El origen del caso Plus Ultra, que ha terminado imputando al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, sus hijas y su secretaria, suele situarse en las solicitudes de cooperación enviadas a la Fiscalía Anticorrupción española por las autoridades judiciales de Francia y Suiza en julio de 2024. Pero lo cierto es que la UDEF ya investigaba antes a algunas de las personas sobre las que franceses y suizos pedían información, todos ellos sospechosos de integrar una red de blanqueo de capitales que operaba en esos dos países europeos, también en España, y que había prestado dinero a la aerolínea Plus Ultra.PublicidadAsí lo hace constar la propia Brigada Central de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción de la UDEF en un oficio que remitió el 1 de octubre de 2024 a la Fiscalía Especial contra la Corrupción, incluido en el sumario del caso, al que ha tenido acceso Público. En ese documento, la Policía explica que la Fiscalía le había trasladado el 19 de septiembre de 2024 la orden emitida por Francia y el 25 de ese mes le había mandado buscar información sobre el patrimonio, cuentas bancarias y actividad económica de cuatro sospechosos. Sólo seis días después, contesta al ministerio público informándole de que los suizos también han preguntado por dos de esas personas: están investigando a la misma organización criminal que los franceses. Pero, además, la UDEF revela que ya había sido informada previamente por Europol de las indagaciones francesas y suizas, dado que algunas de esas personas de interés "también eran objeto de investigación en España". Una investigación que, sin embargo, no llegó a judicializarse, precisa la Policía. Aun así, añade, había destapado la existencia de "numerosos informes de inteligencia financiera" relacionados con las actividades económicas en España de los principales investigados por Francia y Suiza.De esa forma, los agentes pudieron remitir ya un primer informe el 1 de octubre con datos sobre el patrimonio, inmuebles, sociedades y cuentas bancarias no sólo de los hermanos Luis Felipe y Enrique Baca Arbulu, Danilo Alfonso Díazgranados Manglano y Gabriela Puente Garaboa, sino también de sus "familiares y consortes". E introdujeron en la lista de sospechosos a Miguel Palomero de Juan, un abogado español que creaba y administraba sociedades de la trama de blanqueo investigada por Suiza y Francia, además de abrir cuentas bancarias que canalizaban fondos de esas empresas.Fue precisamente en un whatsapp entre Miguel Palomero y el venezolano Danilo Alfonso Díazgranados donde aparecieron las primeras menciones a Rodríguez Zapatero que alertaron a la UDEF.Dos semanas más tarde, el 18 de octubre, los policías enviaron un segundo informe a la Fiscalía, más amplio, donde hacen constar que los franceses relacionan a los hermanos Baca Arbulu y al ciudadano holandés residente en Mallorca Simon Leendert Verhoeven con Rodolfo Reyes Rojas, entonces principal accionista de Plus Ultra, con unas transacciones de oro. A continuación, detallan la que califican como "profusa" actividad económica de Rodolfo Reyes en España, con inversiones financieras e inmobiliarias. Este empresario venezolano había sido detenido en 2021 en el aeropuerto de Miami y su móvil, intervenido. El contenido del teléfono, enviado por la agencia Homeland Security Investigations (HSI) a la UDEF el pasado 18 de marzo, es la principal prueba de cargo contra Rodríguez Zapatero sobre las influencias que supuestamente ejerció para conseguir el rescate de la SEPI a la aerolínea.PublicidadTestaferros, sociedades pantallaEn ese segundo informe, la UDEF incorpora datos sobre los sospechosos que interesan a las autoridades suizas: los hermanos Baca Arbulu; la esposa de Luis Felipe, Marie Carloine Boyer, y de nuevo el holandés Verhoeven. También destaca otra vez el papel de Miguel Palomero en la red.Los hermanos Baca Arbulu se encargaban de hacer transferencias entre empresas, situadas en diferentes países y gestionadas por testaferros, según el relato de las autoridades judiciales francesas. Luis Felipe, que reside en Dubái, es presentado como testaferro de Alex Saab, un colombiano procesado en Estados Unidos a quien se considera, a su vez, testaferro de Nicolás Maduro. Según los investigadores, Gabriela Puente Garaboa tenía a su nombre siete cuentas bancarias en España, pese a que carecía de propiedades en el país. De nacionalidad venezolana, recibía cuantiosas transferencias de Kaimana Capital SL, creada por Palomero, vendida a Enrique Baca y a su cuñada, y filial de una sociedad de inversión utilizada para blanquear fondos. Por su parte, Danilo Díazgranados, empresario venezolano con domicilio en la urbanización de lujo La Finca (Pozuelo de Alarcón, Madrid), se encargaba de captar clientes que necesitaban blanquear capitales. Al holandés Simon Leendert Verhoeven, los suizos lo consideran el gestor de sociedades pantalla y de cuentas bancarias de la red en el país helvético. En su declaración ante la Fiscalía de Ginebra, Verhoeven aseguró que tres de sus sociedades, Allpa Wira Trading UK, Wailea Investment Ltd y Valerian Corporation, habían firmado en 2019 y 2020 otros tantos contratos de préstamo con Plus Ultra, que la aerolínea había devuelto.PublicidadEl génesis: alertas bancarias e información privilegiadaLos suizos habían empezado a investigar la red en octubre de 2021 alertados por las sospechas que les habían trasladado tres bancos: Swissquote Bank, Banque Syz y Banque Migros. Los franceses iniciaron sus pesquisas en diciembre de 2023, cuando la Autoridad de los Mercados Financieros (AMF), el equivalente a la CNMV española, denunció ante el fiscal por información privilegiada y blanqueo de capitales a Luis Felipe Baca –que también tiene pasaporte francés– y al ciudadano galo Romain Bruere. Ambos habían realizado operaciones sospechosas con acciones de empresas cotizadas entre 2020 y 2021. Para ello utilizaron una sociedad registrada en la Isla Mauricio, Adamas Capital, que tiene una filial en España, Kaimana Capital SL, la empresa creada por Palomero y vendida a Enrique Baca y su cuñada.La primera comunicación de los franceses con la Fiscalía española data del 11 de julio de 2024. La primera de los suizos es del 17 de ese mismo mes. Después se sucedieron los contactos, con una ampliación de la orden enviada en septiembre por las autoridades galas y otra en octubre por las helvéticas. En octubre, además, ambos países enviaron otras dos órdenes internacionales para pedir el registro de los domicilios de los sospechosos en Madrid, Pozuelo de Alarcón, Tenerife y Mallorca. Finalmente, el 21 de octubre y sobre la base de los informes de la UDEF antes citados, la Fiscalía Anticorrupción envió al juez la denuncia por blanqueo de capitales y malversación de fondos públicos que alumbró el caso Plus Ultra. Los delitos que en principio se limitaban al desvío de fondos de los programas venezolanos de distribución de alimentos subvencionados (CLAP) e incluían la venta de tres toneladas de oro del Banco Central de Venezuela a través de una sociedad dubaití, Noor Capital, han terminado destapando una supuesta red de tráfico de influencias en cuya cúspide el juez José Luis Calama sitúa al expresidente Rodríguez Zapatero.