A sus 26 años, Vanderley dos Santos Gomes, un funcionario público de la región de Reconcavo, Brasil, denunció que fue víctima de un salvaje robo en el que le habrían amputado una de sus piernas.Gomes pidió a sus aseguradoras de vida una caudalosa indemnización por invalidez, lo que despertó las sospechas.Finalmente, fue sentenciado por la justicia, ya que se descubrió que su historia era mentira.Un supuesto robo y una indemnización millonariaDe acuerdo con su propio testimonio, en julio de 2019, Vanderley dos Santos Gomes, un funcionario del municipio de Amélia Rodrigues (Reconcavo), se apersonó en la Unidad de Atención de Emergencias de la ciudad Cruz de las Almas, para pedir medicamentos porque tenía fuertes dolores, pero no se los dieron debido a que no contaba con las recetas médicas necesarias. El hombre declaró que, al salir del centro de salud, dos personas armadas bajaron de un coche negro, se le acercaron y lo obligaron a subir al vehículo, donde le vendaron los ojos y lo ataron.Posteriormente, —siempre según su relato— fue golpeado y le robaron 2000 reales, además de su reloj y su celular. Tras ello, lo llevaron a un camino de tierra, lo inmovilizaron y, supuestamente, le amputaron parte de la pierna derecha.Gomes sostuvo que se desmayó debido al dolor y que, al despertar, se encontró solo en un camino en el pueblo de Merces, en la zona rural de San Gonzalo de los Campos.El "delito" fue registrado como robo por la policía, que más tarde encontró las pertenencias robadas y la pierna amputada de Gomes en una mochila. El funcionario, por su parte, recibió atención médica y fue operado.Recién días después se despertaron las sospechas. Fue cuando el joven solicitó a cuatro aseguradoras un cobro por invalidez. En total, reclamó 1,5 millones de reales (casi 291.200 dólares).El volumen de dinero y la cantidad de pólizas pedidas activaron una alerta en el sistema de inteligencia de las compañías de riesgos. El descubrimiento de la farsa y la condena judicialEn primer lugar, lo que sorprendió a los investigadores fue que un empleado público de bajo salario contratara varios seguros de riesgo, y que lo hubiera hecho tan solo seis semanas antes del incidente. Además, llamó la atención el hecho de que Gomes presentó tan rápidamente los reclamos de indemnización y que no existía un motivo aparente para un secuestro seguido de amputación sin una demanda de rescate ni ninguna otra ventaja para los presuntos delincuentes.Aparte, el funcionario público no detalló aspectos cruciales del supuesto delito, como la dinámica exacta de la lesión y el instrumento utilizado para infligirla. Finalmente, un juzgado penal de San Gonzalo de los Campos dictaminó, en primera instancia, que el empleado planeó el fraude, que consistió en contratar las pólizas de seguro, cortarse la pierna y posteriormente solicitar indemnización.Sin embargo, la defensa de Gomes apeló el fallo, negó el delito y solicitó su absolución por falta de pruebas. Argumentó que no existen pruebas suficientes para demostrar que el acusado planeó el fraude o causó la lesión personalmente. No obstante, la Segunda Sala Penal del Tribunal de Justicia del Estado de Bahía (TJ-BA) confirmó la sentencia por fraude en la obtención de indemnización de seguros.Los jueces consideraron que el conjunto de pruebas, compuesto por informes periciales, documentos de las compañías de seguros, informes médicos y testimonios recabados a lo largo de la investigación y el juicio, era sólido. Destacaron que la secuencia de contratos, las cantidades incompatibles con la situación financiera y el corto lapso de tiempo entre las pólizas y la mutilación demostraban una intención deliberada de obtener una ventaja indebida por parte de Gomes.En mayo de 2026 comenzó a regir la condena, que consta de 720 horas de servicio comunitario y una multa de 7590 reales.