Actualizado Lunes,
junio
00:25"El Gobierno, ha pervertido la legalidad, ampara a quienes cometen delitos y desprotege a quienes los sufren". Bajo esta premisa, el Partido Popular vuelve a llevar el tema de la ocupaci�n ilegal al pr�ximo pleno del Senado. Esta vez, con una moci�n donde insta al Gobierno de Pedro S�nchez a dar marcha atr�s "urgentemente" sus pol�ticas de vivienda, que "amparan las conductas intr�nsecamente delictivas de la ocupaci�n y la inquiocupaci�n". El escrito registrado en la C�mara Alta, al que ha tenido acceso EL MUNDO, el Grupo Parlamentario Popular defiende que estos casos est�n teniendo un impacto "demoledor" tanto en la oferta disponible de viviendas para alquilar -por lo que se disparan los precios- como en la "fractura social y desconfianza en el estado de derecho"; sobre todo por la "actual inoperancia" junto con la dilaci�n de los procesos y la percepci�n ciudadana de una justicia eficaz. "Genera un sentimiento de agravio comparativo en la poblaci�n que reside legalmente y hace enormes esfuerzos por pagar sus alquileres, y porque introducen en la sociedad una sensaci�n de inseguridad jur�dica que saca las viviendas del mercado del alquiler", advierte el documento. Seg�n argumentan, una de cada tres viviendas del alquiler se han retirado como resultado de la inquiocupaci�n (cuando un inquilino con contrato deja de pagar), lo que ha provocado el alza de los precios "hasta hacerlos inalcanzables". Por otro lado, la ocupaci�n "condena a los m�s d�biles"; explica, ya que tiene consecuencias en los barrios m�s humildes, con m�s necesidad de vivienda social y altera la convivencia en las comunidades. "Y el Gobierno sigue haciendo como que no existe", denuncia el Grupo Popular. "En este momento, en nuestro pa�s es m�s f�cil ocupar una casa que comprarla o incluso que poder alquilarla", asegura Alicia Garc�a, portavoz del PP en la C�mara Alta. "Y de eso solo hay un �nico responsable: Pedro S�nchez y sus pol�ticas radicales en materia de vivienda". Justifican que las pol�ticas promovidas por el Gobierno empujan peligrosamente a la sociedad hacia la autodefensa o incluso a contratar a empresas desokupa. De hecho, precisan que la v�a extrajudicial para recuperar la posesi�n de la vivienda se ha convertido en lo habitual y que el 80% de los casos se han resuleto mediante el pago al okupa. Adem�s, el PP recalca la inseguridad jur�dica en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que "esperan que sus gobernantes hagan lo correcto, no que propaguen el desorden y debiliten la autoridad, como est� haciendo el Gobierno". Insta al Ejecutivo a proporcionar el respaldo legal y medios materiales suficientes a los cuerpos de seguridad para combatir eficazmente estos casos. Sin embargo, este "drama inadmisible" es "perfectamente evitable". Lo que pretenden los populares es sacar adelante las reformas legislativas incluidas en la Ley Antiokupas, que se encuentra en el Congreso de los Diputados (gracias a la abstenci�n de Junts y el PNV), donde consta el desalojo de los okupas en 24 horas, el incremento de penas y la nulidad del empadronamiento. Adem�s, insta al Gobierno a hacer suyas las reformas en materia de seguridad jur�dica, que incluyen la distinci�n de la verdadera necesidad social de la falsa y facilitar la recuperaci�n de la posesi�n por el leg�timo propietario. El Grupo Popular exige al Gobierno "dejar de minimizar, de mirar para otro lado y de interpretar capciosamente" los datos que muestran el impacto de la ocupaci�n ilegal y la inquiocupaci�n en el mercado del alquiler, sobre todo al "hundir la oferta" y el "encarecer los precios" por la inseguridad jur�dica para los propietarios. "S�nchez ya no tiene mayor�a social ni parlamentaria para seguir gobernando", apunta Garc�a. "Y eso se visualiza especialmente en materia de vivienda, donde una vez m�s los grupos que estamos en favor de la seguridad jur�dica y contra los okupas le recordaremos a S�nchez que somos m�s que los que defienden la pol�tica de la patada en la puerta". Adem�s, dedica un apartado a los propietarios al pedir al Gobierno que asuma que, en Espa�a, las viviendas son ofrecidas mayoritariamente por peque�os propietarios y no especuladores. Todo esto para favorecer que pongan sus viviendas en el mercado bajo la protecci�n de "los delincuentes", en lugar de "aprovechar sus viviendas para cubrir la atenci�n a inquilinos que no pagan sus rentas y tapar as� la ineficacia de la actual pol�tica de vivienda". Los populares ya hab�an se�alado al Senado que Catalu�a fue la comunidad aut�noma de Espa�a en la que m�s delitos de usurpaci�n y allanamiento de morada se produjeron en 2024, con un total de 7.009 casos, o lo que es lo mismo, "el 42% de los ocurridos en el pa�s". Le segu�an Andaluc�a (2.207), Comunidad Valenciana (1.767) y Madrid (1.451).
