El último delirio del juez Peinado en su cruzada megalómana para acabar con Begoña Gómez y, a través de ella, intentar dar un golpe de Estado por la vía togada, ha sido retirar el pasaporte a la mujer del presidente por riesgo de fuga. Para no dejar cabo suelto en su persecución obsesiva, el juez instructor asegura que Begoña Gómez podría fugarse con ayuda de los policías nacionales que hacen labores de escolta para Presidencia del Gobierno o bien fugarse cuando esos mismos policías dejen de ser escoltas porque Pedro Sánchez ya no sea presidente. Un insulto a la Policía y un desafío al ejercicio de la lógica ontológica, todo al mismo tiempo.
Las medidas contra Begoña Gómez son netamente simbólicas, humillantes, manifestaciones de poder para que toda la izquierda, empezando por Sánchez, se entere de quién manda aquí. Ya lo dijo Ester Muñoz, paradójicamente en la sede de la soberanía popular: es el Estado profundo actuando contra el democrático Gobierno de España. Es probable que una instancia superior devuelva el pasaporte a Gómez pero, mientras tanto, los que se quejan de que ya solo defienden a Zapatero los más cafeteros del sanchismo (con su parte de razón) han aplaudido la evidente desproporción de las medidas cautelares dictadas por Peinado, que están en consonancia con una instrucción delirante desde el inicio, en abril de 2024, hasta hoy. Más de dos años de infierno judicial para la esposa de Pedro Sánchez en una investigación prospectiva que no ha logrado probar el lucro de Begoña Gómez, ya que, según los propios informes de la UCO, ella ingresó en dos años la escalofriante cifra de 17.037,75 euros. Es evidente que sale mucho más rentable y da menos disgustos ser el novio de Ayuso que casarse con Pedro Sánchez.