Actualizado a las 08:53h.
La imputación de Alba y Laura Rodríguez Espinosa, las dos hijas de José Luis Rodríguez Zapatero, ha supuesto un nuevo terremoto político en España. Fue el pasado jueves cuando el juez José Luis Calama, que ya imputó al expresidente del Gobierno en el caso Plus Ultra, acordó investigar a las jóvenes y a la secretaria del socialista, Gertrudis Alcázar, apenas 24 horas de que el socialista declarara ante la Audiencia Nacional.
Según la investigación, la agencia de comunicación de las hijas del exlíder del Ejecutivo, Whathefav, habría tenido un papel clave dentro de la causa judicial que coloca al político como el presunto líder de una red ilícita de influencias. De hecho, el magistrado cree que se empleó esta sociedad como «vehículo instrumental en la canalización, ocultación o facilitación de operativas relevantes para los hechos».
Algo que el propio Zapatero negó en su declaración del miércoles, defendiendo que la compañía administrada por sus hijas se dedicaba a elaborar planes de comunicación de empresas con las que él colaboraba. Un relato que no compran ni la Fiscalía Anticorrupción ni Calama, que consideran que Whathefav se utilizó como instrumento para que el dinero ilícito llegara al expresidente del Gobierno.
