La sonrisa serena de Concha Martínez no logra esconder su profunda preocupación. Esta aragonesa de 75 años lleva más de media vida comprometida con la cooperación al desarrollo y no esperaba asistir a un desmantelamiento de la solidaridad como el que vive su región desde la formación en abril de un nuevo Gobierno entre el Partido Popular (PP) y Vox. “Vox logra imponer sus criterios y dice a la población que somos un chiringuito y hay que acabar con nosotros. Y la gente compra la idea porque si no, Vox no estaría donde está”, dice Martínez, de la ONG Acción Solidaria Aragonesa (ASA), en una entrevista con este diario en Zaragoza. Desde 2024, cuando se instaló el primer gobierno PP-Vox en Aragón, los fondos para cooperación del ejecutivo regional se redujeron en casi un 77% y se situaron en 1,44 millones de euros, un 0,02% de su presupuesto y la cifra más baja de los últimos 25 años. Vox salió del Gobierno regional y el PP, en solitario, tuvo que prorrogar estos presupuestos en 2025 y 2026. En los que se aprobarán en 2027, ya se ha anunciado que la cooperación será prácticamente desmantelada, esgrimiendo un argumento de “prioridad nacional” que también se usa en Extremadura, Castilla y León o Andalucía, donde el panorama político es similar.“Esto no ha hecho más que empezar”. Bastan unos minutos de charla con los representantes de la Federación Aragonesa de Solidaridad (FAS) para que la decepción invada la conversación. Vox logra imponer sus criterios y dice a la población que somos un chiringuito y hay que acabar con nosotrosConcha Martínez, ASA“Aragón tiene una cultura de solidaridad que por primera vez se ve amenazada”, explica Isabel Funes, presidenta de la FAS, que agrupa a 60 ONG y hace de puente entre la sociedad y las administraciones públicas. “Nuestro reto es contrarrestar los mensajes que se envían a la ciudadanía, hacer entender que la cooperación no es una amenaza sino una manera de dar respuesta a desafíos globales. Pero no es fácil”, agrega.La cooperación en Aragón es competencia de una consejería que ha pasado a denominarse de Desregulación, Bienestar Social y Familia. Está a cargo de Alejandro Nolasco, miembro de Vox y vicepresidente del Gobierno regional. “Ya el nombre, desregulación, no deja lugar a dudas”, lamenta Martínez.Nolasco respondió por WhatsApp a las preguntas de este periódico y recalcó que “gobernar es priorizar” porque los recursos son finitos. “La prioridad son los aragoneses y los españoles. Mientras los de casa tengan dificultades para el acceso a la vivienda, llegar a fin de mes, ingresar a sus mayores en una residencia o independizarse no podemos soltar el dinero a paladas al exterior”, dijo.“Pura demagogia”Funes, de la Federación Aragonesa de Solidaridad (FAS), insiste en que ese planteamiento es erróneo y que las personas solidarias lo son en Teruel y en una aldea de África. “No es excluyente. Nos importa una persona en Mauritania y también nuestro vecino. Creemos que estas decisiones no son económicas, son claramente políticas. Es pura demagogia”, asevera, explicando que han pedido reunirse con el Gobierno de Aragón, pero por ahora no ha habido respuesta.“Por supuesto que son razones políticas. Está firmado en el pacto de Gobierno, en el que ambos socios –Vox y PP- nos comprometemos a dejar en el mínimo legal las supuestas partidas de cooperación al desarrollo. Y digo supuestas, porque no hay manera de fiscalizar a dónde va a parar el dinero que se presupuesta para estos fines", asegura Nolasco. El vicepresidente aragonés insiste en que las ayudas que se mantengan “priorizarán el compromiso real y verificable de los países de origen de los inmigrantes para repatriar a los que hayan entrado en España ilegalmente, en especial si son menores”.En medio de este panorama, algunas ONG aragonesas mantienen perfil bajo, evitan a la prensa y caen en una especie de “autocensura”, en palabras de algunos de sus miembros. Saben de antemano que ciertos proyectos no serán aprobados y ni los presentan, asumen que hay que concentrarse en programas más cortos y baratos y que palabras como feminismo, Palestina, ecología o desarrollo sostenible provocan sarpullido en ciertas autoridades regionales. “Vamos hacia una especie de caridad. Me hace pensar en las antiguas huchas del Domund, que tenían la forma de cabeza de negritos o chinitos. Se está intentando destruir todo lo que significa la cooperación, que es dar y recibir”, lamentan Martínez y Manolo Martín, de la organización ASA.Nuestro reto es contrarrestar los mensajes que se envían a la ciudadanía, hacer entender que la cooperación no es una amenaza sino una manera de dar respuesta a desafíos globales. Pero no es fácilIsabel Funes, Federación Aragonesa de SolidaridadLa ONG aragonesa Huauquipura, con más de 30 años de andadura, pasó de tener más de 900.000 euros para proyectos en 2023 a contar con 150.000 en 2025. Financiadores como el Gobierno de Aragón, que aportaban en ese momento 300.000 euros, hoy dedican tan solo 15.000. “Y el año que viene no sabremos ni si habrá fondos”, aseguran Luis Jiménez y Cruz Félez, miembros de la ONG, recordando que todo esto se enmarca en una tendencia mundial de recortes, encabezada por Estados Unidos.Huauquipura apoya proyectos como el albergue Casa Amiga, para mujeres víctimas de violencia doméstica en la región de Sucumbíos, en Ecuador. “Llevamos unos 30 años trabajando allá. Participamos en proyectos de formación pero también en mejorar el lugar, pagar al personal o comprar alimentos. Todo esto se ha paralizado y nuestro socio local nos cuenta que igual tienen que cerrar el albergue porque a veces no tienen ni para comida”, explica Félez.Fin de la cátedra de CooperaciónLa Federación Aragonesa de Solidaridad y la universidad de Zaragoza se enteraron por la prensa el 9 de junio de que Nolasco había anunciado el fin de la financiación de la cátedra de Cooperación al desarrollo, con 18 años de existencia, para dedicar esos fondos, unos 30.000 euros anuales, a cuestiones de “prioridad nacional”. En la universidad de Zaragoza, aún no logran digerir el impacto de la decisión ni entender las razones que la motivaron. Sergio Salinas, vicerrector de Internacionalización y Cooperación, recuerda que este dinero no era una subvención para la universidad pública, que el centro gestiona “como le parece”, tal y como se ha dado a entender, sino una partida aprobada conjuntamente y regida por normas.“Estamos viendo qué podemos hacer para mantener al menos el máster de Cooperación gracias a actores privados”, explica a este periódico, reiterando que en el ámbito estrictamente educativo, la colaboración con el Gobierno regional es “muy buena y fluida” y se ha traducido en nuevas titulaciones y diferentes proyectos. La prioridad son los aragoneses y los españoles. Mientras los de casa tengan dificultades para el acceso a la vivienda, llegar a fin de mes, ingresar a sus mayores en una residencia o independizarse no podemos soltar el dinero a paladas al exteriorAlejandro Nolasco, VoxNolasco explicó a este periódico que la cátedra “no ayuda en nada” al alumnado. “No podemos dilapidar el dinero en el exterior, mientras cada vez tenemos una mayor cantidad de mayores que requieren de nuestra atención y cuidado”, estimó.Aragón (0,02%), Madrid (0,02%) y Murcia (0,01%) son las tres comunidades autónomas que menos presupuesto destinan a cooperación. En este momento, ninguna región roza el objetivo del 0,7%, objetivo para 2030 de la ley Ley de Cooperación aprobada en España en 2023 con los votos a favor de todos los partidos, salvo los de Vox. Los gobiernos regionales que más dinero destinan a solidaridad son Euskadi (0,35%) y Navarra (0,31%), según datos de la Coordinadora de ONG.Dentro de las comunidades autónomas se pueden vivir situaciones dispares y hasta surrealistas. En Aragón, por ejemplo, el Ayuntamiento de Zaragoza, donde el PP es mayoritario, ha reducido en un 87% sus fondos de cooperación con respecto a 2019, pero la Diputación Provincial de Zaragoza, liderada por el PSOE, dedica el 1% de su presupuesto total a la solidaridad, es decir, ha superado el objetivo del 0,7%.Las cifras globales españolas también están lejos del 0,7% y se sitúan actualmente en un 0,27%, pero los montos destinados a ayuda al desarrollo aumentan cada año (un 12% en 2024 y un 13% en 2025), al igual que el peso político del país en la defensa del multilateralismo.El impacto de los acuerdos PP-VoxEl caso de Aragón no es único. El pacto de gobierno entre el PP y Vox ha hecho que en Extremadura se desmantele prácticamente la cooperación al desarrollo. En este momento, el presupuesto de cooperación de la comunidad autónoma representa el 0,03% del total. La presidenta de la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aexcid) dimitió y, aunque la entidad está blindada por ley, puede quedar reducida a la mínima expresión.En Castilla y León, no se sabe cuánto dinero destinará a cooperación el incipiente Gobierno de coalición PP-Vox. La cartera será asumida por el partido de Abascal, lo cual hace temer recortes muy severos. Igual ocurre en Andalucía, donde el PP y Vox siguen negociando tras las elecciones de mayo y uno de los principales escollos es la prioridad nacional exigida por Vox.Otras regiones se mueven en la incertidumbre. En Baleares, donde gobierna el PP pero necesita los votos de otros partidos para implementar medidas, Vox ha tendido la mano para negociar los presupuestos del 2027. Las ONG denuncian que, en pago a esos apoyos, ya se han suprimido proyectos con países que las autoridades regionales consideran que “no colaboran con el retorno de los inmigrantes irregulares” como, por ejemplo Burkina Faso, que era desde hace años destino de diversos proyectos.Y también hay lugares como La Rioja, gobernada por el PP con mayoría absoluta, donde la inversión no varía y llega al 0,26% de los presupuestos, celebra el presidente de la coordinadora de ONG, René Larumbe. “Vox trata de incidir, pero con escaso éxito por ahora”, dice, subrayando que las dos últimas legislaturas han tenido color político diferente, pero se han mantenido los compromisos porque las autoridades entienden que “responden a una sensibilidad riojana muy clara con la cooperación”.