El esfuerzo de las mujeres por evidenciar las desigualdades que experimentan debido a su condición de género puede remontarse, por lo menos, hasta hace más de dos siglos. Un momento emblemático en este sentido es la Declaración de los Derechos de la Mujer de Olympe de Gouges en 1791, que denunció la exclusión de las mujeres de los atributos y beneficios otorgados al nuevo sujeto político, varón, burgués y republicano. A lo largo de la historia de la humanidad, las mujeres han abogado por la igualdad de derechos y la eliminación de las desigualdades basadas en la diferencia de género. A pesar de que Simone de Beauvoir, en la década de 1940, planteó en El segundo sexo que estas diferencias eran una construcción social, no fue hasta la introducción de la categoría de género que se afirmó la noción de que estas diferencias eran el producto de prácticas culturales. Este concepto fue desarrollado en la década de 1960 en el campo de la psicología y la sexología para dar cuenta de (patologizar) las personas a las que socialmente se les asignaba un sexo diferente al anatómico. Es decir que básicamente se empleó para ordenar y clasificar a las personas intersexuales o transexuales cuyo sexo biológico era “ambiguo” al momento del nacimiento. Pero con posterioridad fue empleado por académicas feministas para indicar que las desigualdades no tenían origen en una “condición natural”, asociada a características biológicas, sino que eran el producto del modo en que fueron construidas las relaciones sociales. Básicamente, el resultado de la organización del poder en una sociedad.