalía empezó pidiendo 19 años y medio de cárcel para quien fue presidente del Real Madrid durante apenas dos meses en 2006, pero recortó la pena hasta sólo tres años y cuatro meses. Una reducción que fue aceptada de inmediato por Martín en marzo de 2025.PublicidadEn Gürtel también estuvo imputado el leonés José Luis Ulibarri, que consiguió rebajar de siete años a sólo 19 meses de prisión una primera condena, en 2022, tras reconocer cinco delitos en la pieza separada sobre el municipio madrileño de Boadilla del Monte. Más contratos adjudicados a cambio de comisiones ilegales. Tres años después, Ulibarri repitió la jugada cuando se acercaba el juicio por blanqueo de capitales del mismo caso. El fiscal pedía para él 14 años de prisión por ayudar al líder de la trama, Francisco Correa, a ocultar un fraude fiscal falseando facturas por servicios no prestados. Aún no ha habido sentencia en este caso.En otra pieza separada de la Gürtel, la que juzgó el amaño del concurso para la visita del papa Benedicto XVI a Valencia en 2006, fue condenado Jacobo Gordon, socio de Alejandro Agag, –el yerno de José María Aznar–, a ocho meses de prisión, después de que el fiscal pidiera una pena de dos años y él se prestara a colaborar con la Justicia y a devolver 117.300 euros.Un deportista olímpico y un contableLos arrepentidos en el caso Nóos fueron cinco. Dos de ellos, capitales. El ex director general de Deportes del Gobierno balear José Luis Ballester señaló al expresidente autonómico del PP, Jaume Matas, como parte de una trama que desvió seis millones de euros de fondos públicos. Entre 2004 y 2006, el Instituto Nóos, creado por Iñaki Urdangarin –exmarido de la infanta Cristina– y su socio, Diego Torres, organizó eventos deportivos y turísticos para los gobiernos balear y valenciano, que les adjudicó contratos a dedo y a precios muy superiores a los reales. El fiscal pidió que a Ballester se le rebajaran las penas a la mitad, porque la información que suministró había permitido "avanzar en la investigación de los hechos y de sus responsables, ofreciendo datos no conocidos que han favorecido la investigación". Así que fue condenado a 15 meses de prisión, sustituibles por multa. El otro arrepentido estrella fue Marco Antonio Tejeiro, cuñado de Diego Torres y excontable del Instituto Nóos, quien admitió ante el juez que había presentado facturas falsas a la Generalitat Valenciana. Fue absuelto de prevaricación administrativa, malversación y falsificación de documento, además de estafa. La Fiscalía había pedido para él dos años de cárcel.Púnica también tuvo un arrepentido fundamental: el ex director comercial de Madiva Editorial, una de las empresas del informático Alejandro de Pedro, a través de la cual facturaba a políticos el coste de trabajos de reputación online. A Francisco Javier Bueno González se le acusaba de malversación, pertenencia a organización criminal, información reservada y fraude a la Administración. Lo reconoció todo ante el juez. En 2025 se le condenó a sólo seis meses de cárcel por complicidad en un delito de fraude.Arrepentido de arrepentirseAtención especial merece Marcos Benavent, quien fue bautizado como el yonqui del dinero cuando, en 2015, anunció ante el juez que iba a colaborar con la Justicia en la operación Taula, una trama de corrupción encabezada por el entonces presidente de la Diputación de Valencia Alfonso Rus y que consistió en adjudicaciones fraudulentas de contratos públicos que financiaban de manera ilegal al Partido Popular. Benavent, exgerente de la empresa pública Imelsa –dependiente de la Diputación–. Pero hace sólo cuatro meses se echó atrás en la Audiencia de Valencia y se negó a ratificar su confesión de hace 11 años, porque entonces, explicó, iba "fumado". Así que la Fiscalía, que le había rebajado a seis años y medio de cárcel su petición de condena tras aplicarle la atenuante de colaboración con la Justicia, eleva ahora su solicitud de pena a 11 años de prisión y reclama una condena "dura y ejemplar" para Benavent por cohecho y malversación, así como que se le inhabilite durante nueve años por prevaricación. El yonqui del dinero dice ahora que manipuló las grabaciones que originaron el procedimiento. El fiscal le ha respondido que no cree ni una palabra de lo que ha declarado estos años: "Se ha arrepentido de arrepentirse".