EditorialLa decisi�n del CGPJ de abrir la v�a para un posible expediente al juez Juan Carlos Peinado, que el s�bado envi� a juicio a Bego�a G�mez por cuatro delitos, resulta dif�cil de disociar de las presiones del GobiernoPedro S�nchez, junto a su esposa Bego�a G�mez.EFEActualizado Domingo,
junio
23:13Audio generado con IALa decisi�n del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de abrir la v�a para un posible expediente al juez Juan Carlos Peinado, que el s�bado envi� a juicio a Bego�a G�mez por cuatro delitos, resulta dif�cil de disociar de las presiones del Gobierno y de su aparato propagand�stico durante las �ltimas horas. El auto por el que el instructor del caso Bego�a ha enviado al banquillo a la esposa de Pedro S�nchez, en el que justifica la adopci�n de medidas cautelares alegando que sus escoltas podr�an ayudarla a fugarse, ha suscitado una reacci�n frontal por parte del Ejecutivo. Se trata de un intento de injerencia pol�tica que hoy pondr� a prueba la resistencia del �rgano de gobierno de los jueces.Peinado justifica la retirada del pasaporte a G�mez esgrimiendo argumentos desmesurados e impropios de un sistema de garant�as, porque teme que sus escoltas pudieran colaborar en su fuga. Esta elucubraci�n no s�lo ha provocado el l�gico enojo de la Polic�a, sino que proporciona al Ejecutivo la coartada perfecta para alimentar su narrativa victimista. La abierta acusaci�n de lawfare se explica no s�lo por su necesidad de desviar la atenci�n ante la corrupci�n que sacude esta legislatura, sino por el combustible sentimental que encierra una causa que salpica al entorno m�s �ntimo del presidente. Y es en este contexto, bajo presiones, en el que Isabel Perell� convoc� ayer de urgencia a la Comisi�n Permanente del CGPJ para expedientar a Peinado -extremo sobre el que deliberar� esta ma�ana- por una �falta grave de consideraci�n� a los �funcionarios de la Polic�a Judicial�. Es una decisi�n controvertida de la presidenta del Poder Judicial, cuya celeridad en este caso contrasta con su insuficiente reacci�n ante los �ltimos ataques que el Gobierno ha lanzado contra los jueces.Una sanci�n a Peinado sentar�a un peligroso precedente de interferencia por parte de un �rgano de naturaleza pol�tica como es el CGPJ. Las desproporcionadas cautelares dictadas por el instructor son cuestionables no s�lo por la forma, sino porque comprometen la credibilidad del procedimiento. Pero s�lo una instancia superior, integrada por magistrados, puede corregir la decisi�n de un juez en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales. El Consejo est� obligado a actuar respetando este principio b�sico de la independencia judicial. Los medios de comunicaci�n, conforme a nuestra funci�n inherente de contrapoderes, estaremos vigilantes.Las referencias extempor�neas no pueden solapar los s�lidos indicios que Peinado fundamenta en su auto final, a la espera de que la Audiencia de Madrid decida si se celebra o no la vista oral con jurado. El juez se�ala de forma minuciosa la trama de influencias que oper� desde la Moncloa. Incurriendo en un uso patrimonial del poder, G�mez teji� un c�rculo de �lite para aprovechar la posici�n de su marido como trampol�n para su carrera profesional.Con independencia del desenlace judicial, los negocios de la esposa de S�nchez constituyen una conducta �tica reprobable cuya responsabilidad pol�tica compete al presidente.
