La continuidad del sistema de control telemático requerirá una nueva inversión millonaria. El Ministerio de Gobernación adjudicó un contrato por Q88.5 millones para mantener la operación de los dispositivos electrónicos, una herramienta creada para reducir el uso de la prisión preventiva y contener el hacinamiento en las cárceles.
Sin embargo, tres años después de su implementación, el principal reto sigue siendo ampliar su utilización. Desde 2023 se han colocado 408 dispositivos, apenas una quinta parte de la capacidad prevista para las 2 mil tobilleras y/o brazaletes disponibles.
La contratación, adjudicada a la empresa Tecnología Acceso y Seguridad, S.A., contempla el arrendamiento del equipo de la Unidad de Control Telemático y de los dispositivos que utilizan los beneficiarios del sistema.
Aunque el Ministerio de Gobernación mantiene su apuesta por esta herramienta como parte de la modernización del sistema de justicia, especialistas y operadores coinciden en que aún existen barreras para ampliar su uso.
La decisión final recae en los jueces, quienes determinan su aplicación en cada caso, pero también persisten retos para que abogados y usuarios conozcan plenamente las condiciones bajo las cuales puede solicitarse y otorgarse el control telemático.
