El Partido Popular vuelve a la carga con los socios del Gobierno y les obliga a posicionarse en el Congreso de los Diputados contra el "bloqueo político" y los casos de corrupción que rodean al entorno de Pedro Sánchez en una semana especialmente complicada para el Ejecutivo. La Cámara Baja debate este martes una moción consecuencia de interpelación urgente al Gobierno de los populares sobre "la valoración que hace de la situación de extrema debilidad del Gobierno" en medio de la vorágine judicial y las peticiones de elecciones explícitas de grupos como PNV y Junts. El texto consta de cuatro puntos que censuran la "anomalía" de no haber aprobado los Presupuestos Generales del Estado en toda la legislatura e instan al Ejecutivo tanto a "asumir la responsabilidad política" como a "depurar responsabilidades" por los múltiples casos de presunta corrupción.No es la primera vez que el PP fuerza a los socios a posicionarse en torno a los escándalos judiciales. La ofensiva la iniciaron en diferentes declaraciones en las que retaron tanto a los jeltzales como a los posconvergentes a, más allá de expresar públicamente el deseo de una convocatoria electoral, dar un paso adelante en forma, por ejemplo, de una moción de censura. Sin embargo, de momento ambas formaciones siguen garantizando su aval a Pedro Sánchez y no se plantean apoyar dicho instrumento parlamentario. Los populares también llevaron una moción al Senado para reprobar la conducta del Gobierno ante los casos de corrupción e instar al Ejecutivo a asumir responsabilidades políticas y PNV y Junts se abstuvieron.Este martes los de Alberto Núñez Feijóo harán balance de los 33 meses que lleva gobernando la coalición PSOE-Sumar para evidenciar que "no se está ejecutando ningún tipo de programa político coherente más allá de su propia supervivencia". El primero de los argumentos es la ausencia de unas Presupuestos que ni siquiera han sido remitidos a las Cortes para someterlos a enmienda, debate y votación. También critican los populares que el Gobierno haya renunciado a celebrar un Debate sobre el Estado de la Nación en toda la legislatura, porque, en su opinión, "sería incapaz de conseguir reunir apoyo para la votación de las resoluciones programáticas que deben derivarse de dicho debate". Para evidenciar la debilidad del Ejecutivo, el Grupo Parlamentario Popular criticará que estos dos años y medio de mandato suponen los de menor producción legislativa de la democracia, con algo más de 60 textos legales. Eso sí, "más de la mitad" a través de reales decretos-leyes, con el consiguiente "hurto de la discusión y debate" por parte de los diferentes grupos políticos. Sacará a colación además las votaciones en las que el PP ha conseguido el apoyo de los suficientes socios del Ejecutivo para revertir alguna de sus decisiones como "corregir su falta de política migratoria, enmendar las debilidades de su política energética, eliminar el intervencionismo de su política de vivienda o relajar su voraz política fiscal". Con todo ello, el principal partido de la oposición se pregunta por las razones para continuar con la legislatura a pesar de las diferentes investigaciones policiales y judiciales por presuntos casos de corrupción que afectan al Gobierno, al PSOE y al entorno familiar de Sánchez. Pero los populares consideran "especialmente revelador" el descubrimiento de la existencia de una "cloaca" en Ferraz -el conocido como caso Leire-, la presunta trama que apunta a presiones desde el PSOE sobre agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, jueces o fiscales que investigaban los distintos escándalos. Tras esta exposición de motivos, el PP tratará de arrancar al Congreso un rechazo implícito al Ejecutivo de Sánchez, incluso de quienes apoyaron la investidura. Tras el sumario del caso Zapatero y el registro de la sede del PSOE, los populares ya consiguieron en el Senado la abstención del PNV y Junts en una moción que reprobaba la corrupción en el Gobierno y exigía adelantar las elecciones. Y más allá del sentido de la votación, busca evidenciar en el debate la postura de los socios. El Congreso de los Diputados, a través de la moción, censuraría "la anomalía que implica no haber realizado en toda la legislatura ninguno de los dos procedimientos democráticos que permiten comprobar si el Gobierno conserva la confianza de la Cámara"; constataría "el bloqueo político en el que se ha instalado la actual legislatura" y la necesidad de que tanto el Ejecutivo como el presidente "asuman la responsabilidad política necesaria por los múltiples casos de presunta corrupción que se han producido en relación con sus actividades y las del PSOE y que han desembocado en la investigación por distintos delitos de corrupción de los dos secretarios de organización del PSOE designados por Pedro Sánchez [Santos Cerdán y José Luis Ábalos] y de numerosos cargos del Gobierno, incluyendo al ex ministro de Transportes". El último apartado recoge instar al Gobierno a "depurar responsabilidades en relación con la operación que presuntamente implica a altos cargos y ex altos cargos en actuaciones financiadas por el PSOE para entorpecer las investigaciones judiciales y policiales que afectan al Gobierno, al PSOE y el entorno familiar del presidente Sánchez".