ConcienciaReducir la violencia y mejorar la justicia exige instituciones capaces de avanzar hacia los mismos objetivos.
Cuando se habla de fortalecer la justicia penal, la discusión suele concentrarse en más presupuesto, más personal, nuevas leyes o mejores instalaciones. Pero el reto es lograr que siete instituciones trabajen en equipo como parte de un mismo sistema.
Después del Encuentro Nacional de Empresarios (Enade) de 2014 se inició un esfuerzo para que las instituciones de seguridad y justicia trabajaran juntas. El primer paso fue entender cómo funcionaba el sistema completo.
Cuando se comete un delito, actúan distintas instituciones de seguridad y justicia. El Ministerio de Gobernación encargado de la Policía Nacional Civil (PNC) y del Sistema Penitenciario (SP), regula la seguridad interna del país. El Ministerio Público (MP) ejecuta la persecución penal pública. El Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) realiza la investigación científica forense y emite dictámenes periciales.
El Instituto de la Defensa Pública Penal (IDPP) lleva a cabo la defensa pública gratuita en el ramo penal a las personas que lo requieran, el Instituto de Atención a la Víctima (IAV) brinda apoyo a quienes han sufrido directamente las consecuencias del delito. El Organismo Judicial (OJ) se encarga de impartir justicia. Cada institución tiene funciones distintas, presupuestos diferentes y prioridades propias. Pero forman parte de la misma cadena y cuando una falla, las demás terminan resintiendo las consecuencias.
